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Los beneficiarios, si se
aprueba el proyecto, serían los miembros del directorio del Central,
empezando por su presidente, y los funcionarios de la Superintendencia de
Entidades Financieras. Si el Congreso sancionara el nuevo texto, de aquí
en adelante Pou gozaría de un paraguas protector, luego de que en el
pasado debiera afrontar una lluvia de denuncias judiciales por su papel en
el cierre de bancos. El
proyecto de inmunidad es una de las condiciones exigidas por el Banco
Mundial para destrabar un crédito de 900 millones de dólares que el
ministro José Luis Machinea espera con ansiedad. A
mediados de enero, el tema armó revuelo en el Gabinete nacional, donde el
ala política le recriminó al ministro de Economía su defensa de la
iniciativa. Por lo que pudo establecer este diario, el Ejecutivo enviará
el proyecto para cumplir con el requisito del BM, pero no hará olas si
luego duerme en Diputados.
Dos funcionarios del equipo
económico y uno del Banco Mundial confirmaron a Página/12 que el
gobierno piensa enviar al Congreso en los próximos días el proyecto.
En noviembre de 1998, este
diario reveló por primera vez que ésa era una de las condiciones para
los préstamos anticrisis que por entonces negociaba Roque Fernández.
Nunca se supo si tal exigencia era original del Banco Mundial o si había
sido incluida, e inducida, por el propio Pou. De hecho, un negociador del
equipo de Roque confió a este diario que la "matriz de
condicionalidades" era propuesta por los funcionarios argentinos y
luego los técnicos del BM aprobaban o vetaban cada uno de los items. En
Economía dijeron por aquel entonces que el cuestionado punto de la
inmunidad llegó al acuerdo a instancias de los funcionarios del Banco
Central.
La semana pasada, en un fugaz
viaje por Buenos Aires, Paul Levy, uno de los popes del BM para Latinoamérica,
dejó en claro al equipo de Machinea que los 900 millones de pesos del último
tramo del crédito no serían desembolsados a menos que el proyecto de
inmunidad fuera girado al Congreso. El sábado Levy emprendió el regreso
a Washington satisfecho por el compromiso asumido por Economía y prometió
volver en tres semanas para cerrar definitivamente el trato. Entonces,
reclamará una fotocopia del comprobante de mesa de entradas de Diputados
que indique que el proyecto de ley fue remitido al Congreso.
El texto del proyecto se
asemejará al estilo utilizado en el pacto firmado con el BM. El documento
fundamenta que "las autoridades de supervisión (Superintendencia de
entidades financieras) y regulación (Banco Central) no cuentan con una
adecuada protección frente a las acciones legales relacionadas con la
buena fe de sus políticas en la función pública". Y demanda que el
proyecto de ley "provea protección de pasivos personales a los
supervisores y reguladores del sistema financiero por las acciones que de
buena fe hayan tomado en la consecución de sus deberes públicos".
Una norma así agrandaría el poder discrecional de Pou para marcar los
destinos del sistema financiero hasta el año 2004, cuando vence su
mandato, desalentando denuncias judiciales en su contra y resguardándolo
de los costos económicos que pudieran ocasionarle en caso de existir. Pou
está procesado por el juez Gabriel Cavallo por su presunta participación
en la caída del Banco Patricios y tiene abiertas varias causas pendientes
de definición.
Más allá de las presiones de Washington, los funcionarios de
Economía también justifican la norma argumentando que de otro modo
"es muy difícil que alguien acepte ir al directorio del
Central", exponiéndose a juicios en su contra.
En el Gabinete nacional esa
posición de Machinea, defendida por el ex banquero y actual jefe de la
SIDE el economista Fernando De Santibañes, fue criticada por Fernández
Meijide y Terragno, espantados por la idea de que Pou, figura emblemática
del lado oscuro del menemismo, lograra inmunidad con una ley impulsada por
la Alianza. El vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez zanjó en
la polémica con una actitud salomónica: planteó que en términos
"técnicos" estaba de acuerdo con ley, pero admitió que hoy en
día tiene mucho color a Pou y que entonces resultaba inaceptable en términos
políticos.
En el mismo Ministerio de Economía parecen coincidir en que el
proyecto solo servirá para cumplimentar un requisito del BM, tras lo cual
terminaría
durmiendo en los despachos del Congreso. Tanto es así que, previendo la
oposición que desatará la propuesta, Machinea decidió desdoblarla y
enviar por separado un proyecto propio de reforma de la Carta Orgánica
del Banco Central que fue contemplada en la Carta de Intención firmada
con el FMI y conocida ayer.
Quien no verá con indiferencia
el naufragio de la inmunidad es Pou. Funcionarios de Economía revelaron
que desde el 10 de diciembre "está hecho una seda" con los
integrantes del equipo de Machinea. De hecho, en las últimas semanas se
acercó al Ministerio a conversar con funcionarios de menor rango que, en
otros tiempos, hubieran tenido que pedir audiencia para ser recibidos en
el histórico edificio de la calle Reconquista. Directivos del Central
cuentan que Pou está irascible y que lo preocupa quedar aislado en el
juego del poder. Como le prometió una vez Carlos Menem a Domingo Cavallo,
teme padecer en los años venideros un largo peregrinaje por los pasillos
de Tribunales.
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Como
condición para desembolsar un préstamo, el Banco Mundial presiona
para que el Gobierno envíe un proyecto que da inmunidad a las
autoridades monetarias.