Principal RADAR NO Turismo Libros Futuro CASH Sátira


Un revés de la comunidad del derecho para el Banco Mundial 

  En un informe publicado por Página/12, el BM aseguraba que la enseñanza pública del derecho es mala porque hay demasiados alumnos. Aquí, el debate.

La Facultad de Derecho (UBA) tiene 33 mil estudiantes regulares


Por Javier Lorca
t.gif (862 bytes) 
"Todos los graduados en leyes de las universidades públicas no están bien capacitados." El Banco Mundial (BM) hizo rodar la primera piedra y despeñó el debate. La semana pasada Página/12 publicó un crítico informe del BM sobre el sistema judicial argentino (ver aparte), que incluía un duro párrafo dedicado a la enseñanza del derecho en las universidades públicas. Desde el ámbito universitario y la comunidad jurídica recogieron el guante, muchos con indignación, pero no sólo para defenderse (que lo hicieron y sin eufemismos). Sino también para ejercer la autocrítica y reavivar, cuándo no, la disputa entre la universidad pública y la privada.   

El polémico párrafo del BM afirmaba que "la calidad de la educación sobre leyes en la Argentina ha caído. En el pasado los estudiantes debían aprobar un examen de admisión a las universidades públicas, pero ahora son admitidos sin ningún examen. Esto provocó la superpoblación de estas casas de estudios con alumnos que no siempre están en condiciones de conseguir su título". Así, concluía que todos los egresados no están bien capacitados.

  "El Banco se equivoca. Lo importante no es que el ingreso sea libre, sino que no haya egreso irrestricto", retrucó el decano de la Facultad de Derecho (UBA), Andrés D'Alessio, quien defendió la calidad de los egresados. "Habría que informarles a estos señores que el Ciclo Básico Común retiene al 66 por ciento de los aspirantes a estudiar en Derecho. Pero todos tuvieron las mismas oportunidades de entrar", siguió. "Además, la crítica sobre la libertad de ingreso se la hacen a la universidad pública, cuando son las privadas las que tienen el ingreso más libre e, incluso, más promocionado." El decano advirtió que el BM "no dice cuál es su fuente de información, que es gente muy reaccionaria vinculada con la universidad privada, gente que no tiene alumnos sino clientes".

  También indignado, Guillermo Jaim Etcheverry, asesor en Educación Superior del Ministerio de Educación, dijo que suponer que la baja calidad se debe a que no hay examen de admisión es "una sobresimplificación del problema, inesperada en un documento de una institución seria. Igualmente, la afirmación de que `todos los graduados en leyes de universidades públicas no están bien capacitados' es un agravio irresponsable. De estos juicios surge, por oposición, que todos los graduados de la universidad privada son buenos, o al menos mejores, sin que se mencione que muchas de ellas no requieren pruebas de admisión y que tienen una calidad académica muy inferior a no pocas universidades de gestión estatal", afirmó.

  No obstante, la superpoblación existe. En la universidad más grande del país --la de Buenos Aires--, sobre un total de 220 mil alumnos, Derecho concentra 33 mil regulares (aunque los que cursan son unos 25 mil). Para redundar, basta recordar que la carrera de Abogacía encabeza la preferencia de los aspirantes a entrar en la UBA. De los 65 mil inscriptos para cursar el CBC este año, 7231 eligieron Abogacía: el 11 por ciento se concentra en sólo una de las 69 carreras de la UBA. "Para contrarrestar esto, hay un régimen de asignación de materias basado en los promedios de los alumnos, por el que no puede haber más de 85 personas por curso en las materias obligatorias. Y en las optativas, se aceptan 65 alumnos", contó Oscar Zoppi, titular del centro estudiantil. "Lo ideal --reconoció-- sería que cada profesor tuviera menos alumnos. Pero el presupuesto de la universidad no permite contratar más docentes, ni abrir más cursos."

 La autocrítica

  Con argumentos disímiles, y muy alejados de los esgrimidos por el BM, también hubo críticas para los modos de enseñanza del derecho, tanto en las instituciones públicas como en las privadas.

  "La calidad es muy despareja, pero no tiene nada que ver con la libertad de ingreso", dijo Angel Bruno, vicepresidente del Colegio de Abogados de la Capital. "Se pueden dar clases maravillosas con cientos de alumnos --apuntó Martín Böhmer, director de la Clínica Jurídica de la Universidad de Palermo--. Además, la clase no es el único lugar de aprendizaje: hay        cursos, investigaciones, publicaciones y bibliotecas para completar la formación."

  En busca de causas para la disparidad cualitativa, Bruno apuntó que "hay demasiadas instituciones que dan derecho y no muchas tienen profesores concursados. Cualquier universidad privada tiene profesores ignotos. Eso sí conspira contra la calidad". Y comparó: "En la universidad pública hay muy buenos profesores concursados, pero no todos dan clases. Frente a los cursos suelen estar ayudantes docentes que no tienen nivel suficiente". También criticó la falta de actualización de los contenidos y la carencia de estudios axiológicos, postergados por los aspectos técnicos de la abogacía.

  En cambio, el penalista Eugenio Zaffaroni --que juzgó "poco razonables" las opiniones del BM-- sostuvo que la necesaria mejora de la calidad se solucionaría con más inversión y no restringiendo el ingreso ni aplicando un arancel: "Hace mucho que a los docentes apenas se nos paga --dijo el legislador de la Alianza--. Si, además de mejorar los sueldos, se modernizan los recursos didácticos, también se resuelve el problema de la masividad". Su propuesta para cosechar más fondos es que "las facultades ofrezcan muchos más servicios al Estado y a las empresas privadas".

  Pero la crítica más dura la profirió Böhmer, quien investiga "La enseñanza del derecho en Argentina" para doctorarse en la Universidad de Yale. Para él, el bajo nivel de la formación se debe a que "el derecho se enseña de memoria. Los alumnos van a la facultad, escuchan las clases, leen los libros y repiten todo en los exámenes. Hacen eso unas cuantas veces y ya son abogados. La situación es gravísima porque todo el Poder Judicial, la mitad del Legislativo y, por lo menos, los últimos tres presidentes salieron de ahí". La hipótesis de Böhmer es que el problema no es institucional (si la universidad es pública o privada), sino que viene de una concepción del derecho, vigente en el siglo XIX, para la que "la política sólo se hace en el Congreso y los jueces no pueden tocar nada. Esta idea sigue intacta, cuando, en realidad, los jueces interpretan y toman decisiones políticas, porque no se puede aplicar sin más la letra de la ley". Todo esto sería obviado por la enseñanza. "Los alumnos no son entrenados para interpretar las leyes en forma crítica. Lo más grave --terminó-- es que, al enseñar de memoria, bajo la máscara de la neutralidad política, se naturalizan ciertas interpretaciones ideológicas de la ley."

 

Corrupción, justicia y educación

  El informe del Banco Mundial (presentado como un virtual "plan de gestión" ante diversas áreas del Gobierno) indica, además de las críticas a la enseñanza jurídica, otra cuestiones sobre Justicia y educación:

  "El sistema judicial no está realizando lo que debería. Destila desconfianza y se caracteriza por la demora en la resolución de las causas".

  "La corrupción es percibida como uno de los problemas de los tribunales argentinos".

  Sobran funcionarios y empleados judiciales.

  Como sistema de recuperación de costos en la educación superior, el BM propone el arancelamiento y un régimen de becas y subsidios.

  Sugiere un incremento del gasto educativo (sobre todo dirigido al nivel medio) de entre 0,5 y 0,9 de punto del PBI (1600-1900 millones de pesos).

  También postula incentivar la participación privada; profundizar la reforma de la educación terciaria; mejorar la eficiencia en el gasto y control de la liquidación salarial, y privatizar el control médico laboral.


PRINCIPAL