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La denuncia contra el Estado argentino por violar el derecho a la vida, a la integridad física y a la tutela judicial de las víctimas del atentado y sus familiares fue realizada ante la CIDH el 16 de julio del año pasado por Memoria Activa, representada por Alberto Luis Zuppi, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL) y Human Rights Watch Americas.
El 1º de diciembre, diez días
antes de dejar el poder, el gobierno de Carlos Menem fijó su posición
mediante una presentación. Para Memoria Activa, el "exceso de
calificativos y el tono agresivo del escrito, que tienen por finalidad
desacreditar a los peticionarios, resultan fuera de lugar". La
agrupación que nuclea a familiares de las víctimas del atentado manifestó
también que "el Estado pretendió defender únicamente lo hecho por
el tribunal interviniente --el juzgado federal de Juan José Galeano-- y
reconoce de esta manera las groseras negligencias de parte de otros órganos
del Estado (en referencia, por ejemplo, a la policía), como si éstas
fuesen completamente ajenas a su responsabilidad".
En la respuesta de Memoria
Activa, difundida en el acto de ayer frente al Palacio de los Tribunales
por Laura Ginsberg, se reiteró que "no se adoptaron medidas
adecuadas para prevenir el atentado" y que "la gran cantidad de
recursos utilizados en la investigación no implicó avance alguno en la
misma".
El informe oficial intentó
rebatir que la falta de investigación del atentado contra la embajada de
Israel posibilitó la perpetración del ocurrido contra la AMIA.
"Tales manifestaciones resultan falsas, pues no bien ocurrieron los
hechos se comenzó a instruir el correspondiente proceso penal que por
razones de competencia se ha sustanciado ante la Corte Suprema de la Nación,
la que dispuso también por demás amplia y medulosa investigación".
La agrupación representada por Zuppi respondió que "el Estado calla
que la pesquisa sobre el atentado a la embajada, que ya lleva ocho años,
carece de resultados: no sólo no se ha logrado encontrar a un
responsable, sino que hasta hace pocos meses se siguió discutiendo cómo
fue la explosión que destruyó la sede diplomática".
El gobierno anterior también aseguró que "ante un caso de
ribetes excepcionales el Estado argentino, a través de sus tres poderes,
ha realizado esfuerzos que podrían denominarse inéditos en los anales de
jurisprudencia y en la vida del Estado argentino, con el fin de aclarar lo
ocurrido. Ello es así por el gran despliegue de personal técnico
utilizado, tiempo ocupado, medidas realizadas, dinero gastado y
fundamentalmente resultados obtenidos". Como réplica, Memoria Activa
recordó que en la presentación inicial se manifestó que "toda esa
movilización de recursos no ha significado de forma alguna avance en la
investigación". La agrupación también criticó la postura de los
fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, de quienes aseguró que "sus
medidas más características (y del tribunal) consistieron en los
'viajes`". "En varias oportunidad --agregó-- viajaron al
exterior en busca de información que era accesible vía diplomática o
simplemente por Internet."
Memoria Activa concluyó manifestando su "esperanza en que las nuevas autoridades no sólo retomen nuestra denuncia con el lenguaje que corresponde al Estado, sino que muestren tangiblemente su voluntad de poner en práctica los medios necesarios para que la investigación sea encarrilada en una dirección clara, responsable y objetiva".
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