Por Adriana Meyer
 �Es la denuncia más grave�, se sinceraron los abogados de Víctor Alderete tras tomar conocimiento de la nueva presentación contra el ex presidente del PAMI, que podría llevarlo a la cárcel. Tal como adelantó Página/12 en exclusiva, la Oficina Anticorrupción lo acusó ayer de haber liderado una asociación ilícita para cometer los delitos de violación de los deberes de función, prevaricación administrativa y defraudación.
�El déficit reconocido de 654 millones de pesos es la más clara herencia del paso del Grupo Alderete por el Instituto�, afirmaron los denunciantes al explicar las �gravísimas� consecuencias patrimoniales que sufrió el PAMI. Y agregaron que el querellado desplegó una �empresa ilícita a través de la implementación organizada y permanente de un sistema de gestión que les permitió dirigirla en beneficio de intereses particulares distintos del público al que está destinado�.
Massoni pidió al juez federal Adolfo Bagnasco �en cuyo juzgado recayó la presentación� la declaración indagatoria de los nueve imputados, todos ellos integrantes de la denominada Unidad Presidente: Víctor Adrián Alderete; su hijo, Alejandro Tomás, que ocupaba el cargo de gerente de Acción Cultural y Desarrollo Social; Gonzalo Painceira; Ramiro Porto; Víctor Luaces; Pablo Garcilazo; Aldo Ferrante; José Antonio Fernández del Río y Celso Bergia. Además pidieron la captura de Alderete �uno de los ex funcionarios más defendidos por el ex presidente Carlos Menem� por si no acude a una eventual citación judicial. El jefe de la Oficina, José Massoni, aseguró que el último directorio del PAMI aprobaba todo en �reuniones formales�, aunque en la querella no incluyeron a miembros de la cúpula porque �sólo abarca a la gente que trabajaba estrechamente ligada al presidente�. Los investigadores determinaron que esas personas concentraron un �poder discrecional� y eran �compañeros de negocios o parientes� de Alderete.
�Puede advertirse la organizada sistematicidad con que ha reproducido tanto el modo irregular y licencioso con que se manejara el patrimonio del ente público en beneficio de intereses particulares, como la forma arbitraria e ilegítima con que se tomaran las decisiones más importantes�, dice el escrito de Massoni, que cuenta con 154 carillas. Uno de sus colaboradores aseguró a este diario que �no podemos afirmar si es más o menos comprometedora pero estamos seguros de que es la denuncia que tiene más información interna del PAMI y su valor agregado es que esos datos fueron obtenidos de adentro de la administración de la obra social porque la Oficina trabajó allí�.
La práctica sistemática descripta en la denuncia consistió en la neutralización de las áreas de control y en la obstaculización de las tareas de la Auditoría General de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación. Además, según la Oficina, Alderete cercenó los controles internos y �cuando el personal encendía luces rojas sobre el deterioro de la calidad prestacional y el manejo financiero esa información era sistemática y selectivamente cajoneada, lo que redundó en condiciones infrahumanas de trato a los ancianos y puso en riesgo la continuidad de las prestaciones�.
En el capítulo titulado �el diseño de la corrupción�, la presentación de Massoni detalló que �a lo largo de la gestión de Alderete se eludió toda restricción que le permitiera al Instituto y a sus beneficiarios mantener un control de calidad prestacional y financiero de los servicios médicoasistenciales�, lo cual �tuvo su consumación en la escandalosa licitación de las redes�. Y concluyeron que el reglamento de contrataciones y compras �profundizó la implementación de una política de excepción, bajo el concepto de �ente público no estatal� como patente de corso�. A modo de ejemplo, señalaron que en los contratos de Funeral Home y Fe.Ge.Ra �el Instituto cedió a las gerenciadoras la administración de los servicios para que éstas las gestionasen con discrecionalidad, sin fijar ni el montoque se pagaría a los prestadores por el servicio ni el criterio que se debía seguir para fijarlo�.
León Arslanian y Jorge Edwin Torlasco, abogados defensores de Alderete, aseguraron ayer en los tribunales que el ex funcionario está en el país y no tendría impedimentos para presentarse ante la Justicia. Los letrados mantuvieron una corta entrevista con Bagnasco. Ahora, el juez convocará a los funcionarios de la Oficina para que ratifiquen su denuncia y luego dará vista al fiscal del caso. Aunque Bagnasco aún no ha fijado posición al respecto, funcionarios judiciales especulan con que termine cuestionando la legitimidad de Massoni como querellante, debate que ya está planteado en otros despachos (ver aparte).
| Freiler, con Arslanian
El fiscal federal Eduardo Freiler planteará hoy que la Oficina Anticorrupción tiene atribuciones contrarias a la Constitución nacional, porque según él asume funciones que la Carta Magna otorga al Ministerio Público. Tal como lo adelantó ayer Página/12, el fiscal presentará su escrito al juez Gabriel Cavallo, en el marco de una causa contra Víctor Alderete, por presuntas irregularidades en la compra de audífonos en el PAMI. Además, al igual que los defensores de Alderete, Freiler entiende que �en la causa no están en juego dineros federales, entonces la Oficina no tiene motivos para intervenir�. Por su parte, el denunciante Ricardo Monner Sans reforzó sus argumentos a favor de la participación de la Oficina en el expediente. |
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Los cinco casos presentados por los investigadores |
| PAMI pregunta
Solavi SA fue contratada en julio de 1999 por 200 mil pesos para que hiciera un sondeo de opinión entre los oyentes de una radio líder. Las preguntas eran �casi retóricas y su respuesta podía preverse sólo de la redacción�. Las preguntas eran: ¿está de acuerdo con la libre elección del médico de cabecera?, ¿está de acuerdo con una ley de derechos específicos para la tercera edad? y ¿está de acuerdo con la elección directa del directorio y que éste sea compuesto exclusivamente por jubilados? Las obvias respuestas fueron en un 99 por ciento positivas. Pero al mes siguiente el PAMI volvió a contratarla por 400 mil pesos para realizar �la misma imposible tarea de conocer la opinión de los afiliados a través de preguntas inconducentes. Las dos convenios fueron realizados �sin tomar ninguna de las previsiones que se imponían acerca de la existencia de mejores precios de mercado�.
Para qué auditar
Con la empresa de Macropsicología el Instituto celebró un contrato por la suma de 20 mil dólares mensuales, pero luego fue rescindido. A continuación, según la Oficina Anticorrupción se firmó un nuevo contrato con Cer.Co.Man que pertenecía al mismo propietario que Macropsicología, por un monto seis veces mayor, es decir, 120 mil mensuales con el mismo objetivo. �Esta última empresa recibió mensualmente una cuantiosa suma de dinero a cambio de auditorías no realizadas, las que, por otra parte, resultaban irrelevantes a los intereses de las autoridades del Instituto�, dice la denuncia. El escrito reproduce un fragmento del acta de Directorio del 21 de abril de 1997 en la que el presidente (Alderete) informó que �luego de varias reuniones pudo convencer al doctor Vignau, de reconocido prestigio en la especialidad, que firmara un convenio con el Instituto a los efectos de realizar la auditoría de calidad de las prestaciones psiquiátricas�.
Objeto difuso
Advertising Image S.A. cobró 70.543 pesos para realizar �un estudio semiológico sobre acciones comunicacionales, capacidades y características receptoras del mensaje del segmento de la tercera edad�. Los denunciantes señalaron que �el haber establecido un objeto tan difuso nos lleva a pensar que éste era irrelevante�.
Un costo inútil
En cuanto a Bureau Veritas Argentina S.A, los acuerdos celebrados entre el Instituto y esta consultora internacional que brinda servicios de auditoría �constituyen actos de administración fraudulenta realizados sin las autorizaciones que correspondían �y por lo tanto en abuso de facultades� para beneficiar a un tercero, en este caso, la sociedad mencionada. La falta de antecedentes que motivasen la decisión de contratar a una consultora externa cuando sus servicios podrían haber sido satisfechos por personal del mismo, sin insumir ningún costo adicional, así como también los onerosos y cuestionables montos de dinero que el Instituto se comprometió a abonar a la consultora indican que se podría haber prescindido del compromiso asumido con Bureau Veritas. Además, al comparar este contrato con el acuerdo firmado entre la consultora y la SIGEN surgen diferencias que expresan un grosero perjuicio para el patrimonio del Instituto y permiten descartar cualquier interpretaciónorientada a sostener que las mencionadas irregularidades fueron producidas por negligencia o inexperiencia en la administración�.
Con los amigos
Sobre la relación con Imara S.A., dice la Oficina Anticorrupción que �este contrato reproduce las irregularidades de los enunciados anteriormente, con el agravante que fue celebrado con una empresa perteneciente a un ex funcionario� (también vinculado a Alderete). El objeto del convenio estaba destinado a prestar servicios de miniturismo. Dice la Oficina que el Instituto se comprometió a pagar 1 millón 300 mil pesos mensuales cuando no disponía de los fondos necesarios, no se interesó en requerir su cumplimiento ni lo rescindió cuando advirtió que había irregularidades. La empresa no tenía los antecedentes necesarios y se dedicó a trasladar 720 mil personas al año que requerían cuidados específicos vinculados a la edad. |
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