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"Hubo advertencias acerca
de que podrían congelar inversiones", admitió un alto funcionario
de la secretaría, quien también reveló que "hubo quien dijo que,
si se modifican las reglas de juego, en lugar de inaugurar una planta aquí
lo hará en San Pablo". Este último gesto de presión habría
correspondido a Esso. Como anticipó Página/12, la baja de precios
de Repsol YPF se produjo ayer sólo en algunas estaciones de servicio
--las que le pertenecen--, mientras que las que comercializan sus
combustibles bajo contrato mantuvieron el alza del 1 por ciento en las
naftas y del 4 por ciento en el gasoil. El argumento de estos últimos
estacioneros fue que se habían aprovisionado con combustibles al nuevo
costo y que no los bajarán hasta tanto lo despachen.
La decisión de Repsol YPF de
retrotraer sus precios al nivel del último miércoles obedeció a dos
motivos fundamentales. En primer lugar, ante la reacción indignada de la
opinión pública por el aumento y por la decisión de sus dos principales
competidoras, Shell y Esso, de no seguirla en el incremento. Esto llevó a
la ex petrolera estatal a evaluar que el riesgo de sufrir un fuerte
deterioro de su imagen pública era mayor a la ganancia económica propia
de los nuevos precios. En segundo término, tan o más importante, es que
Repsol es una de las empresas supervisadas por la Unión Europea en todo
el mundo (ver panorama).
Pero más haya de este
movimiento coyuntural, las petroleras están dispuestas a mantener el
nivel de ganancias a que están acostumbradas. "El año pasado,
embolsaron 900 millones de dólares adicionales a la ganancia natural por
la venta de combustibles. Esos ingresos extra fueron porque los precios
domésticos se ubicaron por encima de los internacionales", denunció
en diálogo con este diario el diputado Víctor Fayad (Alianza),
presidente de la Comisión de Energía de la Cámara baja. Las empresas
son conscientes de que, quieran o no, se abrirá una etapa de negociación
con el Gobierno por el funcionamiento del mercado y, por ende, de nuevas
normas de regulación. Anticipándose a esa negociación, ayer dijeron que
congelarán sus inversiones si se cambian las reglas en el mercado. Lo que
hicieron fue poner bien alto el listón para tener un arma de presión
cuando se sienten a dialogar con el Gobierno.
Otra forma de mostrarse duros, en este caso por parte de Repsol
YPF, fue denegar el pedido de los funcionarios de la Secretaría de Energía
para comunicarse ayer con el presidente de la compañía a nivel mundial,
el español Alfonso Cortina. Para esa cartera fue un desplante que le
complica aún más su relación con el resto del Gobierno. El secretario,
Daniel Montamat, es un hombre de Rodolfo Terragno por quien el ministro de
Economía, José Luis Machinea, no profesa especial simpatía. El titular
de Economía y el propio De la Rúa pidieron estar constantemente
informados sobre la evolución de los precios y las medidas que analiza la
secretaría para tender a una baja de precios. El Presidente incluso se
molestó con Montamat porque, a pesar del escándalo, no regresó de sus
vacaciones en el sur.
La derivación política de la
guerra por el precio de las naftas tampoco es de menor trascendencia.
Dirigentes de los principales partidos ayer tuvieron algo que decir,
aprovechando para obtener rédito propio en esta discusión. Domingo
Cavallo aseguró que es necesario eliminar el Impuesto a la Transferencia
a los Combustibles (ITC) para que la economía argentina logre mayor
competitividad. Por su parte, el titular del bloque justicialista de
Diputados, Humberto Roggero, sostuvo que "está claro que en nuestro
mercado hay monopolio, un sistema claramente pensado por la actual Ley de
Defensa de la Competencia que debería ser utilizada en forma
inmediata", aunque tendió un puente "conciliador" al señalar
que, "si el Gobierno quiere utilizar nuevas herramientas legales para
acabar con el monopolio en el mercado de los combustibles, va a recibir el
apoyo de nuestro partido". PIDEN
SUBA DEL BOLETO. PARARIAN LOS CAMIONEROS
Pese a la anunciada rebaja de
los combustibles, Alberto Crespo, titular de la Cetap, una de las cámaras
que agrupa a los empresarios colectiveros, denunció que ayer el precio
del gasoil les aumentó un 5 por ciento. "Las autoridades de Repsol
nos dijeron que mientras siga aumentando el valor del petróleo, ellos no
pueden parar (los incrementos)", comentó en tono quejoso el
directivo.
Los empresarios señalaron que
en las playas cabeceras de las empresas ayer recibieron el combustible con
un incremento del 5 por ciento. "En los últimos siete meses, el
gasoil subió un 61 por ciento y el boleto se quedó en el mismo
precio", señaló Crespo. Por tal motivo, reclaman que el Gobierno
autorice una tarifa mínima de 80 centavos. "Frente a esta situación,
las entidades del sector señalan que se verá afectada la normal prestación
de los servicios ante la imposibilidad de hacer frente a los costos de
explotación", alertaron los empresarios a través de un comunicado.
Los pasos que seguirán los
transportistas comenzará a develarse pasado mañana, cuando los
dirigentes del sector se reúnan en una asamblea que promete ser
multitudinaria. En principio, la idea es llevar a cabo "un
colectivazo" --así lo definen los empresarios-- por el centro de la
ciudad durante la tarde del miércoles. Por otra parte, reclamarán la
eliminación del impuesto que grava al gasoil en 12 centavos.
La ola de protestas se
desencadenó tras los últimos aumentos tarifarios impulsados por las
compañías petroleras ante la escalada en el valor del crudo, que durante
esta semana sobrepasó los 30 dólares por barril. Según las petroleras,
esos incrementos no hacen otra cosa que reflejar la suba del 100 por
ciento que registró el barril de petróleo en el último año. Y que,
frente a esa realidad, la única alternativa es trasladar ese aumento a
los precios de los combustibles.
Pero tanto los colectiveros
como los camioneros se sienten perjudicados, y están dispuestos a llevar
sus quejas al Gobierno. "Le decimos a Fernando de la Rúa que haga lo
imposible para no mandar al transporte al paro", reclamó Rubén
Agugliaro, titular de la Confederación Argentina del Transporte Automotor
de Cargas (Catac). La última vez que el transporte de carga estuvo en
huelga fue el año pasado, cuando pedían quedar excluidos del pago del
impuesto para el incentivo docente. En aquel momento, hubo
desabastecimiento de mercadería en algunas regiones del interior del país
y peligró la llegada de productos de primera necesidad a la Capital. "Estamos trabajando a pérdida", advirtió Agugliaro. Los camioneros argumentan que el precio del combustible se encareció un 46 por ciento en el último semestre, y que tal incremento no pueden trasladarlo a las tarifas. "(Las petroleras) le quieren torcer el brazo al Presidente. Pero hay que ponerse las pilas. De la Rúa tiene que ser quien controle y modere el negocio de estas compañías", pidió el empresario.
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