Por Adriana Meyer
 El intento de los defensores de Víctor Alderete de apartar de la escena a la Oficina Anticorrupción sigue sumando rechazos y adhesiones en la justicia federal. El juez Adolfo Bagnasco aceptó la nueva denuncia por asociación ilícita que el organismo hizo contra el ex presidente del PAMI, pero postergó la decisión de separarla como querellante. El juez Gabriel Cavallo analiza los argumentos del fiscal Eduardo Freiler, que pidió la inconstitucionalidad de la Ley de Ministerios que creó a la Oficina y solicitó que José Massoni, jefe de la Oficina, no sea tenido como querellante en una causa que investiga sobreprecios en el PAMI. Pero hay indicios que permiten pensar que rechazará el pedido de León Arslanian.
Por otra parte, el juez Jorge Urso estudia qué posición adoptará pero sus colaboradores aseguraron a Página/12 que �seguramente se pronunciará en contra� de la participación de la Oficina en dos causas que involucran a María Julia Alsogaray.
León Arslanian, uno de los abogados que defiende a Alderete, visitó ayer otra vez a Bagnasco para informarle que su cliente está a disposición de la Justicia y que podría realizar en los próximos días una presentación espontánea para ofrecer pruebas. El juez recibió anteayer una nueva denuncia de la Oficina Anticorrupción que podría ser la más comprometedora para Alderete porque se lo acusa de ser el jefe y organizador de una asociación ilícita para perjudicar al PAMI. Cuando salió del despacho del magistrado, Arslanian afirmó a la agencia DyN que se opone �a que la Oficina Anticorrupción asuma el rol de parte querellante porque no tiene facultades legales para hacerlo�. En ese sentido, remarcó que la querella debe ser promovida por �el Ministerio Público Fiscal, que es el que representa la acción pública penal estatal y que está suficientemente representada por los fiscales�. Y aclaró que �sólo nos oponemos a eso, no nos oponemos a la existencia de la Oficina Anticorrupción en sí�.
Bagnasco no tomó a la Oficina como querellante y tratará la cuestión sólo después del requerimiento fiscal. Pero convocó a Massoni para que ratifique la denuncia el martes próximo. Según pudo saber este diario, los fiscales Guillermo Montenegro y Paulo Starc que intervienen en este caso no tendrían ningún inconveniente en compartir el impulso de la investigación con los técnicos de la Oficina Anticorrupción.
Mientras las aguas de los Tribunales Federales se dividen entre la denominada �familia judicial� y algunos funcionarios cercanos al justicialismo, ya hay quienes plasman en papel los argumentos de la polémica. En la causa por supuestas irregularidades en la compra de audífonos en el PAMI, el fiscal federal Eduardo Freiler se pronunció en forma coincidente con el criterio de Arslanian y sus socios. Sin embargo, uno de los colaboradores del fiscal comentó a este diario que �nada más lejos de nuestra intención que beneficiar o perjudicar a Alderete porque consideramos que acá se trata del avasallamiento del Ministerio Público�. Y explicó que �el Ministerio Público es un órgano extrapoder, de modo tal que es anticonstitucional crear una oficina, aunque sea por ley, que siendo parte del Poder Ejecutivo tenga las mismas atribuciones que el Ministerio Público.�. Por otra parte, Freiler considera que en la causa no están en juego dineros federales por lo cual la Oficina no tiene motivos para ser parte, en especial porque no fue denunciante en el caso ni ha tenido participación en el proceso. El juez Cavallo todavía no resolvió sobre la cuestión y no quiso hacer comentarios.
FELGUERAS DIJO QUE TIENE GANAS DE VERLO PRESO
Todos hablan del ex interventor
La interventora en el PAMI, Cecilia Felgueras, advirtió ayer que la querella penal por presunta asociación ilícita que formuló el Gobierno contra Víctor Alderete �no es una denuncia más, es gravísima y está relacionada con repensar el Estado y el financiamiento de la política�. La funcionaria admitió que tiene �muchísimas ganas� que termine en la cárcel �aquel que cometa irregularidades�. La Oficina Anticorrupción que presentó la denuncia recibió diversas muestras de respaldo, mientras que el vicegobernador bonaerense Felipe Solá opinó que Alderete sufrió �un abuso de linchamiento previo�, aunque lo calificó de �alcahuete permanente� del ex presidente Carlos Menem.
La diputada de la Alianza Elisa Carrió afirmó que el ex presidente del PAMI era el �jefe de una asociación mafiosa� y consideró que �se está operando para que no vaya preso� el ex funcionario menemista. Por su parte, el vicepresidente Carlos Alvarez respaldó la �seriedad� y la �responsabilidad� con que actuó la Oficina Anticorrupción, mientras que la diputada María América González opinó que tiene �la esperanza de que con la actuación conjunta de la Oficina, los diversos organismos controladores y el trabajo independiente de la Justicia, el empresario Alderete tenga la sanción que le corresponde�.
El candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Acción por la República, Domingo Cavallo, opinó que la Justicia debería investigar irregularidades en el PAMI desde 1983 porque �si (Víctor) Alderete dirigió una asociación ilícita, yo puedo asegurar que esa asociación viene desde muy lejos. El PAMI fue manejado de la misma forma desde el gobierno radical de 1983 a 1989 y después continuó�.
El titular de la Oficina Anticorrupción, José Massoni, adelantó que la investigación de la gestión de Alderete al frente del PAMI no está terminada. El abogado defensor de Alderete, León Arslanian, consideró que �a mí me parece que esta querella, como la llaman, es muy imaginativa y de ninguna manera ha habido una asociación de estas características�.
Denuncia contra Kammerath
Las diputadas aliancistas Elisa Carrió y Nilda Garré denunciaron ayer en la Oficina Anticorrupción al intendente de Córdoba, Germán Kammerath, por presuntas irregularidades durante su gestión como secretario de Comunicaciones. Esta acusación generó una fuerte defensa del gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, quien acusó a las legisladoras oficialistas de �destructivas�.
Garré y Carrió denunciaron a Kammerath por dictar una resolución que describe como inversiones el gasto de 126 millones de pesos que realizó en despidos la empresa concesionaria del Correo Argentino. Kammerath es un hombre de confianza de De la Sota, a quien primero acompañó como vicegobernador, cargo al que luego renunció para derrotar al radicalismo en la elección del intendente de la capital provincial.
Sobre la denuncia, Garré explicó que el contrato de concesión prevé que la empresa a cargo del Correo �estaba obligada a hacer una inversión anual de 25 millones de pesos para mejorar el servicio a los usuarios. La empresa en vez de invertir pidió que los 126 millones de pesos que había gastado en concepto de indemnizaciones, por lo que estimaba un exceso de personal que tenía la empresa Encotesa, le fueran reconocidos como inversión�, reclamo que fue autorizado por Kammerath, precisó la legisladora.
|
