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Mediante
el comunicado Nº 36.768 del BCRA, fechado el 15/2/2000, su
presidente, el Ing. Pedro Pou, niega que sea él y/o el directorio del
Banco los que promocionan una ley de inmunidad para no comparecer ante
la Justicia. Es más, en dicha circular enviada a cada legislador
nacional sostiene que el Banco Mundial propicia esta medida en todos
los países deudores, para garantizar que las autoridades de la banca
central ejecuten políticas monetarias restrictivas y el cierre de
bancos que sea necesario en pos del equilibrio económico.
Lo que olvida decir el
presidente del BCRA, que es funcionario del Banco desde 1991 y que
asumió su Presidencia en agosto de 1996, es que en ese período se
produjo la mayor concentración del crédito y de la banca que hayamos
conocido en el país. Que numerosas entidades cerraron sus puertas o
fueron absorbidas por las pocas grandes instituciones que quedaron en
pie. Que ello provocó una fuerte expulsión de personal,
incrementando el desempleo. Que hoy más del 50 por ciento de la
cartera de préstamos del sistema financiero argentino está
concentrado en los 200 principales clientes de cada entidad. Que el
resultado de lo antedicho es que el sistema privó del acceso al crédito
a las pymes y las economías regionales y, cuando éstas logran el
milagro de acceder, lo hacen a una tasa de interés cuatro o cinco
veces mayor a la que le cobran a las grandes empresas.
El BCRA es banco de bancos.
Por tanto debiera conocer bien a las entidades del sistema, cuál es
su situación patrimonial, económica y financiera. La cantidad de
cierres de bancos corrobora por sí misma que el BCRA no las conoce y
que, incluso su presidente, tiene decenas de causas por haber
incumplido con los deberes de funcionario público e incurrido en
conductas que la Justicia dirimirá si son o no son dolosas. Los casos
del BID, Medefin, Basel, Austral, Feigin, Comercial de La Plata, entre
otros, demuestran que esas entidades no sólo se autoprestaron sino
que recibieron generosas líneas de adelantos y redescuentos por parte
del BCRA antes de que éste procediera a su cierre.
En el caso del Banco República,
el BCRA permitió a la entidad prestar a una firma vinculada, por
encima de las disposiciones de la autoridad monetaria. Posteriormente
lo autorizó a comprar el Banco de Mendoza para tener que cerrar,
meses más tarde, ambas entidades.
Resultan emblemáticos los
casos de los Bancos Patricios y Mayo, en los que el Ing. Pou es
procesado por el juez de la causa por asociación ilícita y por haber
ocultado una denuncia penal contra el primero quince días antes de su
suspensión. Dos meses más tarde de haber autorizado su absorción
por el Banco Mayo, decidió cerrar la entidad declarándola no viable.
La figura de la asociación
ilícita en la interpretación de la Justicia, surge por la posible
connivencia entre funcionarios del BCRA y varios de los bancos
cerrados, dado que muchas de las operatorias realizadas no hubieran
podido efectuarse sin las graves fallas de control del Central.
¿Ha cuantificado el Ing.
Pou los centenares de millones de pesos que el BCRA ha perdido para
siempre por estos redescuentos irrecuperables?
¿Ha cuantificado el Ing.
Pou el daño ocasionado a los ahorristas de las entidades cerradas y
el impacto sobre el crédito en las zonas donde estaban ubicadas?
Llama la atención que en su
carta omita cualquier mención a estos hechos perjudiciales a los
intereses de la Nación, así como a la responsabilidad que
naturalmente le corresponde como máxima autoridad monetaria del país.
Por eso, Ing. Pedro Pou, usted debe comparecer ante la Justicia como
cualquier argentino, sin inmunidad de ninguna especie y esperamos que
así sea.
* Diputado nacional por la Alianza.
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