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El polémico párrafo
del BM afirmaba que "la calidad de la educación sobre leyes en la
Argentina ha caído. En el pasado los estudiantes debían aprobar un
examen de admisión a las universidades públicas, pero ahora son
admitidos sin ningún examen. Esto provocó la superpoblación de estas
casas de estudios con alumnos que no siempre están en condiciones de
conseguir su título". Así, concluía que todos los egresados no están
bien capacitados.
"El
Banco se equivoca. Lo importante no es que el ingreso sea libre, sino que
no haya egreso irrestricto", retrucó el decano de la Facultad de
Derecho (UBA), Andrés D'Alessio, quien defendió la calidad de los
egresados. "Habría que informarles a estos señores que el Ciclo Básico
Común retiene al 66 por ciento de los aspirantes a estudiar en Derecho.
Pero todos tuvieron las mismas oportunidades de entrar", siguió.
"Además, la crítica sobre la libertad de ingreso se la hacen a la
universidad pública, cuando son las privadas las que tienen el ingreso más
libre e, incluso, más promocionado." El decano advirtió que el BM
"no dice cuál es su fuente de información, que es gente muy
reaccionaria vinculada con la universidad privada, gente que no tiene
alumnos sino clientes".
También indignado, Guillermo Jaim Etcheverry, asesor en Educación
Superior del Ministerio de Educación, dijo que suponer que la baja
calidad se debe a que no hay examen de admisión es "una
sobresimplificación del problema, inesperada en un documento de una
institución seria. Igualmente, la afirmación de que `todos los graduados
en leyes de universidades públicas no están bien capacitados' es un
agravio irresponsable. De estos juicios surge, por oposición, que todos
los graduados de la universidad privada son buenos, o al menos mejores,
sin que se mencione que muchas de ellas no requieren pruebas de admisión
y que tienen una calidad académica muy inferior a no pocas universidades
de gestión estatal", afirmó.
No obstante, la superpoblación existe. En la universidad más
grande del país --la de Buenos Aires--, sobre un total de 220 mil
alumnos, Derecho concentra 33 mil regulares (aunque los que cursan son
unos 25 mil). Para redundar, basta recordar que la carrera de Abogacía
encabeza la preferencia de los aspirantes a entrar en la UBA. De los 65
mil inscriptos para cursar el CBC este año, 7231 eligieron Abogacía: el
11 por ciento se concentra en sólo una de las 69 carreras de la UBA.
"Para contrarrestar esto, hay un régimen de asignación de materias
basado en los promedios de los alumnos, por el que no puede haber más de
85 personas por curso en las materias obligatorias. Y en las optativas, se
aceptan 65 alumnos", contó Oscar Zoppi, titular del centro
estudiantil. "Lo ideal --reconoció-- sería que cada profesor
tuviera menos alumnos. Pero el presupuesto de la universidad no permite
contratar más docentes, ni abrir más cursos." La autocrítica
Con argumentos disímiles, y muy alejados de los esgrimidos por el
BM, también hubo críticas para los modos de enseñanza del derecho,
tanto en las instituciones públicas como en las privadas.
"La calidad es muy despareja, pero no tiene nada que ver con
la libertad de ingreso", dijo Angel Bruno, vicepresidente del Colegio
de Abogados de la Capital. "Se pueden dar clases maravillosas con
cientos de alumnos --apuntó Martín Böhmer, director de la Clínica Jurídica
de la Universidad de Palermo--. Además, la clase no es el único lugar de
aprendizaje: hay
cursos, investigaciones, publicaciones y bibliotecas para completar
la formación."
En busca de causas para la disparidad cualitativa, Bruno apuntó
que "hay demasiadas instituciones que dan derecho y no muchas tienen
profesores concursados. Cualquier universidad privada tiene profesores
ignotos. Eso sí conspira contra la calidad". Y comparó: "En la
universidad pública hay muy buenos profesores concursados, pero no todos
dan clases. Frente a los cursos suelen estar ayudantes docentes que no
tienen nivel suficiente". También criticó la falta de actualización
de los contenidos y la carencia de estudios axiológicos, postergados por
los aspectos técnicos de la abogacía.
En cambio, el penalista Eugenio Zaffaroni --que juzgó "poco
razonables" las opiniones del BM-- sostuvo que la necesaria mejora de
la calidad se solucionaría con más inversión y no restringiendo el
ingreso ni aplicando un arancel: "Hace mucho que a los docentes
apenas se nos paga --dijo el legislador de la Alianza--. Si, además de
mejorar los sueldos, se modernizan los recursos didácticos, también se
resuelve el problema de la masividad". Su propuesta para cosechar más
fondos es que "las facultades ofrezcan muchos más servicios al
Estado y a las empresas privadas". Pero la crítica más dura la profirió Böhmer, quien investiga "La enseñanza del derecho en Argentina" para doctorarse en la Universidad de Yale. Para él, el bajo nivel de la formación se debe a que "el derecho se enseña de memoria. Los alumnos van a la facultad, escuchan las clases, leen los libros y repiten todo en los exámenes. Hacen eso unas cuantas veces y ya son abogados. La situación es gravísima porque todo el Poder Judicial, la mitad del Legislativo y, por lo menos, los últimos tres presidentes salieron de ahí". La hipótesis de Böhmer es que el problema no es institucional (si la universidad es pública o privada), sino que viene de una concepción del derecho, vigente en el siglo XIX, para la que "la política sólo se hace en el Congreso y los jueces no pueden tocar nada. Esta idea sigue intacta, cuando, en realidad, los jueces interpretan y toman decisiones políticas, porque no se puede aplicar sin más la letra de la ley". Todo esto sería obviado por la enseñanza. "Los alumnos no son entrenados para interpretar las leyes en forma crítica. Lo más grave --terminó-- es que, al enseñar de memoria, bajo la máscara de la neutralidad política, se naturalizan ciertas interpretaciones ideológicas de la ley."
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