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El Gobierno evalúa que el acuerdo con el FMI resulta un espaldarazo a su política económica, que permitirá afianzar la confianza de los inversores en la Argentina. Si bien el stand by establece que el Gobierno puede ir accediendo a los fondos convenidos, Machinea sostuvo que esos recursos serán mantenidos como "contingentes", para utilizarlos sólo en caso de que una crisis financiera impida el acceso voluntario a los mercados de capitales.
La Carta de Intención fija
metas cuantitativas de déficit fiscal, con un límite de 4700 millones
este año --contabilizando el desequilibrio previsto en el PAMI de 200
millones--, de 2800 millones en 2001 y de 600 millones en 2002, mientras
que en 2003 debe eliminarse completamente. Al adoptarse la figura del
stand by --en lugar del Acuerdo de Facilidades Extendidas que tenía lugar
hasta ahora, el cual se dejó caer ante el incumplimiento del gobierno
anterior de las metas comprometidas--, las revisiones de cumplimiento de
las metas serán trimestrales y ya no semestrales. Eso anticipa un control
mucho más estricto por parte del FMI.
Las metas trimestrales de déficit
para este año son de un tope de 2150 millones entre enero y marzo, de 540
millones para el segundo trimestre (2690 millones acumulado), 745 en el
tercero (3435 millones) y 1265 en el cuarto (4700 millones). De ello
deriva que el Gobierno estime que la primer parte del año seguirá
manteniendo un alto déficit fiscal, pero aspira a reducirlo a partir de
que entren en vigencia algunos de los aumentos impositivos dispuestos en
la reforma tributaria. De no ser así, Machinea admitió que "se
impondrá un nuevo recorte de gastos para cumplir con los compromisos
acordados", aunque aseguró que "no prevemos problemas con la
recaudación" en el transcurso del 2000.
Asimismo, sostuvo que la meta de crecimiento acordada es del 3,5
por ciento, pero que los cálculos de Economía son que la expansión económica
alcanzará al 4 por ciento. En cuanto al aumento a 65 años de la edad
jubilatoria de las mujeres, afirmó que "se enviará al Congreso en
las próximas semanas una reforma al sistema de seguridad social, para
mejorar la solvencia del sistema" y que en ella está previsto
"un aumento gradual de la edad de retiro de las mujeres, para
llevarla a 65 años en el 2011". También habrá un proyecto de ley
para transformar al Banco Nación en sociedad anónima, "pero ello no
contempla su privatización", sostuvo el ministro. Finalmente, señaló
que se impulsarán "fusiones de las obras sociales y la
reestructuración de las mismas" y que en una segunda etapa se
habilitará su libre competencia con las prepagas. ROGGIO
LE VENDIO EL BANCO SUQUIA AL CREDIT AGRICOLE
El grupo Roggio
dejó el negocio bancario. Después de 39 años de participar en el
sistema financiero, ayer anunció la venta de su participación en el
Banco Suquía al que hasta ayer fue su principal competidor en el interior
del país: el grupo estatal francés Crédit Agricole, que ya era dueño
de los bancos Bisel, Comercial Israelita y de Entre Ríos. Por el 60,4 por
ciento del Suquía que estaba en poder de Roggio, el Crédit Agricole pagó
unos 158 millones de pesos, aunque el monto definitivo quedará
establecido una vez que terminen ciertos análisis que se están llevando
a cabo. De esta manera, continúa el proceso de concentración y
extranjerización de la banca. En conjunto, el grupo de entidades
financieras controladas por los franceses se sitúa en el octavo puesto
del ranking de depósitos, con 2957 millones.
La carrera del Crédit Agricole
en el sistema financiero argentino fue meteórica. Comenzó en el '96
comprando el 10 por ciento del Bisel, que por aquel entonces estaba
formado por nueve bancos cooperativos chicos del interior que se habían
unido para resistir el efecto Tequila. Dos años más tarde, los franceses
habían ampliado su participación hasta el 61,6 por ciento y ostentaban
el control de la entidad. Durante el año pasado, el Bisel, ya en poder
del Crédit Agricole, adquirió el Comercial Israelita y el Banco de Entre
Ríos. Y ahora, con la toma del control del Suquía, se aseguró el
liderazgo en la zonas centro y litoral del país.
Roggio, a su vez, hizo el
camino inverso. Después del Tequila se hizo cargo del Banco Bica, por el
que abonó 60 millones del pesos. Sin embargo, el grupo decidió rever su
actividad en el negocio financiero y, desde hace seis meses, venía
negociando con los franceses su retiro del mercado. Además, a mediados
del '99, había vendido su parte en la AFJP Prorenta y en la aseguradora
Profuturo. El corazón del grupo cordobés seguirá siendo el rubro de la
construcción, aunque además tiene intereses en la explotación de los
subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, de los peajes y en el negocio
de la basura.
Carlos Celaá, gerente general
del Bisel, comentó a Página/12 que el proceso de fusión con el
ex banco de Roggio se demorará dos años. Mientras tanto, el Suquía
continuará funcionando con ese mismo nombre. Tampoco está previsto que
el grupo francés retire al Suquía de la oferta pública. En la
actualidad, el 25,2 por ciento del capital de la entidad financiera está
distribuido entre inversores de la city. En la sesión de ayer, el papel
del banco cayó 12,9 por ciento. "Los financistas habían previsto
que la operación se concretaría a 3 pesos por acción, y no a 2,5 pesos,
como finalmente se dio", comentó un operador a este diario.
El grupo bancario formado por
el Bisel, el Banco de Entre Ríos y el Suquía será el número ocho en el
ranking de depósitos, el noveno por cantidad de préstamos (2379
millones) y el décimo según sus activos (4641 millones). A su vez, será
el segundo según cantidad de sucursales (350), apenas por debajo del
Banco Nación. La mayor parte de las filiales están en Córdoba, Santa Fe
y Entre Ríos. "No habrá cierres de sucursales ni despidos. Nuestros
bancos son rentables y exitosos, y no tenemos necesidad de ir en busca de
ahorros adicionales", aseguró Celaá a Página/12.
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