�Que se dediquen a comandar la fuerza, a establecer pautas para el reconocimiento de la verdad y a cumplir con sus obligaciones judiciales, y que dejen que las decisiones políticas las tomen los políticos.� Este es el mensaje que la defensora del Pueblo, Alicia Oliveira, lanzó en respuesta al inminente ascenso de militares acusados de violar los derechos humanos. Es también el eje de una carta que le dirigió al jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, a raíz de sus declaraciones entre las que incluyó que cree que no hay documentación de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Ejército y que le es imposible revisar todos los depósitos y archivos de la institución.
�No se trata sólo de abrir cajones esperando la respuesta total ni de esperar que ella aparezca en el escritorio de un militar ya fallecido�, dice un tramo de la carta de Oliveira al sucesor del Martín Balza. �Recordamos �señala también el texto� que la única manera de develar la verdad histórica no es a través de un documento donde consten todos los datos que se esperan. La obligación de las instituciones del Estado de derecho, entre ellas las Fuerzas Armadas, importa la necesidad de reconstruir la información y ésa es la tarea que reclamamos al jefe del Ejército: un análisis de toda la documentación en poder de la fuerza que permita establecer responsabilidades de sus miembros, hechos delictivos y que por fin establezca el destino de cada una de las personas cuyo paradero se desconoce�.
Oliveira objetó los dichos con los que Brinzoni en un reportaje con el diario Clarín aludió a la falta de documentación, a la imposibilidad de revisar la existente, a que �cree que el libro secuestrado en el Hospital Militar (de registro de nacimientos) debe tener información pero no de carácter relevante, puesto que la documentación fue destruida en 1983 cuando así se ordenó. Y que eventualmente pueden aparecer en un cajón cuando se muera algún viejo militar y que todo dato que pueda aportar un integrante del Ejército va a ser entregado a la Justicia�.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es una de las partes en el juicio por la verdad que tramita la Cámara Federal en la Criminal y Correccional de la Capital Federal. A pedido de ese organismo porteño, la Justicia dictó una prohibición de innovar referida a �todas las actuaciones y documentación contenida en el Archivo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas correspondientes a los años 1976-1983, vedándose su incineración o cualquier forma de destrucción�, le recordó Oliveira a Brinzoni. La resolución es de mayo del año pasado y su alcance luego se amplió a los restantes poderes de la República, a los órganos dependientes del Poder Ejecutivo y al Gobierno de la Ciudad.
�La voluntad del Ejército de colaborar con la búsqueda de la verdad no ha pasado hasta hoy de meras declaraciones de sus jefes�, reprochó Oliveira. �Recuerdo al jefe del Ejército que es su obligación (...) colaborar con las investigaciones a cargo de la Justicia aportando todo material que pueda conducir al esclarecimiento de la verdad y preservando la documentación en poder de esa Fuerza.�
Indignada, además, con los ascensos de represores que llevan el aval del ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, y del presidente Fernando de la Rúa (ver aparte), la Oliveira dijo: �La defensa de estos ascensos, cuando la sociedad civil se opone, demuestra que tengo razón. Que aprendan, que las decisiones políticas las tomen los políticos�, remató.
EL ASCENSO DE MILITARES ESPERA EN EL SENADO
Los represores todavía sin festejo
En la Comisión de Acuerdos del Senado fracasó el intento de acordar ayer los ascensos de los militares cuestionados por los organismos de derechos humanos. �Los senadores radicales todavía no adoptaron una solución definitiva�, fue la formal respuesta de un vocero. Lo cierto es que los legisladores oficialistas deben decidir si acatan lo expresado por el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, y por el presidente Fernando de la Rúa y aceptan premiar a personal de las Fuerzas Armadas mencionados en los legajos de la Conadep. La comisión, de mayoría justicialista, recibirá el miércoles próximo a miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) que fundamentarán y ampliarán las impugnaciones.
La filtración de la ríspida reunión entre López Murphy y los representantes de la APDH �publicada por Página/12� en la que el ministro defendió a los uniformados señalados como represores y la carta que el Presidente envió al Senado ratificando esta posición desató una carrera en la Comisión de Acuerdos. Las Fuerzas Armadas sintieron que la carta de De la Rúa les otorgaba vía libre. Pero los miembros de la APDH, el organismo de derechos humanos más cercano al gobierno, lograron que los senadores los escuchen la semana que viene.
La postura de López Murphy también recibió críticas de cuatro diputados del Frepaso que manifestaron, mediante un comunicado, su �más enérgico rechazo� al ascenso de oficiales que aparecen vinculados con la desaparición y tortura durante la última dictadura�. Según Marcela Bordenave, Alfredo Bravo, Gustavo Cardesa y Jorge Rivas �este tipo de decisiones afecta a la construcción del nuevo rol que deben asumir las Fuerzas Armadas�. Los legisladores calificaron como �una falta de respeto� las declaraciones del jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, quien manifestó las acusaciones de la Conadep como subjetivas.
Martín Abregú, director del Centro de Estudios Legales y Sociales �el organismo que presentó las impugnaciones ante la comisión� afirmó que �lo mejor que puede hacer el presidente Fernando de la Rúa es dejar que el Senado haga su trabajo y no interferir a favor del ascenso de militares cuestionados por violaciones a los derechos humanos�. Abregú también se refirió a la descalificación de los archivos de la Conadep que hizo Brinzoni. �Si estas personas son acusadas sin motivos, entonces el Ejército debería dar elementos para despejar todas las sospechas�, manifestó. Y repitió que �si estos militares no están condenados no es porque sean inocentes sino porque se sancionaron leyes de impunidad�.
Los oficiales Rafael Braga, mencionado en la Conadep como represor en Jujuy, y Rodolfo Mujica, quien cumplió igual función en Catamarca; el teniente coronel Alejandro Richetta, que se desempeñó en el campo de concentración La Ribera y el oficial de la marina Pedro Florido, quien ordenó a un detenido de la Escuela de Mecánica de la Armada que confeccione un pasaporte falso para el jefe de la logia Propaganda Dos, Licio Gelli, son algunos de los personajes cuestionados.
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