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Storani y Bravo fueron cruzados
al aire ayer en Radio Rivadavia, y mientras el árbitro rememoraba su
odisea del jueves pasado, el ministro expresaba su solidaridad y su
condena al episodio, al tiempo que insistía en que, pese a su
investidura, no goza de influencia sobre el desenvolvimiento del
gobernador tucumano. "Nosotros no tenemos facultad en el Gobierno
nacional para reprender a un gobernador de provincia", explicó.
Sin embargo, sugirió muy
claramente que la iniciación de una acción penal contra Miranda podría
derivar en un juicio político si interviene la Legislatura de esa
provincia. "Tendrá que ser el Parlamento de Tucumán el que decida
si esto da mérito o no para un juicio político para poder someter a la
Justicia al gobernador", remarcó.
Storani aceptó que el
gobernador tiene derecho a ser hincha de un equipo de fútbol, pero opinó
que "no está en su derecho de juzgar a los árbitros y, mucho menos,
de agredirlos. Eso es deplorable, lo condenamos enérgicamente, porque es
un ejemplo que se extiende a la violencia que queremos combatir",
dijo.
Bravo contó que al término
del partido en que Atlético de Rafaela le ganó como visitante a Atlético
Tucumán por 1‑0, el juez del partido, Jorge Ferro, ordenó a la
policía que custodiaba el vestuario que no dejara ingresar a ningún
particular. Según el relato, Miranda --que alguna vez fue presidente de
Atlético Tucumán-- llegó a los gritos al vestuario y usando sus
atribuciones ordenó a la policía abandonar el lugar.
Una vez dentro del vestuario,
el gobernador acusó --según denunció Bravo-- a los árbitros de crear
el clima de violencia y les dijo textualmente: "Si no fuera
gobernador, los cagaría a trompadas".
Luego, una persona que Bravo no
identificó, pero que sería José Miranda, el hermano del gobernador, le
pegó una trompada en la quijada, sobre el lado izquierdo de su cara. Los
hermanos, que estaban acompañados por otras dos personas, se retiraron
luego del vestuario, diciéndole a los árbitros que no podían garantizar
su seguridad al abandonar el estadio.
El técnico de Atlético
Rafaela, Gustavo Alfaro, y algunos dirigentes del club santafesino,
ofrecieron a los hombres de negro dejar el estadio en su compañía, para
evitar otras represalias. Previendo que los exaltados hinchas tucumanos
pudieran apedrear el micro de la delegación, eligieron hacerlo en nueve
remises contratados al efecto en ese momento. Pero Ferro desechó el
ofrecimiento aduciendo que preferían efectuar la denuncia policial y que
un perito médico constatara las heridas sufridas por su asistente.
Bravo aseguró que seguirá la
denuncia "hasta las últimas consecuencias" al tiempo que se
especulaba que hoy o mañana llegaría a la AFA una disculpa formal del
gobernador Miranda. Storani dijo que se ocupará especialmente del problema de la violencia en el fútbol. "Es un círculo vicioso, en el que se hace necesario cortar muy profundo", señaló, al tiempo que admitía que el de las barras bravas "es un buen negocio económico".
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sufriera el juez de línea Raúl Bravo a manos del gobernador de Tucumán,
Julio Miranda, y del hermano de éste, y anticipó que llevará el caso a
la próxima reunión del Comité de Seguridad Interior. El titular de la
cartera sugirió que si el juez de línea lleva adelante la denuncia penal
sobre la agresión, ésta podría derivar en un escándalo político en
Tucumán. "Es desatinado lo que hizo, porque los primeros que deben
dar el ejemplo son aquellos que tienen más responsabilidad", opinó.
El línea Bravo señaló que continuará las acciones legales "tanto
a nivel judicial como político" como para que la actitud de los
hermanos Miranda no resulte impune.