El País de Madrid
Por Ernesto Ekaizer desde Londres
 Los
dos diarios que más apoyaron aquí al general Pinochet �The Times y The
Daily Telegraph� coincidieron ayer en señalar el posible origen de la
filtración del informe médico sobre el general Pinochet. El primero: �Los
gobiernos de España y de Chile son los que tienen más que ganar con esta
filtración�. El segundo: �Abogados relacionados con el caso dicen que
el gobierno español de centroderecha, que ha tratado de bloquear la
extradición, es responsable de la filtración�. Ambos también afirman
que el ministro Jack Straw se ve reforzado ahora para liberar al ex
dictador.
Fuentes solventes consultadas por este diario señalaron que la operación
de filtrar el informe médico fue preparada como una de las alternativas
ante un eventual fallo como el que dictaron los tres jueces del tribunal
divisional �Divisional Court� el pasado martes 15. El gobierno
español esperaba una sentencia favorable al ministro Straw. Hay pruebas
que ilustran el estado de ánimo del Ministerio de Asuntos Exteriores en
dicho sentido. Por ejemplo: una carta del 10 de febrero, escrita por el
subsecretario de Asuntos Exteriores, José de Carvajal, al juez Baltasar
Garzón. Carvajal, como quien no quiere la cosa, dice: �Además, a este
respecto (la revisión judicial) cabe también recordar que el juez Brown
ha declarado recientemente que `podemos discutir el asunto de los
exámenes médicos, pero la realidad es que el ministro del Interior tiene
amplísimas prerrogativas para decidir si concede o no una extradición o
cuándo interrumpe el proceso y en la práctica podría enviar a Pinochet
a Chile por motivos políticos o simplemente porque quiere hacerlo y nadie
podría hacer nada para evitarlo��.
La indicación �recientemente� se refiere al inicio de la vista, el
lunes 7, y la frase está fuera de contexto. Pero eso es harina de otro
costal. Lo que importa es señalar la esperanza del gobierno de Aznar de
que con dicha frase se prefiguraba el fallo. Los argumentos del gobierno
español �no hay bases para recurrir, es discreción total del ministro
Straw, no es un asunto judicial� sufrieron una derrota cuando el
tribunal decidió dar permiso para recurrir el martes 8. El mismo día, el
abogado Jonathan Sumption, del Ministerio del Interior británico, fue
sometido a un intenso vapuleo por parte del tribunal. La sensación
resultante fue la de una nueva catástrofe para el ministro del Interior.
Al día si-guiente, miércoles 9, Sumption se recuperó. Advirtió al
tribunal sobre las consecuencias políticas de una sentencia que obligase
a entregar el informe médico a los cuatro países que solicitan la
extradición de Pinochet �España, Bélgica, Francia y Suiza�.
Fuentes jurídicas solventes aseguran que en ciertos medios del gobierno
español se contaba con información sobre el contenido del informe
médico desde hacía ya cierto tiempo. Hay un dato preciso: el gobierno
chileno tenía los informes previos enviados al ministro Straw el 14 de
octubre de 1999, junto con la petición de examinar a Pinochet. Son una
serie de informes que resumen la historia clínica pasada y presente del
ex dictador y que fueron utilizados como background por los cuatro
médicos que revisaron a Pinochet en el Northwick Park Hospital de Londres
el 5 de enero del 2000.
La operación de filtración del informe médico confidencial fue
contemplada, pues, según las fuentes consultadas, con bastante
antelación al día martes 15. �No fue una improvisación. Se trataba de
una fórmula ante un proceso que renacía en una etapa difícil, esto es,
durante la propia campaña electoral española�, dijo una fuente.
Por lo tanto, la decisión de filtrar fue tomada ante la hipótesis,
remota pero posible, de que los jueces británicos decidiesen ordenar la
entrega del informe. Tenía que ser una filtración �ipso facto�.
¿Por qué razón? Primero para diluir el efecto de un fallo que iba
nuevamente en contra de lo que juraba y perjuraba el gobierno español.
Pero, además, la clave del fallo del martes 15 es que recortó la
discrecionalidad del ministro del Interior mediante la fórmula de
entregar el informe ��está usted obligado�, dice la sentencia� y
dar tiempo, siete días, para hacer alegaciones ante Straw, quien después
podrá tomar, conforme a la ley, su decisión. El informe �y esto,
nuevamente, es una resolución judicial� debía ser entregado bajo
estricta confidencialidad.
El período de alegaciones también preocupaba. Los jueces de instrucción
�Garzón en España, Vandermeersch en Bélgica y Le Loire en Bélgica,
aparte de los suizos� formarían sus equipos médicos forenses para
examinar el informe médico �y un juego importante de cartas que lo
acompañan, que no han sido develadas� y presentar sus alegaciones a
Straw el próximo martes 22.
Los gobiernos de Chile y de España, ¿comparten el interés en un
desenlace rápido o les da igual el factor tiempo? Es una pregunta
fundamental. La obsesión de ambos por las fechas es coincidente. Al
presidente Frei, según fuentes diplomáticas chilenas, le quita el sueño
la posibilidad de que Pinochet no pueda regresar a Chile antes del 11 de
marzo, cuando deja el Palacio de la Moneda. Frei, que prometió el retorno
de Pinochet durante su mandato, quiere �cumplir� con lo dicho. Tiene
que ser, pues, antes del 11.
Por su parte, Aznar hubiera querido liquidar el asunto bastante antes del
inicio formal de la campaña de las elecciones del 12 de marzo, en lugar
de verse enzarzado en la batalla sobre los recursos judiciales en Londres
y la guerra de guerrillas entre la Cancillería española y el juez
Garzón. No pudo ser, porque los jueces británicos se opusieron.
Por todos estos factores de carácter político, ni el gobierno de Aznar
ni el de Frei podían esperar el desenlace del calendario judicial
establecido: entrega del informe el martes 15, alegaciones el martes 22 y
decisión de Straw quizá dos días más tarde, el jueves 24. A todo esto
hay que agregar otro elemento: si los equipos médicos de los países que
alegarán no están de acuerdo con el diagnóstico de que Pinochet está
incapacitado para someterse a juicio, los Estados pueden recurrir en
revisión judicial la decisión final de liberación que adopte Straw. Y
pueden pedir, también, que los tribunales paralicen ��vía injunction�
o �stay�� la libertad del ex dictador, lo que, caso de ser aceptado,
no le permitiría regresar a Chile.
El calendario político en Santiago y en Madrid, pues, no aguantaba. Si
para Frei era un problema de prestigio, como dice un diplomático chileno
muy familiarizado con el lenguaje de Madrid, y que prefiere por razones
obvias pasar inadvertido, para Aznar era liquidar la molestia en que se
había convertido el caso Pinochet. Y la filtración del contenido del
informe médico era pues el hachazo, salvaje �interferir en la acción
de la Justicia, actualmente en curso� pero aparentemente definitivo. �¿De
qué estamos hablando cuando hablamos de Pinochet? Pues, de esto, de este
despojo.� Ese fue el mensaje de la fría y calculada operación. El
canciller Abel Matutes resumió en pocas palabras la situación a partir,
se supone, de la lectura del informe: �Es rotundo, concluyente y sin
fisuras�. Otros ministros, como Louis Michel, según dijo su asesora
Chantal Monet ayer a este diario, ni siquiera abrieron el sobre lacrado
con los documentos de Londres. Se lo entregaron directamente al juez
Vandermeersch. Ni Michel, ni sus colegas de Francia y Suiza hicieron
declaración alguna, por entender que el asunto está sub judice. Que es
la verdad.
La tentativa de arbitraje bilateral en julio de 1999 entre España y
Chile, a propuesta del gobierno de Santiago, fue el primer intento en
regla de ajustar cuentas con el caso Pinochet. Pero fracasó en
setiembre.Luego le siguió, ya en octubre, la visita aparentemente secreta
de dos funcionarios de Asuntos Exteriores �Miguel Aguirre de Cárcer, de
Madrid, y la consejera política Carmen de la Peña, de Londres� el 5 de
octubre de 1999 a la Fiscalía de la corona londinense, tres días antes
de la sentencia de extradición del 8 de octubre. Dicha misión dio lugar
a un incidente con la Fiscalía británica, por no estar en condiciones
los diplomáticos de aclarar si era necesario recurrir un eventual fallo
adverso a la extradición.
El 12 de octubre, fue el embajador de España en Londres, marqués de
Tamarón, quien mantuvo una reunión en la citada Fiscalía británica
para �ordenar� las comunicaciones en el futuro, un futuro que, más
pronto que tarde, se pudo advertir, sería decisivo. Las comunicaciones
directas, fluidas, entre el juez Garzón y la Fiscalía británica
quedaron bloqueadas para siempre.
La decisión de no recurrir en revisión judicial parecía a los ojos del
gobierno español el último punto de esta carrera. Pero, como un monstruo
de mil cabezas, volvió a ser una pesadilla. Cuando se vio que el informe
médico de Pinochet podría llegar a España, se ejecutó el plan. Una
bomba �limpia�. O más bien sucia.
| Claves
 La
filtración del informe sobre la salud de Pinochet fue una maniobra
abortiva del gobierno español para demostrar que el ex dictador no
puede ser llevado a juicio, y favorecer su liberación por parte de
Londres.
Esa
maniobra estaba planeada desde hacía tiempo, pero se aceleró cuando
la Alta Corte británica ordenó al ministro del Interior Jack Straw
que entregara el informe a Bélgica, España, Francia y Suiza, los
países que pidieron la extradición.
Es que
el tiempo apremiaba, tanto para el gobierno de centroderecha de José
María Aznar en España �que enfrenta el 12 de marzo unas elecciones
muy reñidas con el frente de izquierda� como para el de Chile, cuyo
jefe saliente Eduardo Frei había prometido retornar a Pinochet al
país antes de su propio cese, el 11 de marzo. |
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