Página/12 en Gran Bretaña
Por Marcelo Justo desde Londres
 La
libertad del general Pinochet se encuentra en manos del ministro del
Interior británico Jack Straw. Los cuatro países que solicitan su
extradición presentaron ayer ante el Ministerio del Interior sus alegatos
sobre la decisión �preliminar� de Straw de suspender el proceso de
extradición de Pinochet. En sus argumentos, España, Bélgica, Francia, y
Suiza cuestionan el examen médico en base al cual Straw concluyó que el
general �no está en condiciones de ser sometido a juicio�. Mientras
tanto, la decisión del tribunal supremo de España de quitar el caso
Pinochet de la esfera gubernamental y dejarlo en manos del juez Baltasar
Garzón, dio mayores bríos al intento de que el ex dictador no escape a
la Justicia. A pesar de ello, algunos observadores estiman que Straw
podría anunciar, mañana o el viernes, su decisión �definitiva� de
dejar en libertad al general Pinochet.
En el complejo tablero de la extradición en Gran Bretaña, el ministro
del Interior tiene amplias atribuciones para intervenir y suspender el
proceso por razones humanitarias, de seguridad o interés nacional o
público. En uso de esas atribuciones, Jack Straw anunció el pasado 11 de
enero que estaba predispuesto a suspender la extradición de Pinochet a
España ante el informe �unánime e inequívoco� que le presentaron
los cuatro especialistas que habían examinado al ex dictador el 5 de
enero. El ministro invitó a todas las partes interesadas a que
presentaran alegatos a favor o en contra de su decisión �preliminar�,
pero advirtió que no podía dar a conocer el informe médico porque
violaría el derecho a la confidencialidad en la relación
médico-paciente. Esta decisión fue apelada por Bélgica y seis
organizaciones de derechos humanos que en una segunda instancia, la semana
pasada, consiguieron que la Alta Corte de Justicia forzara al ministro a
revelar el informe que se ha convertido en el epicentro de los
cuestionamientos que llueven sobre Straw.
En el caso de Bélgica, convertida en nueva abanderada del caso, el juez a
cargo de la causa ataca de frente el argumento del ministro del Interior
británico y sostiene que el ex dictador está en condiciones de ser
sometido a juicio por cargos de tortura. En el alegato que presentó al
Home Office británico ayer por la tarde, el juez Damien Vandermeersch
manifiesta su deseo de que el general se someta a un nuevo examen médico,
a cargo de especialistas belgas. En el mismo sentido se pronuncia la
Justicia francesa. El Ministerio de Justicia francés envió ayer a las
autoridades británicas una petición del magistrado Roger La Loire en la
que pide que �que tres expertos médicos franceses tengan acceso a los
archivos médicos de Pinochet�. El magistrado habría nombrado a un
equipo médico formado por un clínico, un psiquiatra geriatra y un
neuropsiquiatra para que revisen a Pinochet.
El giro más espectacular de un caso que ya ha tenido muchas vueltas, lo
produjo la Justicia española. La Sala Penal del Tribunal Supremo puso
fuera de juego al gobierno español, que mediante su canciller Abel
Matutes había declarado una y otra vez que España respetaría la
decisión que tome Straw porque era una decisión �política� que no
incumbía a la Justicia. En el alegato que el juez Garzón remitió al
ministro del Interior figura el durísimo informe de su equipo médico que
califica al dictamen de los cuatro especialistasen Gran Bretaña como �limitado
y parcial�. El informe critica la ausencia de una evaluación
psiquiátrica y psicopatológica, y de �una valoración de la
medicación�, a pesar de que el paciente toma más de 11 medicamentos.
�Por tanto �concluyen los médicos españoles�, existen razones
justificadas farmacológicas y de efectos secundarios, para decir que esta
evaluación no es fiable�. Por su parte, Suiza indicó que mantendrá su
solicitud de extradición. El fiscal Bernard Bertossa hizo hincapié en
que no incumbe a Gran Bretaña decidir si Pinochet puede o no asistir a un
juicio. "Le corresponde a España primero y a los otros países
después�, puntualizó.
La aparente dureza de los informes de los cuatro países pone a Straw en
un aprieto. Por un lado, podría apoyarse en la sección 12, punto 2 de la
ley de extradición británica, según la cual, �el ministro denegará
la entrega de una persona cuando, habiendo tomado en cuenta todas las
circunstancias, le parezca injusto o cruel�. Extraditar a alguien que no
está en condiciones de �ser sometido a juicio�, podría formar parte
de esas circunstancias injustas o crueles. Por otra parte, el
cuestionamiento unánime al informe médico británico aumenta las
posibilidades de una apelación judicial a su decisión final, por parte
de más de un país. No será la primera vez que desde el arresto de
Pinochet, el 16 de octubre de 1998, el ministro del Interior se encuentre
entre la espada y la pared.
UNA DECISION JUDICIAL ESPAÑOLA LO HABILITA A
APELAR
Cómo Garzón se convirtió en SuperGarzón
El País de Madrid
Por Ernesto Ekaizer desde Londres
La sala de tres jueces del Tribunal
Supremo español que el pasado día 29 de enero desestimó una querella
criminal presentada contra el canciller español Abel Matutes dio ayer un
importante giro al resolver el recurso de súplica presentado por el
querellante, Marcos Roitman. Los jueces Luis Román Puerta, José Antonio
Martín Pallín y Andrés Martínez Arrieta, tras ratificar que el
ministro no cometió delito alguno al rechazar la posibilidad de presentar
un recurso de revisión contra la decisión preliminar del ministro
británico del Interior, Jack Straw, confieren, empero, al juez la
facultad de presentar dicho recurso.
La decisión llega en un momento decisivo, habida cuenta de que el juez
Garzón, al enviar ayer sus alegaciones ante el Ministerio del Interior
británico, referidas al informe médico del general Pinochet, insiste en
la necesidad de presentar recurso de revisión judicial contra la
decisión final que pueda adoptar el ministro Straw en el sentido de
liberar al ex dictador. Los jueces estiman que Matutes no pudo,
subjetivamente hablando, cometer delito. �Si el ministro de Asuntos
Exteriores en su examen y valoración de todos los hechos y circunstancias
�dice el auto adoptado por unanimidad� estimaba que realmente nos
encontrábamos en una fase exclusivamente político-administrativa, su
decisión de no recurrir tiene una base razonable, por lo que
incuestionablemente no existe la más mínima posibilidad de exigirle
responsabilidades penales.�
Pero, a continuación, los jueces dan un giro importante al abordar �la
situación actual del procedimiento de extradición�. Según dice el
auto en su fundamento cuarto, punto número 1, �a la vista de todos los
acontecimientos que se vienen sucediendo en este procedimiento de
extradición, nos encontramos ante una nueva fase judicial, de muy
especiales características, que tiene su origen en la iniciativa del
ministro del Interior de someter a revisión su propósito o intención de
entregar a Chile a Augusto Pinochet. No entramos en el análisis de su
naturaleza debido a la especial idiosincrasia del sistema judicial inglés
y sus diferencias con el sistema continental, pero no por ello debemos
dejar de constatar que los tribunales ingleses están interviniendo y que,
mientras tanto, el ministro, que puede tomar en cualquier momento una
decisión de fondo, no ha optado por adoptarla�.
Los jueces señalan que �por consiguiente... procede deslindar y
distinguir entre la fase judicial y la fase gubernamental de los actuales
procedimientos de extradición�. Y agregan una consideración
fundamental en las actuales circunstancias, en estas últimas horas, del
caso Pinochet: �Ante la falta de claridad de la ley inglesa, si en la
fase políticoadministrativa surge algún trámite judicial, deberían ser
los órganos jurisdiccionales que han tomado la iniciativa para poner en
marcha el procedimiento de extradición los que tendrían que ponderar la
necesidad de estar presentes en todos los trámites judiciales posibles,
mientras que cuando se pase definitivamente a la fase
político-administrativa cualquier eventual decisión debe ser acordada
por las autoridades gubernamentales�.
Los jueces refuerzan este criterio al señalar que �con el objeto de
superar estos conflictos y sin perjuicio de una futura judicialización de
los procedimientos de extradición, la conveniencia de mantener abiertas
todas las vías posibles aconsejaría que se procurase, sin
condicionamiento alguno, la posibilidad de que las víctimas de los hechos
delictivos que se trata de perseguir estuvieran presentes en todo el
proceso de tramitación, con objeto de garantizar, en todo momento, la
defensa de sus intereses�.
Según el auto dictado el martes, pues, la nueva petición, del juez
Garzón de recurrir debería ser respetada por el gobierno español.
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