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Al oficialismo no le creen que está en emergencia

El Ejecutivo cambió el proyecto de ley de emergencia económica. Aunque reduce el plazo de pago de las deudas previsionales y elimina la suspensión de juicios contra el Estado, el PJ se opone.

Mario Vicens, secretario de Hacienda. Bajo presión en Diputados.
�Los datos que tenemos son bastante alarmantes�, alertó.


t.gif (862 bytes) El Gobierno modificó el proyecto de ley que declara la emergencia económica durante un año, prorrogable por un año adicional. Disminuyó de 16 a 10 la cantidad de años para hacer frente a la deuda que el Estado mantiene con los jubilados, aseguró la estabilidad laboral de los agentes públicos designados durante el último año y eliminó las suspensiones de los juicios contra el Estado. A pesar de los cambios, la bancada del PJ calificó de �engendro sin fundamentación e inconstitucional� la iniciativa, y los diputados de la oposición mantuvieron un duro cruce con el secretario de Hacienda, Mario Vicens, que ayer presentó la iniciativa en el Congreso. El Gobierno pretende tratar el proyecto, que ayer fue recibido en comisiones, a principios de marzo.
Los principales puntos del proyecto son los siguientes:
  Jubilados: las deudas previas a abril del �91 se asumirán con Bocon series I y II. En tanto, las deudas acumuladas entre esa fecha y fin del �99 serán canceladas por una nueva serie de Bocon a 10 años de plazo. En el proyecto original, la deuda se pagaba a 16 años. En el Presupuesto de este año se prevé el pago de unas 20.000 sentencias. Para cumplir, el Estado pagará 235 millones en efectivo y 359 millones en bonos.
  Empleo público: En la nueva iniciativa ya no se menciona la palabra �despido� de los agentes jerárquicos nombrados durante el último año de la administración menemista. En cambio, se avala la posibilidad de reubicar a ese personal en otras áreas no jerárquicas. A cambio, esos funcionarios serán compensados según sus cargos y el tiempo que les resta para cumplir por contrato. Según Economía, hay 1050 agentes en esa condición. En el PJ sostienen que son 1260.
  Juicios contra el Estado: En lugar de suspender los procesos durante 180 días, tal como preveía el proyecto original, ahora se establece que antes de realizar una demanda ésta debe ser comunicada a la Procuración del Tesoro a través de un reclamo administrativo. Y este organismo tendrá 30 días de plazo como máximo para dar intervención a quien corresponda. En los juicios previsionales, ese período no podrá superar los 5 días. Vencidos esos plazos, continuarán los procesos judiciales. Además, la Procuración deberá mantener actualizado el registro de los juicios contra el Estado. Según calcula Economía, existen 350.000 pleitos por un monto global de 19.000 millones de pesos.
  Contratos: Por �razones de emergencia�, se faculta al Ejecutivo a rescindir o renegociar los contratos celebrados con el Estado con fecha anterior al 10 de diciembre. Se excluye a las empresas privatizadas. Los últimos grandes contratos de la era Menem fueron las concesiones de los aeropuertos, el Correo y la elaboración de los DNI. �No puede ser que un ministro tenga el poder como para echar por tierra un contrato legítimo. Esto va en contra de la vocación de transparencia que dice defender este Gobierno�, dijo Jorge Remes Lenicov durante la reunión.
En el PJ, el nuevo proyecto levantó polvareda. �Objetamos todo el proyecto. No existe tal emergencia económica cuando la inflación es nula, el Banco Central tiene reservas por 33.000 millones de pesos y el déficit fiscal ya quedó acotado. La verdad es que el Gobierno quiere seguir acumulando un colchón financiero para gastar recursos en otros lados, como los subsidios a los docentes y a las pymes�, reseñó a Página/12 la diputada Ana María Mosso, integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.
Los cambios al proyecto fueron consensuados entre Economía y los legisladores de la Alianza. Las últimas modificaciones fueron introducidas ayer mismo, poco antes del comienzo de la reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales. �Vamos a tener que demostrar que somos capaces de resolver los problemas fiscales, porque los datos que tenemos son bastante alarmantes�, alertó Vicens.
Durante su exposición, Vicens fundamentó la necesidad de promulgar la ley de emergencia, como un paso más tendiente al ordenamiento de lascuentas públicas, buscando con ello una rebaja del riesgo país y, por consiguiente, una disminución de las tasas de interés.

 


 

La intermediación financiera no pagará el IVA
Cuando pagar impuestos es �distorsión�

El fuerte lobby ejercido por bancos y operadores bursátiles en contra de impuestos que se les fijaron en la última reforma tributaria logró el objetivo buscado. El Ministerio de Economía emitió ayer una resolución creando una comisión que deberá corregir las �distorsiones� en el régimen impositivo del sector financiero. La medida fue celebrada en la City porteña, aunque se reclamó que las medidas correctivas sean tomadas cuanto antes, en lugar de esperar los 180 días de trabajo que se fijaron para dicha comisión. El impuesto más cuestionado es el IVA a las comisiones de los operadores bursátiles y a los bancos que intermedian en el negocio de compra y venta de acciones y títulos.
El secretario de Financiamiento, Daniel Marx, había anticipado a mediados de enero que ese gravamen sería eliminado, a pesar de su reciente creación en la reforma tributaria que diseñó el actual equipo económico. Sin embargo, la demora en tomar esa resolución dio lugar a incesantes reclamos de los alcanzados por el impuesto. Marx y el secretario de Hacienda, Mario Vicens, reciben continuos llamados de banqueros y operadores bursátiles para recordarles aquella promesa.
La convocatoria a la comisión de estudio fue para descomprimir la presión y hacer un gesto concreto más allá de las palabras. �Agitaron la bandera blanca�, le dijo a este diario un operador bursátil. La resolución puntualiza que �la situación impositiva del sector financiero meritúa la elaboración de adecuaciones a la normativa vigente, que permitan aproximarse a la neutralidad tributaria en el tratamiento de los instrumentos financieros�.
En Economía señalaron que �se cometieron errores en la redacción de la reforma tributaria, que deben ser corregidos porque se está cobrando IVA sobre sectores que no correspondía�. En ese sentido, mencionaron que en un principio se había establecido extender el gravamen a los pases y cauciones bursátiles, pero luego, en la reglamentación de la ley, fueron excluidos. Parece que los funcionarios de Economía no tomaron en cuenta que también estaban cobrando IVA a las comisiones que cobran bancos y sociedades de bolsa por la intermediación en los negocios bursátiles. Esa medida es la que más resisten en la City, con el argumento de que afecta el desarrollo del mercado de capitales. No obstante, Economía rechazó esa postura cuando reglamentó la reforma tributaria. Ahora, en cambio, todo indica que ha cambiado de opinión.

 


 

Cuotas para pagar Ganancias

El Gobierno distribuirá en nueve cuotas, a partir de abril y en lo que resta del año, la diferencia entre lo que los contribuyentes pagaron en enero y febrero por el impuesto a las Ganancias y lo que deberían haber tributado de acuerdo con el paquete impositivo aprobado a comienzos del año. Así lo reveló el subsecretario de Política Tributaria, Juan Carlos Gómez Sabaini, quien anticipó además que la recaudación de este mes �estará por arriba de los 4100 millones de pesos� y que será superior a la de febrero del año pasado.
Si bien la última reforma tributaria tiene vigencia a partir del 1º de enero, el Gobierno comenzará a aplicar los cambios a partir de marzo, por lo cual lanzó un plan especial para que los contribuyentes paguen la diferencia sobre lo que se pagó en los primeros dos meses. Al respecto, el funcionario explicó que �en enero y febrero se ha recaudado sobre las pautas de la ley vieja, pero ya en marzo vamos a estar haciéndolo de acuerdo con los parámetros establecidos por la nueva ley�.
�El contribuyente va a ser retenido a partir de abril, por lo que dejó de ingresar en enero y febrero, según la nueva ley�, indicó el funcionario, quien precisó que �la diferencia se va a distribuir en nueve cuotas (sumado a lo que corresponda abonar por el período en curso), para que el impacto no pegue todo en un mes�.

 

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