|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
El año pasado los bancos
ejercieron presión sobre el Congreso para conseguir que los resúmenes de
cuenta tuvieran la misma validez legal que un cheque o un pagaré para
reclamar el pago a los morosos. Sin embargo, los legisladores desecharon
agregar esa concesión en la ley que sancionaron fijando límites a las
tasas de interés por operaciones con tarjetas. Ahora el Gobierno elaboró
un nuevo proyecto que faculta a los bancos a embargar a quienes
"tengan saldos vencidos e impagos", sin necesidad de recurrir a
la Justicia. La vía ejecutiva estará habilitada "a partir de los 90
días contados desde el momento en que el titular (de la tarjeta) incurre
en mora".
"La previsión de la vía
ejecutiva responde a la necesidad de otorgar mayor tutela judicial al crédito.
El acreedor, al obtener un camino más expeditivo para cobrar a sus
clientes deudores, asume menores riesgos y ello conllevará bajar los
costos del sistema en beneficio de los usuarios que cumplen puntualmente
sus obligaciones", sostiene Winograd en un texto que envió a los
legisladores de la Alianza. El funcionario negoció con los bancos una
reducción de las tasas de entre 5 y 8 puntos para facilitar la aprobación
del proyecto en el Congreso. Las tasas actuales son en promedio de 39 por
ciento en pesos y de 29 por ciento en dólares.
El proyecto deroga la ley
sancionada el año pasado, pero insiste en fijar límites a las tasas, que
no pueden superar el 25 por ciento de las que cobran los bancos por créditos
personales. La estrategia de las entidades financieras para evitar la
fuerte baja de las tasas a que las forzaba esa ley fue incrementar los
intereses de los créditos personales. También encarecieron la financiación,
al contabilizar los intereses desde la fecha de cada operación con
tarjeta cuando los clientes no pagan la totalidad del resumen.
Anteriormente, los intereses se aplicaban por el saldo impago del resumen
mensual, pero los mismos empezaban a correr desde la fecha de vencimiento
del mismo. Como existen dudas sobre la legalidad de este mecanismo, el
proyecto del Gobierno establece que "los intereses compensatorios se
computarán sobre los saldos financiados desde la fecha de cada operación",
"blanqueando" lo que de hecho ocurre.
Otra forma de las
administradoras de aumentar la recaudación fue subir los costos
administrativos y dejar de conceder --en la mayoría de los casos-- la
bonificación a los clientes cumplidores por la renovación de las
tarjetas, quienes ahora deben pagar entre 100 y 120 pesos. El proyecto
también agiliza los mecanismos de reclamo cuando el usuario impugne
gastos o costos a las administradoras o a los bancos, e impone a éstos
multas de hasta el 200 por ciento de los montos reclamados al cliente
cuando fueran incorrectos. Finalmente, obliga a las administradoras a
enviar un nuevo resumen anual con el detalle de los gastos de los últimos
doce meses.
|
