|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Corte Federal de Estados
Unidos del Distrito Sur de Florida abrió una causa (identificada con la
clave 00-00311 CIV-KING) e intimó la comparecencia del denunciado, el
consorcio adjudicatario de las obras de las cárceles de Ezeiza. La
denuncia fue formulada por la empresa ABC Up, licenciataria de Rotondo
Weirich, empresa estadounidense poseedora de un sistema de construcción
de cárceles de máxima seguridad de alta tecnología. Rotondo Argentina
--una empresa cautiva de ABC Up-- había sido contratada por la UTE previo
a la licitación de la obra, con el compromiso de aportar en exclusividad
su tecnología a ese consorcio. Dicho aporte fue incluido en las
condiciones técnicas de la oferta, a mediados de 1998. Sin embargo,
inmediatamente después de obtenido el contrato, la UTE de Techint e
Impregilo rompió su vinculación con Rotondo y aplicó una tecnología
local, previa negociación con el Ministerio de Justicia.
Según la empresa denunciante,
las modificaciones introducidas por el consorcio adjudicatario al contrato
(se detallan aparte) "le han significado al mismo un beneficio ilegítimo",
además de poner en riesgo las condiciones de "máxima
seguridad" exigidas en los pliegos originales de la licitación, según
informó en nota dirigida al actual ministro de Justicia, Ricardo Gil
Lavedra, el 21 de diciembre pasado, y reiteró en carta al presidente
Fernando de la Rúa a principios del corriente mes.
Según señaló la secretaria
de Política Criminal, Patricia Bullrich, a este diario, el Ministerio de
Justicia tiene a estudio los dos contratos para la construcción de cárceles
en ejecución (Ezeiza y Marcos Paz) y otras tres licitaciones abiertas.
"Todas están siendo revisadas, ya que el sistema de contratación
adoptado resulta leonino y con algunas cláusulas injustificadas", señaló
la funcionaria, que agregó que "antes de fin de marzo, el ministerio
se expedirá sobre cada uno de estos contratos (en ejecución o en vías
de licitarse)". Precisamente, durante el mes próximo corresponde
hacer el primer pago trimestral a la UTE encabezada por Techint e
Impregilo por las obras de Ezeiza.
El origen del problema se encuentra en el sistema de licitación
diseñado por el ex ministro (actualmente titular de la Auditoría General
de la Nación) Rodolfo Barra, consistente en un "leasing"
(alquiler con opción a compra) por el cual el adjudicatario recibe un
pago trimestral durante 15 años. A lo largo de ese período, la UTE
recibirá un insólito precio de más de 500 millones de dólares (39
millones al año) por las obras de Ezeiza y Marcos Paz, realizadas sobre
terrenos fiscales.
Sin embargo, el caso empezó a
adquirir carácter de conflicto cuando, después de adjudicada la obra en
Ezeiza, la UTE ganadora desistió de los servicios de Rotondo Weirich y
rescindió el contrato mediante una cuestionada operación con uno de los
socios locales de la empresa estadounidense, Luis Bielsa, quien aceptó
490 mil dólares de mano de la UTE para "ceder los derechos" que
le otorgaba a Rotondo Argentina su vinculación contractual con el
adjudicatario. Según Rotondo Weirich, de Estados Unidos, Bielsa no tenía
facultades para desistir de dicho contrato, maniobra que se incorporó a
la denuncia radicada en la Corte Federal de aquel país.
La desvinculación de Rotondo
estaba estrechamente relacionada con la renegociación que de inmediato
inició el consorcio adjudicatario con el Ministerio de Justicia. El 2 de
julio de 1998, pocas semanas después de la adjudicación, la UTE solicitó
a dicha cartera el reemplazo del sistema constructivo de celdas
originalmente ofertado. En menos de dos semanas, el Comité de Auditoría
Técnica del Ministerio, presidido por Claudio Echeverría, produce un
informe aprobando dicho cambio, con "afirmaciones que son inexactas y
presuntamente maliciosas", según denunció ABC Up ante Gil Lavedra.
El informe fue dado por bueno por el entonces ministro, Granillo Ocampo,
quien avaló el cambio de condiciones del contrato.
No fue el único cambio
aprobado. También se sustituyeron materiales de distintos componentes que
supondrían un deterioro de las condiciones de seguridad, según describe
la denunciante. "En todos los cambios que les permitieron a la UTE
existen reales diferencias con las tecnologías y calidades oportunamente
ofertadas, y de esa forma permiten la realización de un negocio comercial
sustancialmente distinto del concebido en la oferta (...). Podríamos
decir que le están vendiendo al Ministerio de Justicia, al Servicio
Penitenciario Federal y al pueblo argentino, gato por liebre", señala
la licenciataria de la empresa norteamericana en la nota a Gil Lavedra,
demostrando una gran adaptación al lenguaje metafórico local.
John A. Barroso, presidente
ejecutivo (CEO) de ABC Up, señaló a Página/12
que está dispuesto "a llevar la investigación hasta las últimas
consecuencias, y en los próximos días tomaré contacto en Estados Unidos
con entidades bancarias y organismos internacionales de crédito para
hacerles conocer este antecedente; esta cuestión daña la seguridad jurídica
de los inversores extranjeros, y es preciso que el actual Gobierno corrija
estos hechos de corrupción que heredó".
En fuentes oficiales reconocen que la denuncia de Rotondo Weirich
tiene fundamentos, pero la aprobación de los cambios por el anterior
ministro complica las chances de anular el contrato. De todos modos,
tratarán de buscar la vía para abrir una nueva renegociación y
resolver, al menos, el problema de sobrecostos que, sospechan, existe en
la contratación.
TECHINT
DEFIENDE LA COTIZACIÓN DE LAS OBRAS Por
C.C.
--¿Sabe que Rotondo llevó
el caso a la Justicia estadounidense?
--El de Rotondo es un caso
terminado. Era sólo un proveedor con quien nosotros formulamos la oferta
técnica. Pero cuando ganamos la licitación, encontramos en el mercado
otro proveedor más económico y eficiente, y decidimos cambiarlo. Rotondo
nos exigió una reparación y acordamos indemnizarlo. Eso fue todo.
--De ese modo, ustedes
cambiaron las características técnicas del contrato, después de haber
ganado el concurso.
--De ninguna manera. Nosotros
no modificamos nada que no permitieran los pliegos. Rotondo era sólo un
proveedor de encofrado (molde para estructura de cemento). Fue como
cambiar una madera por otra. Hubo algo mucho más grave, como los cálculos
que hizo públicos la señora Patricia Bullrich, mal asesorada, supongo.
Ella sostuvo que estábamos construyendo una cárcel a más de 4 mil pesos
el metro cuadrado, y la nuestra cuesta poco más de 780 pesos. Es decir:
construimos una cárcel de máxima seguridad al valor de una vivienda
Fonavi.
--Aun sobre esa base, el
precio total a pagar por el Estado parece excesivo...
--Nosotros participamos de una
licitación internacional abierta y transparente, financiada a quince años.
Es más: antes, el gobierno la declaró varias veces desierta, porque no
había interesados. Hasta que acertó con una ingeniería financiera
apropiada como el leasing. Y este mecanismo fue creado por una ley
nacional, que votó el Congreso que la señora Bullrich integró como
diputada. En este esquema, el riesgo lo asume el ente constructor. En
definitiva, la nuestra es una obra barata y algunos funcionarios de
Justicia nos pidieron disculpas por los cálculos equivocados de la
secretaria.
--Los pliegos habilitaban
las modificaciones técnicas sólo a condición de que éstas beneficiaran
al Estado. ¿Aquel cambio de proveedor beneficia al Estado? --No se modificó nada que no estuviera permitido modificar. Pero la pena es que no se habla de lo interesante que tiene la obra: baños individuales, panadería, hospital y desde todas las celdas se ve el verde. Un sistema de pagos caro y a abonar por adelantado Por
Cledis Candelaresi
Según el Ministerio de
Justicia, aún restan dos años para que las obras estén definitivamente
concluidas. Para entonces, el Tesoro habrá pagado 78 millones de pesos,
anticipo que en nada habría servido para abaratar el precio final. El
otro desvelo de la gestión estatal es que sólo aquellas dos cárceles
insumen un tercio del presupuesto de la cartera de Ricardo Gil Lavedra. Si
a esto se sumara el pago de las otras unidades en licitación (Coronda,
Salta y Mercedes), se esfumarían casi íntegramente los 120 millones
anuales asignados a Justicia.
Esas últimas son sólo
licitaciones en marcha. Pero Ezeiza y Marcos Paz son obras en ejecución,
de las que ya se realizó la recepción provisoria. El Estado tiene,
entonces, pocos recursos para eludir el pago, ya que el propio contrato de
obra impone comenzar a pagar no más de 40 días después haberse
concretado esa recepción.
Rodolfo Barra, ex ministro del
área durante la gestión menemista y actual titular de la Auditoría
General de la Nación, fue uno de los principales diseñadores de la fórmula
utilizada para contratar la construcción de las cárceles, cuya ventaja
consistió en contraer un compromiso a varios años, sin que éste impacte
en el presupuesto de un solo ejercicio.
En todos los casos se trata de
un sistema de leasing por quince años, durante los cuales la
empresa privada retiene la propiedad del edificio construido sobre un
terreno estatal y con recursos privados. Pero hay otros rasgos comunes a
todas las contrataciones en marcha, que transforman esta ingeniería
financiera en un recurso muy poco ventajoso para el Tesoro: *
Se fija un precio único por toda la obra, sin discriminar entre el costo
de edificar cada metro cuadrado y el del financiamiento. Si se sumaran
todos los pagos previstos en el contrato, Ezeiza le costaría al Estado un
total de 379 millones y Marcos Paz otros 206, a desembolsar a lo largo de
tres lustros. Pero en ningún lugar del acuerdo está estimado un valor cash
y, por lo tanto, los intereses a pagar en cada ocasión sólo pueden
inferirse. *
Se imponen cláusulas poco usuales y aparentemente benévolas para el
Estado, pero que, a juicio del actual gobierno, sirvieron para encarecer
enorme e innecesariamente el costo de la obra. Primera: la contratista se
compromete a absorber cualquier variación en las paridades cambiarias,
sin poder utilizarlo como argumento para justificar "mayores
costos" y, por esa vía, reclamar un ajuste en el precio. Segunda: la
contratista asume el mismo compromiso frente a eventuales modificaciones
al régimen tributario que pudieran perjudicarla.
Estos, entre otros elementos, hacen difícil probar que los
emprendimientos del Servicio Penitenciario incluyen grandes sobreprecios y
le quitan libertad al Estado para forzar una renegociación contractual.
Sin embargo, a los ojos del ministerio de Gil Lavedra, sobran elementos
para presuponer que las contrataciones impulsadas por el gobierno anterior
suponen cotizaciones exageradas.
Valga de ejemplo que el Centro
Penitenciario español de A Lama tiene un precio contado de 36 millones de
pesos, a razón de 426 dólares el metro cuadrado. Es un edificio de 1211
plazas y 86.081 metros de superficie. Según calculó públicamente la
secretaria de Política Criminal y Penitenciaria, Patricia Bullrich,
Ezeiza costaría a razón de 4147 dólares el metro cuadrado con una
superficie de 78 mil metros cuadrados. El consorcio adjudicatario, que
Techint integra junto a Impregilo e Iglys, intentó corregirla de
inmediato a través de una nota. La misiva a la que accedió este diario
precisa que el emprendimiento en el sur del conurbano bonaerense tiene un
costo de 785 pesos el metro cuadrado, lejos de aquel disparatado valor.
Pese a la aclaración, en el Gobierno no están muy convencidos de que los
precios aceptados en la licitación sean totalmente razonables. Aun sobre
la base del dato que proporcionó la empresa, y asignando un oneroso
financiamiento del 16,5 por ciento anual, los cálculos de Bullrich siguen
dando un precio final mucho menor a los casi 380 millones que deberá
oblar el Estado a lo largo de todo el leasing.
Una referencia argentina da
otra pista para juzgar los valores en juego para Ezeiza y el resto de los
emprendimientos. El gobierno de Santa Fe está por contratar una obra de
600 plazas a valor cash de 25 millones de pesos, muy lejos del
compromiso asumido por la Nación.
Sin embargo, las manos oficiales están casi atadas para forzar una
baja. La ingeniosa mecánica de pago prevista en los propios pliegos hace
muy difícil comprobar cuánto vale el emprendimiento y, por lo tanto,
demostrar que esté sobrecotizado.
|
correspondiente al pago de las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz, las dos
primeras unidades licitadas a través de un procedimiento que habilitó la
fijación de precios en apariencia muy superiores a los del mercado. Los
39 millones de pesos anuales que esa cartera se comprometió a oblar
durante los próximos quince años por esas dos unidades no sólo
significan un valor desmesurado, difícil de justificar en términos económicos.
También imponen al Estado la obligación de financiar parte de las
onerosas obras, ya que las empieza a pagar antes de que estén concluidas.