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Página/12
en Gran Bretaña
Por
Marcelo Justo
Desde
Londres
 Justicia es una de
las seis organizaciones de derechos humanos que está apelando ante la
Alta Corte de Gran Bretaña a fin de que el ministro del Interior,
Jack Straw, dé a conocer el informe médico en que se basó para
anunciar su decisión "preliminar" de suspender el proceso
de extradición de Pinochet a España. El nombre completo de la
organización --Justicia para las Víctimas de Violaciones a los
Derechos Humanos en Conflictos Armados y Civiles-- revela el rol
internacional que intenta ocupar como ONG. La fundadora y directora es
la chilena Mía Flores Borge, quien dialogó con Página/12 sobre la
marcha del caso y anticipó la posibilidad de presentar otro recurso
ante la Corte Europea de Justicia para apelar la decisión de Straw.
--¿Cómo
cree que se pronunciarán los tres jueces que están considerando la
apelación?
--Es un poco impredecible.
El martes parecía posible que hubiera una decisión a favor de que
los documentos médicos fueran entregados, si no a las organizaciones
de derechos humanos, al menos sí a los países que solicitan la
extradición. El presidente de la Corte, Lord Justice Brown, fue muy
incisivo en las preguntas y cuestionamientos que hizo a la posición
del ministro del Interior, que no salió muy bien parado ese día.
Pero el miércoles, en la audiencia final, afinó sus argumentos. De
modo que es un final abierto.
--¿Qué busca Justicia
en esta instancia?
--Yo hablé con el ministro
del Interior británico el lunes de la semana pasada, después del
primer fallo, el del juez Kay, que, como usted sabe, nos fue
desfavorable. Allí le planteamos nuestra posición: que se entregara
el informe médico para satisfacer los intereses de las víctimas.
Nosotros representamos casos concretos de víctimas y nuestro mandato
legal como organización nos da derecho a hacerlo. Este derecho fue
expresamente reconocido por el abogado del Ministerio del Interior en
la Corte. Esto es muy importante porque gran parte de los argumentos
legales presentados por el Ministerio del Interior son
cuestionamientos sobre quién tiene derecho a pedir el informe médico.
Se ha cuestionado a Bélgica porque el proceso de extradición que está
en consideración es el que solicitó España, y también porque los
casos que presenta Bélgica serían casos no extraditables, ya que son
casos de desapariciones que ocurrieron antes del 8 de diciembre del
'88, fecha en la que Gran Bretaña incorporó la Convención contra la
Tortura. Ahora bien, Justicia representa a 12 casos de víctimas que
residen en Bélgica y que ocurrieron después de esa fecha.
--¿Qué pasa si los
jueces fallan a su favor y efectivamente Bélgica puede ver el
informe?
--Nosotros no estamos
pidiendo los informes para rechazar la decisión
"preliminar" que adoptó Straw. Simplemente lo consideramos
un hecho de justicia natural que se pueda analizar la justificación
que hay para que, ante las vejaciones que las víctimas han sufrido,
un crimen de tal magnitud no llegue a la Justicia. Pensamos además
apelar ante la Corte Europea de Derechos Humanos porque cuando Straw
anunció su decisión "preliminar" lo hizo "sujeta a
los argumentos legales que recibiera de distintas
organizaciones", pero se dirigió a organizaciones que no tenían
mandato legal para presentar argumentos legales en nombre de las víctimas
y en este sentido estaba vaciando de contenido el ejercicio de
consulta que estaba haciendo.
--Si Bélgica
considerara que el informe es concluyente con respecto al estado de
salud de Pinochet, ¿tendrían objeciones a que se enviara a Pinochet
a Chile?
--No.
--¿Es optimista?
--Soy optimista de que la
Justicia tendrá que prevalecer, porque es importante no sólo para
Chile sino para la paz en todo el mundo.
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