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Por Maximiliano Montenegro
Ayer
tuvo lugar una reunión clave en la que se terminó de definir cómo hará
la Alianza para quitarle la "crema" --como se conoce en la jerga
de los proveedores del Estado a los sobreprecios-- a las contrataciones de
bienes y servicios del sector público. Participaron, además de Alvarez y
Mazzoni, los secretarios general de la Presidencia, Jorge de la Rúa, de
Hacienda, Mario Vicens, de la Gestión Pública, Leandro Popik, de
Modernización del Estado, Marcos Makón, y el síndico general de la Nación,
Rafael Bielsa.
Página/12 adelantó la semana pasada que en diversas
reparticiones oficiales --desde el Ministerio de Economía hasta el
Servicio Penitenciario Federal, pasando por Justicia y Trabajo-- se habían
descubierto sobreprecios, que oscilaban entre el 30 y el 300 por ciento,
en la adquisición de mobiliario, computadoras, indumentaria y productos
alimenticios, entre otros bienes. Makón, un experto en Presupuesto, quien
depende de la vicepresidencia, y el jefe de la SIGEN, Bielsa, quien se
encargará de elaborar un nuevo sistema de precios testigo --los valores
de referencia a los cuales debería comprar el Estado--, fueron los artífices
de la investigación. Teniendo cuenta que este año la adquisición de
bienes y servicios del sector público asciende a 2100 millones de pesos,
la hipótesis más conservadora de rebaja en los sobreprecios --de apenas
el 10 por ciento-- arroja el ahorro de 200 millones de pesos que mencionó
Alvarez. Sin embargo, un cálculo más realista barajado entre los técnicos
aliancistas --que supone reducir los sobreprecios en promedio en un 30 por
ciento-- daría un recorte en los gastos por más de 600 millones de pesos
al año.
Como primer paso, Alvarez anunció la "decisión de derogar el
decreto 1547 que Menem firmó el 7 de diciembre de 1999, referido a las
compras de bienes y servicios por parte del Estado". El mecanismo
anterior "era muy funcional al sistema de corrupción que se
observaba en las compras del Estado", afirmó. "Para evitar el
vacío legal que se produciría hasta la sanción de la nueva ley de
compras, el 10 de marzo entraría en vigencia un decreto en el que ya
estamos trabajando. El objetivo es garantizar la transparencia en la
compra, facilitar la participación de las pymes y evitar el margen de
discrecionalidad que les daba a los funcionarios el decreto
anterior", agregó el vicepresidente.
Según contó a este diario Nicolás Gadano, subsecretario de
Presupuesto, los puntos que contendrán tanto el nuevo decreto como el
proyecto de ley son los siguientes:
* Bajará el piso a partir del cual se debe llamar a licitación pública
de 1 millón de pesos a 750 mil pesos. Y el techo de las contrataciones
directas de 100 mil pesos a 75 mil pesos. Las compras por valor de 75 mil
a 750 mil pesos, en tanto, estarían regidas por un "concurso de
precios privado", entre un grupo de oferentes previamente
seleccionado.
* Será obligatoria la publicidad de todas estas operaciones, algo
que el decreto de Menem desechaba, oscureciendo todo el proceso.
* Establecerá un sistema de compra informatizada, para dotar de
agilidad al proceso y restarles discrecionalidad a los funcionarios
intervinientes.
* Procurará hacer valer el "poder de negociación" del
Estado para conseguir descuentos, aglutinando compras de diversos
organismos.
DENUNCIAN
IRREGULARIDADES EN LA GESTION DE KAMMERATH
La investigación promovida por el secretario de Comunicaciones,
Henoch Aguiar, hace centro en 290 otorgamientos de 55 frecuencias
distintas entre 1997 y 1999, aunque la mayoría fue entregada en el último
año de la administración de Carlos Menem. Durante aquel lapso, el
titular de la secretaría era Germán Kammerath, actual intendente de Córdoba.
En la resolución se deja constancia de que las cesiones tuvieron un
"alto grado de discrecionalidad" y que no se dieron a conocer públicamente.
Más aún, las receptoras de las licencias tienen una deuda global de unos
12 millones de pesos con el Estado en concepto de tasas mensuales que
dejaron de pagar.
Las bandas radioeléctricas otorgadas sirven para participar en el
negocio de la televisión digital, la transmisión de datos, Internet y la
telefonía inalámbrica. Este nicho de mercado es aún incipiente en la
Argentina, pero los especialistas apuntan que es uno de los sectores con
mayor potencial de la economía.
Algunas compañías beneficiadas con la entrega de los permisos son
conocidas: Telecom Soluciones y Advance (del grupo Telefónica).
"Pero otras son extrañas, ajenas al negocio de las
telecomunicaciones. Sospecho que para otorgar estas frecuencias hubo tráfico
de influencias. No se tuvo en cuenta ni la aptitud tecnológica ni el carácter
limitado de este tipo de frecuencias", aseveró Aguiar a Página/12.
Fuentes oficiales revelaron a este diario que hubo particulares que
obtuvieron frecuencias sin pagar un solo peso y que luego vendieron esos
permisos en el extranjero, en especial a otras empresas de los Estados
Unidos y América latina. En algunos casos, se llegó a pagar siete
millones de pesos por cada banda. Justamente, la venta de permisos está
denunciada en la resolución oficial.
"Las licencias no se otorgaron ni por concurso público ni al
mejor postor. A cambio, el Estado no recibió ningún beneficio cuando en
otros países este tipo de licencias tiene una alta relevancia económica
para el Estado", señaló la fuente a este diario.
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