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Semana
curiosa la que pasó el equipo económico. Apenas había comenzado a
sentirle el gusto a los acuerdos con la oposición para habilitar la
aprobación de las leyes que consideraba fundamentales para ordenar su
flamante gestión. José Luis Machinea creía estar entrando en la
etapa de las medidas para promover la producción, dejando atrás la
de las antipáticas medidas del ajuste. Pero imprevistos frentes de
tormenta se abrieron en el horizonte. En una poco amable visita, la
representación comercial de Estados Unidos se dedicó a diseminar
amenazas contra el Gobierno si se dispone a impulsar una ley de
patentes que ampare a los laboratorios locales. En tanto, las empresas
petroleras le hicieron saber que no tendrán la misma predisposición
de las telefónicas o los concesionarios de rutas por peaje para bajar
costos. Por el contrario, ratificaron que aumentarán los combustibles
tantas veces como lo consideren necesario, en virtud de factores
externos. Y si les imponen regulaciones, amenazan hacer arder Troya. O
retirar inversiones, que es como si fuera lo mismo.
Endulzado por la exitosa
experiencia de Nicolás Gallo, ministro de Infraestructura, al
negociar bajas de tarifas con las telefónicas y los concesionarios
viales, la conducción económica se lanzó a buscar el consenso de
las tres petroleras que manejan el mercado (Repsol-YPF, Esso y Shell)
para bajar los precios de los combustibles, localmente en uno de los
escalones más altos del mundo. La respuesta fue un desplante, y la
ratificación de su absoluta independencia respecto de las políticas
oficiales y sus pretensiones de bajar los costos de producción.
Pese al desencanto, la
Secretaría de Energía intentó recomponer su imagen adjudicándose
el éxito de haber llevado a Repsol-YPF a retrotraer los precios el
jueves último, a menos de 24 horas de haber resuelto un inoportuno
aumento. Pero, en verdad, fueron otras las presiones que debió
afrontar la empresa española y que la llevaron a modificar su primera
decisión.
La independencia de las políticas
oficiales que las empresas extranjeras esgrimen en la Argentina no es
tal en sus países de origen. Repsol, como las demás petroleras
poderosas del Viejo Continente, había sido advertida por las
autoridades de la Unión Europea de que no se le admitiría trasladar
a los consumidores de combustibles el aumento del crudo internacional.
La preocupación, como en el resto del mundo, es que el aumento de
costos frene la tendencia al crecimiento de la economía.
La impuesta mesura en su política
de precios en Europa fue compensada por Repsol con aumentos en un
mercado donde no enfrenta controles y opera en condiciones monopólicas,
como el argentino. Así, en los últimos seis meses incrementó los
valores locales de la nafta súper en un 17 por ciento y el gasoil en
un 24. Un "colchón" de ganancias suficiente como para
compensar resultados no obtenidos en otros mercados. Sin embargo, la
insistencia en esta política de ajustes periódicos amenazaba esta
semana en convertirse en un conflicto público. Advertido de la
inconveniencia de sentar ese precedente internacional frente a las
autoridades europeas --que también supervisan sus operaciones
mundiales--, finalmente desistió. Lo que no acepta la petrolera española
es "regalarle" el mérito al gobierno argentino ni dejar el
antecedente de que cede a presiones oficiales.
Desarmada, la secretaría que dirige Daniel Montamat --aun en
ausencia de éste, de vacaciones en el sur-- desplegó su receta para
"ordenar" el mercado: impulsar la competencia de los
combustibles importados sobre la oferta local. Repitió, así, los
mismos argumentos esgrimidos en los últimos años por sus dos
antecesores, Alfredo Mirkin y César MacKarthy, sin reconocer el
pecado de origen: la desregulación del mercado petrolero y de
combustibles de principios de la década, sin haber tomado en cuenta
que no es un mercado en competencia sino que opera en condiciones
monopólicas. Situación que les da a las tres empresas dominantes,
además, el control de instalaciones de almacenaje portuarias, ductos
y sistema de transporte terrestre, y sobre las estaciones de servicio.
El combustible importado se vería, así, imposibilitado de llegar al
consumidor sin la anuencia de las "tres grandes".
"El argumento de la competencia importada es una falacia
gatopardista, esgrimida para que todo siga como hasta ahora",
disparan desde los ámbitos técnicos de las dos fuerzas mayoritarias,
englobando en la crítica a los dos últimos titulares de Energía
menemistas y al actual. Y de paso, lanzan un interrogante envenenado:
¿por qué, si los combustibles son un servicio público, Energía no
quedó en el ámbito de Infraestructura? El dardo apunta a cuestionar
la virtual bicefalía que padece hoy Energía, con un secretario que
responde al jefe de Gabinete pero depende funcionalmente del ministro
de Economía. Y a la vez, la propuesta esconde un reconocimiento a la
mejor cintura de Gallo para negociar que la que le adjudican a
Terragno y Machinea.
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