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Según expresó el jefe de la
cartera laboral, los puntos de las discordias son dos cláusulas del
proyecto que establecen:
* Que un convenio colectivo de
ámbito menor prevalece sobre otro de ámbito superior. Es decir, que un
convenio colectivo acordado en una empresa predomina sobre aquel firmado
por toda la actividad, aun si el primero presenta condiciones laborales
inferiores al de actividad, o peor, a la Ley de Contrato de Trabajo. La
CGT quiere relativizar de alguna manera la prevalencia del convenio
inferior por sobre el superior.
* Que las denominadas "cláusulas
obligacionales" podrán ser alteradas al renovar un convenio
colectivo. Es decir, que en la discusión de los nuevos convenios
colectivos se puede reconsiderar el aporte empresario a los sindicatos. El
dinero, además de ir a las arcas de los gremios, también suele ser
utilizado para fondos especiales, como los de previsión y retiro, entre
otros. Si los gremialistas, a la hora de discutir, no se ponen de acuerdo
con los empresarios, debe laudar un arbitraje. La CGT quiere, en caso de
no haber acuerdo, que las cláusulas obligacionales sigan vigentes.
El llamado sector de los
"gordos", que hegemoniza la actual conducción cegetista, no
presenta fuerte resistencia al proyecto y estaría dispuesto a dar marcha
atrás con el paro y movilización a Plaza de Mayo convocados para el
jueves.
En cambio, aún resta saber qué
actitud adoptará el futuro secretario general de la CGT, Hugo Moyano,
quien lidera el combativo Movimiento de los Trabajadores Argentinos. Al
margen de los puntos en negociación, este sector evalúa los costos políticos
del levantamiento de la medida de fuerza a tan pocos días de tomar las
riendas de la central sindical.
El clima acuerdista primó a lo
largo de la jornada. Incluso fuentes del MTA admitían que si se lograban
los avances necesarios no habría forma de justificar la protesta. Fueron
representantes de este sector, al fin y al cabo, quienes el viernes le
acercaron un documento a Flamarique con las
modificaciones que buscan introducir al proyecto.
Flamarique evaluó a lo largo
del fin de semana esas sugerencias y a varias de ellas les dio curso. Si
el ministro de Trabajo le dijo el domingo a Página/12
que ya se había acordado un 50 por ciento del proyecto, el presidente de
la Cámara de Diputados, Rafael Pascual, fue ayer un paso más adelante.
"Estamos muy cerca", dijo sin arriesgar porcentajes.
El titular de la CGT, Rodolfo
Daer, quien se encontró infinidad de veces con Flamarique, anoche mantuvo
una reunión clave con el ministro. Además de los asesores legales, lo
acompañó el secretario de prensa cegetista, Carlos West Ocampo.
El ministro también mantuvo
comunicaciones con Juan Manuel Palacios, quien lidera el MTA junto a
Moyano. Sindicalistas de todos los sectores utilizaron la sede del gremio
de gastronómicos como bunker para seguir el estado de las negociaciones.
Como aún no se cerró trato,
anoche desde ambos sectores se lanzaron duros discursos, aunque todo
parece más bien encaminado a posicionarse para las negociaciones que
continuarán a lo largo de esta jornada.
Flamarique, por ejemplo,
chicaneó con lo fortalecido que está el acuerdo legislativo --incluso
con diputados del PJ-- y repudió las voces confrontativas de la CGT,
cuando él mismo mantuvo con los sindicalistas una retahíla de reuniones.
Paso seguido, admitió que hoy
conversará el tema con De la Rúa. "En el gabinete voy a poner al
Presidente al tanto de las conversaciones y seguramente después
seguiremos las rondas de negociaciones con los gremialistas." Entre la dirigencia gremial tampoco hubo demasiada originalidad. Se azuzó con el paro y la movilización a Plaza de Mayo y se reiteró que nada del mundo hará caer la convocatoria a la protesta ni aun cuando se llegue a buen puerto en las tratativas. Pero, acto seguido, discutieron quiénes serán los representantes que hoy se sentarán con el Gobierno para poner punto final a las discusiones. LOMBARDO
GARANTIZO A LA CGT EL ENVIO DE FONDOS Por D.S.
La reunión entre Lombardo y un
grupo de dirigentes encabezados por el actual jefe cegetista, Rodolfo
Daer, se gestó luego de que Página/12
revelara la demora en la entrega de 6 millones de pesos que por ley debían
girase en enero a las obras sociales sindicales, pero que la cartera de
Salud recién terminó de liberar entre el jueves y viernes pasado.
"Hubo coincidencia en que
el dinero de la seguridad social, y hay proyectados unos 115 millones al año,
tiene que ir a la seguridad social. Y también en que la ineficiencia de
algunas obras sociales sindicales las pagan el resto y que hay que mejorar
el sistema", señaló Lombardo a este diario.
No se trata de temas menores.
Hace tiempo que la CGT denuncia que el dinero de la seguridad social --por
estar incluida en el Presupuesto-- suele ser utilizado por el Gobierno
para tapar baches fiscales.
Los sindicalistas coinciden
también en que hay que evitar la ineficiencia del sistema. Aunque no
todos están de acuerdo con el método. El Gobierno ya hizo público su
deseo de achicar el número de obras sociales sindicales, al considerar
que existe un número importante de entidades deficitarias. De las
actuales 300 pretende dejar en pie 50 mediante mecanismos de fusiones y
consorcios.
La propuesta seduce a las
grandes obras sociales sindicales, ya que absorberían nuevos afiliados.
Pero genera un profundo rechazo de las obras sociales chicas, que perderían
el control del dinero con el desvío del aporte de los beneficiarios. Para
avanzar con este tema hubo acuerdo ayer para formar una comisión mixta.
Ante los sindicalistas,
Lombardo aclaró que la reducción del número de obras sociales
sindicales no es el prolegómeno de una desregulación total del sistema
para que éstas compitan con las empresas de medicina prepaga. "Queremos
mantener el sistema solidario de salud", aseguró el funcionario a
este diario.
También se comprometió a
"transparentar" el funcionamiento de la Administración de
Programas Especiales (APE), el organismo que dentro del Ministerio se
encarga de redistribuir el dinero de las obras sociales. Sobre el manejo
de este organismo llovieron críticas de la dirigencia de la CGT, ya que
en los primeros dos meses de gestión de la Alianza las obras sociales
sindicales no recibieron un peso de lo que por ley le correspondía, pese
a que el dinero estaba.
Moyano siempre consideró que
la demora fue deliberada para presionar a los sindicalistas que se oponían
a la reforma laboral. Y Lombardo lo acusó
de reclamar "el subsidio de los amigos", en alusión a un
reparto discrecional de los recursos independientemente de las necesidades
de los afiliados a las obras sociales.
Pese al encuentro de sus compañeros
de la CGT con el ministro de Salud, el camionero reflotó su tesis en
declaraciones a la agencia DyN. Y Lombardo lo cruzó inmediatamente.
"No tiene asidero lo que piensa. El me podía decir todo de frente.
Estaba invitado al encuentro y no vino. Entonces el problema es de
Moyano", dijo.
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