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Desde el edificio de la propia EBY, cerca del territorio misionero
y a escasos kilómetros de la localidad paraguaya de Ayolas, Gallo y el
ministro de Obras Públicas del país vecino, José Planas, desecharon públicamente
cualquier alternativa de privatización de la represa. En el mismo
encuentro con la prensa, minutos después de una reunión a puertas
cerradas, ratificaron la voluntad de subir la cota de la central de 76
metros a 83, tal como está previsto desde que se diseñó.
El principal argumento técnico
a favor de esta suba es que le permitiría a la central producir energía
adicional por valor de 200 millones de pesos anuales, y prácticamente sin
aumentar los costos operativos. Como contrapartida, obliga a una serie de
obras adicionales para paliar los efectos de la inundación que producirá
subir la cota de la represa. Entre ellas, la relocalización de viviendas
en ambos lados de la frontera, líneas férreas, construcción de plantas
de tratamiento de líquidos cloacales y un dique.
La primera condición para
avanzar con ese programa es que Paraguay sancione una ley de
expropiaciones, que le permita a la EBY despejar la zona que se va a
inundar. Pero la inestabilidad política de ese país y los intereses de
funcionarios que son también propietarios de los terrenos a anegar por
ahora congelaron el proyecto en el Congreso.
La otra gran cuestión es quién
y con qué dinero hará una obra que Infraestructura valúa en 700
millones y para técnicos ligados al Banco Mundial puede llegar a los
1100. La contratista civil Eriday --grupo liderado por Impregilo y Dumez,
que también integran las grandes constructoras argentinas como Sideco,
Roggio y Techint y una paraguaya propiedad del ex presidente Juan Carlos
Wasmosy-- propuso más de una vez al gobierno anterior encargarse de
hacerla a cambio de operar la central y recuperar así los fondos con la
venta de energía.
Pero Gallo descartó de cuajo
esta alternativa y encontró una fórmula que reserva al Estado la
obligación de conseguir el dinero y administrar la venta de la
electricidad. La propuesta, a la que se suma Paraguay, consiste en que la
EBY constituya un fideicomiso bancario poniendo como garantía la futura
venta de energía. Los técnicos oficiales se esperanzan de que en poco más
de tres años esta nueva deuda podría cancelarse. Previo a eso, el
ministro de Infraestructura esperará los estudios técnicos que encomendó
a la consultora Parson, para que evalúe los costos y beneficios de subir
la cota a menos de 83 metros.
Para el Banco Mundial, económicamente
no tienen mucho sentido las alternativas intermedias, ya que muchas de las
obras a costear con aquel fideicomiso hay que hacerlas de cualquier modo,
ya que corresponden a esta primera etapa de vida de la usina. Sin embargo,
la diferencia sustancial respecto de los planes del gobierno argentino
surgen cuando la entidad se manifiesta partidaria de que sean empresas
privadas y no la EBY las que hagan las obras que faltan y administren
luego la energía bajo el sistema de concesión. La idea fue expuesta ante este diario por Sevilla, el ingeniero urbanista del BM que integró la comitiva oficial con la que Gallo llegó hasta Yacyretá a entrevistarse con su par paraguayo. Antes había sido planteada por escrito ante el gobierno argentino por un panel internacional de expertos a los que el Banco convocó para analizar el futuro de la central. "La EBY no cuenta con ninguna credibilidad", consta en un resumen ejecutivo elevado por los especialistas. "Si la EBY se ocupa de las futuras obras, no hay ninguna garantía de que no vuelva a haber atrasos y sobrecostos", ratificó Sevilla ante este diario.
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