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El fiscal planteó que la intervención de la Oficina Anticorrupción es inconstitucional porque se superpone con los fiscales. |
 La
Oficina Anticorrupción, el organismo encargado de pesquisar los casos de
corrupción cometidos en la gestión pública, sigue en el centro del
debate judicial. El fiscal federal Eduardo Freiler negó que el planteo de
inconstitucionalidad que interpuso el jueves contra la ley que creó esa
oficina �la ley de Ministerios� sea una maniobra política para evitar
que se investigue a los ex funcionarios María Julia Alsogaray y Víctor
Alderete. �Es una opinión desacertada�, afirmó. El escrito
presentado por Freiler sostiene que el organismo pretende asumir funciones
que le corresponden únicamente al ministerio público. El juez Gabriel
Cavallo deberá resolver el planteo.El fiscal federal utilizó los mismos argumentos que los defensores de Alderete, León Arslanian y Jorge Edwin Torlasco, para pedir que la Oficina Anticorrupción no sea tenida en cuenta como parte querellante en la causa que investiga presuntos sobreprecios en la compra de audífonos para jubilados. Ayer Freiler explicó el alcance de su planteo. �Lo que cuestiono es la facultad de ser querellante, de actuar como fiscales -afirmó�. No creo que la oficina entera sea inconstitucional. Sólo un artículo de la ley de Ministerios.� Si se impide a la Oficina Anticorrupción actuar como querellante en las causas contra funcionarios de la gestión menemista, el organismo liderado por José Massoni no podrá participar en forma activa en los juicios, ni apelar las decisiones que sean favorables a los imputados, ni acusar cuando el fiscal no lo haga. Advirtiendo la complejidad de la situación, el responsable del organismo, José Massoni, acusó en su momento a los abogados de Alderete, Arslanian y Torlasco, de utilizar una �estrategia dilatoria�. El ex ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires había argumentado que �la querella debe ser promovida sólo por el Ministerio Público Fiscal, que es el que representa la acción penal estatal, a través de los fiscales�. Los defensores de Alderete y el fiscal Freiler sostienen que la participación de la Oficina Anticorrupción en esas causas afectaría el artículo 120 de la Constitución nacional. En otro paso más en la disputa que mantiene con la oficina liderada por José Massoni, el fiscal Freiler se atribuyó ayer los mayores créditos en la causa penal contra el ex presidente del PAMI. �En la causa contra el señor Alderete �recordó Freiler� la acción penal ha sido impulsada por mí, mucho antes de que esta Oficina Anticorrupción fuera creada y mucho antes de que Fernando de la Rúa fuera elegido presidente.� Los jueces federales Jorge Urso, Adolfo Bagnasco y Gabriel Cavallo tienen a cargo varias demandas en las que se investigan presuntas irregularidades cometidas por Alderete y la ingeniera Alsogaray en el PAMI y en la ex Secretaría de Recursos Naturales. Pero también deben decidir si aceptan como querellante en esas causas a la Oficina Anticorrupción, creada por la Alianza mediante la ley de Ministerios. El organismo liderado por Massoni presentó el miércoles pasado en el juzgado federal de Adolfo Bagnasco una denuncia contra Alderete, en donde se lo acusa de haber organizado una �empresa ilícita a favor de intereses particulares�. Además, el ex presidente del PAMI es investigado en otra causa, por presuntas irregularidades en la compra de audífonos, que fue presentada en septiembre de 1999 por Ricardo Monner Sans en el juzgado de Gabriel Cavallo. La ex secretaria de Recursos Naturales, María Julia Alsogaray, parece competir con Alderete por el premio al funcionario con más causas judiciales. La ingeniera ya fue investigada por su gestión al frente de ENTel. Esa pesquisa reveló la existencia de pagos �sin causa� de la empresa estatal de teléfonos hacia Pecom-Nec, su proveedora del grupo Pérez Companc. El juez federal Jorge Urso tiene a su cargo dos causas contra la ex funcionaria. Además, en quince días la Oficina Anticorrupción la demandará ante la Justicia por presuntos manejos anormales de fondos,contratos adjudicados en forma directa y millonarios sobreprecios. Las irregularidades se habrían cometido durante la ejecución del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (Prodia).
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