Por
Diego Schurman
La CGT amenazó
con una avanzada judicial contra el Gobierno por la retención de los
fondos de las obras sociales sindicales. Y para demostrar que no se trata
sólo de palabras, el camionero Hugo Moyano hará llegar hoy mismo una
carta documento responsabilizando al ministro de Salud, Héctor Lombardo,
y al superintendente de Salud, Rubén Cano, por los "daños y
perjuicios" que pudieran sufrir los beneficiarios de su obra social a
raíz de la "postergación arbitraria e injustificada" del pago
de los subsidios.
Según explicó Moyano, la
deuda con las obras sociales de choferes de camiones y de conductores
camioneros y personal del transporte automotor de cargas es de más de 20
millones de pesos por prestaciones para tratamientos de sida y
discapacidad.
"Esto pone en peligro
vidas concretas, de personas con problemas reales y que tienen que estar
al margen de cualquier situación política", dice la carta. Pero lo
que en el texto aparece como una insinuación el sindicalista lo completa
con todas las letras al ser consultado por Página/12. "No nos
van a doblegar, por más que nos extorsionen o nos chantajeen para que la
CGT apoye la reforma laboral, porque la salud de los trabajadores no es
moneda de cambio".
--¿Y si el dinero no
aparece? --le preguntó este diario.
--Responsabilizaremos a
Lombardo por lo que suceda de ahora en más con nuestros beneficiarios.
Nosotros tenemos en espera a una chica que se tiene que hacer un
trasplante de médula. Esa operación cuesta 120 mil pesos sin contar el
IVA. También tenemos pacientes de sida y ya no contamos con dinero para
continuar su tratamiento.
Moyano aparece como la punta de lanza. Según el titular de
CGT, Rodolfo Daer, son varias las obras sociales que comenzaron a redactar
cartas documento como paso previo al inicio de acciones legales. "No
hay razón para que nos retengan la plata, que es de los trabajadores. Si
no la devuelven se va a actuar judicialmente", dijo Daer, quien el último
viernes le envió una carta a Lombardo con un pedido de audiencia.
El Gobierno tenía retenidos 6
millones de pesos que por ley debía girar en enero a las obras sociales
sindicales. En las últimas horas, Lombardo dispuso liberar 2 de esos 6
millones, aunque las beneficiadas son organizaciones consideradas
"amigas" de la actual administración. Entre ellas están la
Asociación de Obras Sociales de San Juan, papeleros, actores, encargados
de edificios y la estatal Unión Personal Civil de la Nación, tal cual
anticipó Página/12.
Lombardo
dijo ayer a FM Feeling que son "un absurdo" las denuncias sobre
un plan de asfixia a las obras sociales sindicales y, curiosamente, negó
haber recibido quejas de parte de la CGT. Sin embargo, fueron Cano y el
propio ministro de Salud quienes hace una semana conversaron sobre el tema
con Armando Cavalieri --según reconoció a este diario el propio
sindicalista mercantil-- y recibieron una carta con la firma de Daer
molesto por la postergación de la entrega de dinero.
Peronistas
disienten
Los
diputados del PJ presentaron ayer las disidencias al proyecto de
reforma laboral, que apuntan a mantener el poder negociador de los
sindicatos nacionales. Las propuestas son:
* Los convenios por empresa
prevalecerán sobre los nacionales sólo cuando los sindicalistas que
participaron en las negociaciones de nivel superior también integren
la mesa del acuerdo inferior.
* El período de prueba se
extenderá a tres meses sólo para trabajadores calificados. (En el
proyecto son tres meses para todos los trabajadores y seis para los de
pequeñas y medianas empresas.)
* Ninguna de las partes
puede negarse a constituir una unidad de negociación frente a un
convenio vencido.
* Los nuevos convenios
carecerán de un plazo de vencimiento, a menos que sea fijado por
ambas partes.
* Cuando se declare el
vencimiento de un convenio, ambas partes deben estar de acuerdo en
negociar en otro nivel.
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El
Perro apoya con asco
El líder de la Corriente Clasista Combativa, el dirigente
municipal jujeño Carlos "Perro"
Santillán, anunció su apoyo al paro que la CGT realizará el
jueves 24 en rechazo a la reforma laboral, aunque dijo sentir
"asco" por algunos representantes de la central sindical
que "ahora se hacen los opositores", pese a que durante el
gobierno de Carlos Menem permitieron las "privatizaciones y los
despidos".
Por su parte, el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique,
minimizó el poder de convocatoria del sindicalismo y aseguró que
el acto que prepara la CGT en la Plaza de Mayo no logrará su
objetivo. "Están buscando algo simbólico que no tienen, que
es el apoyo de la gente." |
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