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La presentación judicial, que
se materializará en las próximas horas, se hará sobre la base de que
existen compañías que habrían hecho uso indebido del sistema de
diferimentos impositivos, obtenido ilegalmente a través de empresas
fantasma radicadas en el interior del país, según confirmaron fuentes
oficiales a este diario.
Según pudo reconstruir Página/12,
después de un año de investigación, la Dirección de Inteligencia
Fiscal de la AFIP detectó que un grupo de compañías líderes formó
empresas en la provincia de Catamarca con el único propósito de obtener
ventajas fiscales. En dicha provincia, así como en otra decena de
distritos del interior, a las compañías que demuestran inversiones en
actividades no industriales se las beneficia con planes de promociones
impositivas, como, por ejemplo, los diferimentos en los pagos del IVA y de
Ganancias. Esas prórrogas pueden superar los diez años. En los casos
investigados por la AFIP, una vez que el Gobierno materialice la
presentación, la Justicia deberá determinar si aquellas empresas se han
aprovechado de ese sistema para obtener suculentas ganancias financieras.
Gil Lavedra explicó que las
denuncias serán presentadas por la Unidad Fiscal para Investigación de
Delitos Tributarios (UFIT), creada en diciembre pasado y destinada a
profundizar la lucha contra la evasión. La UFIT surgió a partir de un
convenio firmado entre los ministerios de Justicia y de Economía y la
Procuración General de la Nación, que maneja Nicolás Becerra, y
funciona en la órbita de la AFIP.
"Van a ser varias
denuncias, algunas verdaderamente muy importantes", prometió el
ministro de Justicia tras entrevistarse con Fernando de la Rúa. Gil
Lavedra, José Luis Machinea y Nicolás Becerra tendrán a su cargo el
anuncio oficial sobre la presentación judicial que se realizaría mañana
mismo. "Se trata de actuar con toda responsabilidad y seriedad.
Nosotros haremos la presentación, pero en definitiva serán los jueces
quienes determinarán las responsabilidades de las empresas", añadió
el titular de Justicia.
Desde que asumió, el gobierno
de Fernando de la Rúa se comprometió a llevar adelante una eficaz lucha
contra la evasión. Para lograrlo, hace dos semanas envió al Congreso una
iniciativa en tal sentido. Según datos oficiales, la evasión impositiva
alcanza a los 25.000 millones de pesos al año. La mitad de ese monto se
filtra en el IVA. En la norma que ya llegó al Parlamento, se limitan los
pagos en efectivo a sumas inferiores a los 10.000 pesos, se establecen
multas severas a quienes realicen fraude en las exportaciones de
cigarrillos y combustibles y se crea un régimen simplificado de aportes y
contribuciones de las pymes del sector de la construcción.
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