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Planteada por el artículo 127
de la Constitución de la Ciudad, la Ley General de Comunas --como se ha
dado en llamar-- dispone la creación de un órgano de gobierno con el
nombre de juntas comunales, que tendrá un presidente y siete miembros en
cada barrio. Así, de prosperar el proyecto del Ejecutivo, la Capital
tendrá 16 juntas comunales, con una organización política que la
asemejará a ciudades como Bologna, Nueva York y Barcelona, consideradas
pilares en políticas de descentralización. A fin de consolidar la
efectividad del área política y administrativa, el proyecto crea al
llamado "City Manager": a la usanza norteamericana, se ha
pensado en la figura de un gerente con capacidad operativa para
implementar los mandatos de la junta. Aunque su período será como el de
los miembros del órgano de gobierno --cuatro años--, contará con el
beneficio de una reelección indefinida.
Los órganos de gobierno deberán
ser elegidos por los porteños antes de octubre del 2001. "Los cargos
serán no exclusivos --indicó Olivera a este diario-- y, en principio,
honorarios salvo el del jefe comunal. Sólo en aquellos casos en los que
la dedicación lo exija, los miembros de ese directorio tendrán un
sueldo, que no podrá superar el 50 por ciento del que reciba el
jefe." Los candidatos serán miembros de partidos políticos o de
ONGs que presenten a sus postulantes de acuerdo a los términos de la ley
de partidos políticos. Pero hay más: aquel ciudadano que se mantenga por
fuera de esos círculos, pero que busque intervenir, podrá presentarse
como extrapartidario en alguna de las listas, armar su propio partido o
inscribirse para participar de los consejos consultivos. Y esperar que lo
llamen.
Estos consejos serán similares
a los que ahora nuclean los CGP. Reunirá a representantes de
instituciones barriales o independientes y, además de canalizar proyectos
y demandas vecinales, "cumplirá el rol de contralor interno sobre la
gestión", aclara Olivera antes de señalar a la Legislatura y al
gobierno porteño como los encargados de las auditorías externas.
La junta comunal no tendrá
tareas legislativas, por el momento, sino administrativas y políticas.
Cada una contará con un presupuesto reasignado por el gobierno central de
acuerdo a la cantidad de habitantes y demanda. Este presupuesto servirá
para resolver temas menores vinculados a obras y servicios públicos, como
refacción de plazas --no parques-- y baches en calles internas. Pero las
atribuciones podrán ampliarse: "La competencia de cada comuna no
tiene límites, se irá regulando de acuerdo a las necesidades",
indicó Olivera, para quien es posible que en el futuro áreas de educación
y salud también recaigan sobre los comuneros.
En diálogo con este diario, el
jefe comunal se encargó de aclarar que esta trasformación no exigirá
ampliación de la planta de empleados públicos. "Cada comuna --indicó--
contará con el personal que actualmente está trabajando para el Gobierno
de la Ciudad, con la característica de que, además, pertenecerá al
barrio." Según sus cálculos, esta estructura será suficiente para
hacer funcionar estas comunas que aún no tienen sedes. Se calcula que el
costo para poner en condiciones cada una será de 1,5 o 2 millones de dólares.
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