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La audiencia estaba prevista
para el viernes pasado. Videla estuvo cuatro horas en el juzgado pero el
trámite fue suspendido. Sus defensores recusaron al magistrado aduciendo
que tiene "enemistad manifiesta" contra el ex presidente de
facto. Por un error formal los letrados no habían recibido la notificación
de la audiencia y usaron esa equivocación para intentar apartarlo del
caso. La cédula no había llegado al estudio de los defensores porque el
domicilio fue escrito en forma equivocada. El juez suspendió la audiencia
y ayer decidió rechazar "in limine" el planteo. "No están
dados los requisitos legales de una recusación, ni tampoco los de la
enemistad manifiesta", explicó a este diario una fuente judicial. De
todos modos, la recusación será derivada a otro juzgado en virtud de que
la causa se encuadra en el anterior Código de Procedimientos Penales, sin
perjuicio de que el proceso continúe.
Bagnasco quiere interrogar a
Videla por todos los casos que componen la práctica sistemática, a
excepción de los que corresponden a la Escuela de Mecánica de la Armada.
El juez está dedicado a la etapa que comprende los nacimientos
clandestinos ocurridos en jurisdicción del Ejército. Videla es el eslabón
superior de la cadena de mandos, y tras el procesamiento del ex general
Guillermo "Pajarito" Suárez Mason será el turno de los cuadros
inferiores. La causa fue iniciada en diciembre de 1996 por una denuncia de
las Abuelas de Plaza de Mayo, a las que se sumaron como querellantes el
poeta Juan Gelman y la madre uruguaya Sara Méndez. Bagnasco ya dictó el
procesamiento con prisión preventiva a los ex jefes militares Reynaldo
Bignone, Emilio Massera, Cristino Nicolaides, Antonio Vañek, Rubén
Franco, Jorge "Tigre" Acosta y Héctor Febres.
Videla ha desplegado todos los
recursos jurídicos para evitar ser interrogado en esta causa. El año
pasado ya había recusado sin éxito al juez. La semana pasada volvió a
pedir la nulidad de la indagatoria aduciendo que están pendientes en la
Corte Suprema los recursos sobre prescripción y cosa juzgada de los
delitos que se le imputan. Pero tanto el juez como el fiscal Eduardo
Freiler entendieron que el procedimiento debía continuar.
El ex general fue procesado con
prisión preventiva por el juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich,
quien ordenó su detención el 9 de junio de 1998. Pasó casi un mes preso
en la cárcel de Caseros, pero luego fue beneficiado con el arresto
domiciliario. Estaba acusado de ser el autor mediato de la apropiación de
cinco menores, hijos de desaparecidos.
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