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Por
Irina Hauser
 María Julia
Alsogaray seguirá batiendo records en los tribunales. Dentro de los próximos
quince días la Oficina Anticorrupción la demandará por manejos
irregulares de fondos, contratos adjudicados en forma directa y a dedo y
millonarios sobreprecios detectados en la ejecución de uno de los
programas de la vieja Secretaría de Recursos Naturales. Los
investigadores la acusarían como presunta responsable de los delitos de
administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario
público. La ex funcionaria, por ejemplo, contrató para la Coordinación
de Proyectos al ingeniero Santiago Bignoli --con quien tiene una estrecha
relación personal-- sin llamar a concurso y utilizando una figura que sólo
suele reservarse para solicitar, en casos excepcionales, los servicios de
los grandes maestros. Más aún, además de haber pagado de más hay un
dictamen que dice que la construcción es de mala calidad.
La pesquisa del área que
conduce José Massoni tiene su origen en un informe sobre el Programa de
Desarrollo Institucional Ambiental (Prodia) elaborado el año pasado por
la Auditoría General de la Nación (AGN) cuando aún la presidida el
radical Enrique Paixao. "Existen grandes diferencias entre el
presupuesto original y los gastos efectuados", advertían los
auditores. El contenido de ese documento fue redoblado por otro que a
fines de enero dio a conocer el sucesor de María Julia, el aliancista
Oscar Massei. Ambos fueron publicados en exclusiva por Página/12.
La Oficina Anticorrupción tomó
nota de las irregularidades que habían sido detectadas e inició su
propio expediente --estudiando, a diferencia de la Auditoría, la
totalidad de los contratos del Prodia-- que desembocará con forma de
denuncia en los próximos días ante algún juez federal. Todavía Massoni
no firmó la resolución de la presentación pero, según aseguraron
allegados al área anticorrupción del Ministerio de Justicia y a la
actual Secretaría de Desarrollo Sustentable, la decisión estaría tomada
porque se corroboraron los puntos más importantes y comprometedores que
habían sido señalados originalmente por la AGN.
* Al parecer, efectivamente la secretaría que lideraba María
Julia pagó, entre otras cosas, materiales para la refacción de las
oficinas del Prodia por valores que llegaban a superar en un 344 por
ciento a los vigentes en el mercado. La AGN había hecho esta verificación
en función de comparaciones con los precios publicados por la revista
Vivienda, número 409, de agosto de 1996, la época en que se gestionaron
las modificaciones edilicias. Por ejemplo, según el informe de los
auditores se pagó $71.771,76 lo que valía $37.373,71, según ya publicó
este diario. Al adquirir revestimientos cuyo metro cuadrado valía $5,80
se pagaron 49 pesos; por los vidrios traslúcidos que costaban 9,79 el
metro cuadrado se abonaron 43 pesos; la mano de obra para la construcción
de sanitarios que podía haber costado $22.313 fue contratada por 99.100.
Por todo el arreglo la secretaría desembolsó unos dos millones de
dólares, pero los porcentajes pagados de más dependían de cada rubro.
En algunos donde la secretaría no dejó registrada la cantidad o los
metros comprados, los sobreprecios serían mayores. El sector que conduce
Manuel Garrido dentro de la Oficina Anticorrupción corroboró estos datos
y constató con informes periciales que la obra, además, era de mala
calidad.
* A María Julia se la
cuestiona también por haber hecho contrataciones directas, sin las
licitaciones o los mecanismos indicados. El caso paradigmático es el de
Bignoli. El órgano de control administrativo pudo corroborar, a través
de declaraciones de gente vinculada a la ex Secretaría de Recursos
Naturales, que existe una relación personal entre María Julia y el
ingeniero contratado para dirigir la Coordinación de Proyectos.
Bignoli es el mismo hombre que
se encargó de la refacción del lujoso petit hotel en el que vive la
ingeniera en Junín 1435. Para designarlo en el Prodia, salteando a otros
posibles postulantes, se utilizó una figura denominada "intuitu
personae", una modalidad que suele reservarse para tomar los
servicios de profesionales muy destacados en cierta especialidad. "A
Bignoli lo contrataron como si fuera Le Corbusier o como si hubieran traído
a Picasso para pintar un mural", comparaban anonadados
los investigadores.
Tal como había dejado sentado Massei en su informe, se sabe que
María Julia creó un fideicomiso con el Banco Ciudad que recibió
transferencias por algo más de cinco millones de pesos desde 1995
sobrantes del presupuesto. Lo que todavía analizan en la fiscalía de la
transparencia es para qué se creó ese fondo y si existió alguna
maniobra ilegítima. Hay quienes sospechan que podría ser utilizado para
administrar el dinero con discrecionalidad, pero eso no necesariamente
implica violar las normas.
El
nuevo titular de medio ambiente había agregado observaciones sobre la
documentación utilizada en las compras y los contratos: faltaban sellos y
firmas, aparecían informes nunca solicitados, agregados de memos con
fechas incongruentes, entre otras "desprolijidades".
Días atrás María Julia le presentó a Massoni, a través de sus
abogados, un escrito donde negaba cualquier anomalía en su gestión con
argumentos tales como que los precios para obras públicas nunca son los
mismos que los de las privadas. Esta defensa no modificó el parecer de
los funcionarios anticorrupción que, mientras la denunciarán por delitos
castigados con hasta 6 años de cárcel, la siguen investigando en otros
temas como su presunto enriquecimiento ilícito y contratos de Parques
Nacionales.
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El
auditor excluido
El actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN),
Rodolfo Barra, fue cuestionado desde un principio por los legisladores
de la Alianza. Como había intervenido en la privatización de varias
empresas del Estado durante la presidencia de Menem, Barra tendría
que dictaminar como auditor en áreas en las que ya había actuado. A
fines de enero pasado, el aliancista Oscar Massei, sucesor de María
Julia Alsogaray en la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política
Ambiental, impugnó la participación de Barra en la evaluación del
Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (Prodia) durante la
gestión de la ingeniera Alsogaray. En un documento suscripto por
Massei se constataba que Barra había sido contratado como consultor
del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica
Matanza-Riachuelo. También la hija del auditor, María Eugenia Barra,
prestaba servicios para la Secretaría de Desarrollo Sustentable como
arquitecta paisajista. Enseguida Barra anunció que se excusaba de
auditar el Prodia porque "el período auditado coincide con mi
etapa de consultor". |
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Lo
Entel también se mueve
En
el marco de la causa que investiga la gestión de María Julia
Alsogaray al frente de Entel, fue citado el decano del Cuerpo de
Peritos Contadores de la Justicia nacional Alfredo Peralta, para el
próximo 29 de febrero. Peralta deberá ampliar las conclusiones de
una investigación realizada por el organismo que preside, en las
que se encontraron presuntos pagos "sin causa" de Entel
hacia su proveedora Pecom‑Nec, del grupo Pérez Companc. Según
fuentes judiciales, estaría comprobado que Entel pagó
indebidamente --en 1991-- 19 millones de pesos cuando, en realidad,
las deudas contraídas apenas alcanzaban el 10 por ciento de esa
suma. Sin embargo, el dinero habría sido restituido por la
proveedora involucrada. Peralta fue convocado a declarar por el
fiscal federal Carlos Cearras, a quien el juez Jorge Urso había
delegado la investigación. Dos años atrás, Cearras pidió a Urso
que cite a declarar a la ingeniera Alsogaray como acusada, bajo
cargos de posible fraude, pero el juez no accedió al requerimiento
del fiscal. La actual preocupación del fiscal es que desde el 10 de
diciembre de 1999 --cuando Alsogaray dejó la función pública--
empezó a correr el tiempo para la prescripción de los delitos que
se le imputan. |
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CLAVES
La Oficina Anticorrupción presentará una denuncia judicial contra
María Julia Alsogaray.
La acusará como presunta responsable de los delitos de administración
fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Por ejemplo, se le imputa haber contratado a un ingeniero poco
conocido sin llamar a concurso y en condiciones sólo permitidas en
casos excepcionales, para requerir los servicios de los grandes
maestros.
También se le atribuye haber adquirido productos a sobreprecios
fabulosos. Para colmo, muchos eran de mala calidad. |
Barra investiga a la Universidad de la
Rioja
Una ayudita de los amigos
Por I.H.
En una reunión
extraordinaria, la Auditoría General de La Nación (AGN) -el organismo que
preside el menemista Rodolfo Barra� resolvió que hará su propia
investigación en la Universidad Nacional de la Rioja (UNLaR). Algunos
funcionarios ligados a la Casa Rosada interpretaron la iniciativa como una
suerte de �contrauditoría� de la que ayer estaba culminando un equipo
de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que llevaba quince días
revolviendo documentación. Según había adelantado Página/12, esta
comisión estaba al borde de corroborar algunas irregularidades financieras
y administrativas esbozadas en una auditoría que el año pasado quedó
inconclusa y podría motorizar el descabezamiento de la cúpula de la casa
de altos estudios de la tierra de Carlos Menem.
La Sigen, a cargo de Rafael Bielsa, inició una auditoría sorpresa como
parte de sus controles habituales y para verificar datos que tenía en su
poder. Una denuncia recibida hace poco más de  un
mes y que Página/12 adelantó en exclusiva señalaba que, de los 63
millones pagados para construir la Ciudad Universitaria, 25 millones
habrían tenido destino desconocido. También hablaba de adulteración de
actas de exámenes y planteaba que el número de estudiantes que declaraba
oficialmente la UNLaR no era la cifra de alumnos reales. La Sindicatura ya
tenía información propia que indicaba que en el último ciclo lectivo esta
universidad tuvo cerca de 1600 inscripciones más que el total de egresados
de escuelas secundarias de la provincia.
La preocupación del rector de la UNLaR, Enrique Tello Roldán, creció
cuando el secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Gottifredi,
dijo que podría intervenir la institución. Mientras todo La Rioja
rumoreaba que el rector pediría la intervención de Barra en el asunto, él
se lo negó a este diario. �A Barra no tengo ni el gusto de conocerlo�,
insistió. Sin embargo, el colegio de auditores de la AGN, donde el ex
ministro de la Corte tiene a la mayoría de su lado, resolvió esta semana,
sorpresivamente y en tiempo record (el expediente se inició el 14 de
febrero y el 16 se comunicó a la UNLaR) que hará su propio informe. El
más opositor de los auditores a la gestión actual, el frepasista Mario
Fadel, no estaba en Buenos Aires debido a la muerte de su hermano y nadie le
avisó de la reunión inesperada.
El trabajo estará a cargo de la Gerencia General del Sector Público
Nacional no financiero, señalaron voceros de la AGN, y empezará esta
semana. Esa área depende de Alejandro Cachaldora, que fue secretario de
audiencias del Ministerio de Justicia entre 1992 y 1997 (acompañó en esa
cartera a Barra y a Elías Jassan), asesor de Erman González entre el �90
y el �91, y asesor del directorio del Banco Central en el �89, entre
otros cargos. El coordinador de la auditoría será el justicialista José
Paquez. �Cachaldora fue el que me informó�, dijo Tello Roldán. Y
agregó: �Es cierto que algunos de los temas son casi iguales a los que
estuvo auditando la Sigen: el ingreso y aplicación de los fondos
específicos transferidos por el Ministerio de Educación, el sistema de
pago y designación de docentes, la relación con instituciones conexas como
la obra social y el régimen electoral�.
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