Por Cledis Candelaresi y Raúl Dellatorre
 La
vocación oficial de respetar el mercado y no confrontar con las
petroleras hizo que el Gobierno desechara varias medidas que son materia
de estudio en la Secretaría de Energía y que, posiblemente, resultarían
más eficaces para controlar el precio de los combustibles. Algunos de
esos retoques legales podrían quedar plasmados en una futura ley de
hidrocarburos, si la iniciativa que el Gobierno se dispone a girar al
Congreso corriera mejor suerte que otras tantas cajoneadas. Por ahora, el
decálogo de medidas que anunció el martes la Jefatura de Gabinete
cosecha críticas de expendedores y especialistas del sector, que la ven
sólo como más de lo mismo. Las refinadoras, en tanto, suspiran
tranquilas. �Este gobierno es respetuoso de las reglas. Nosotros no
vemos ningún peligro en el horizonte�, confesó ayer ante Página/12 el
vocero de Repsol-YPF.
�Las medidas son sólo anuncios para entretener al público y ganar
tiempo a ver si baja el crudo internacional�, cuestionó ayer ante este
diario el ex subsecretario de Combustibles del PJ, Rubén Maltoni. Esta y
otras críticas disparadas ayer sobre los anuncios oficiales difícilmente
hayan sorprendido al secretario de Energía, Daniel Montamat, quien tiene
estudiado algunos atajos reales para bajar el precio de las naftas, pero
que fueron momentáneamente descartados por cuestiones políticas:
* Una idea ya era analizada por su antecesor, el justicialista César
MacKarthy, y consiste en transformar el Impuesto a la Transferencia de los
Combustibles del actual valor fijo (48 centavos sobre cada litro de nafta)
en un porcentaje. Esto permitiría, entre otras cosas, hacer más nítida
la diferencia de precio que existe entre las distintas marcas (el impuesto
sería mayor en la medida que el precio propiamente dicho suba). Pero
podría menguar la recaudación del ITC, que aporta anualmente unos 4000
millones de pesos, parte del cual se destina al sistema previsional.
* Otra delicada opción desmenuzada en los despachos oficiales fue la de
interrumpir la vigencia de los contratos entre las refinadoras y las
estaciones de servicio, con el objeto de facilitar una mayor competencia
de precios. Para inmiscuirse en convenios privados, el Estado debería
invocar una �razón de orden público�, según apuntan desde el
Congreso legisladores de la oposición. Pero temeroso de una avalancha de
juicios de las petroleras, Montamat prefirió mantener el statu quo por
ahora.
Todos los especialistas del rubro coinciden en que para estimular la
competencia de precios entre estaciones también habría que acotar la red
propia de las refinadoras, que cada vez concentran una proporción mayor
de bocas de expendio y con localizaciones preferenciales. Esta imposición
podría hacerse a través de una ley que fije un tope, a semejanza de lo
que ocurre en los Estados Unidos, donde ninguna compañía puede tener
más del 10 por ciento por estado. Por ahora el gobierno analiza
tímidamente la idea para incluirla, eventualmente, en su inminente
proyecto de ley.
�La importación de los combustibles no sirve para bajar el precio de
las naftas, ya que de 100 estaciones de servicio, 92 tienen contratos de
exclusividad de entre 10 y 20 años y las de bandera blanca no están
ubicadas en los lugares con más afluencia de consumidores�, se quejaba
ayer ante los micrófonos radiales Carlos Calabró, titular de la
Federación de Expendedores de Combustibles.
�El gobierno no hace nada para cortar la integración vertical en el
sector, donde el que produce también distribuye y vende�, reprocha
Raúl Ochoa, consultor en temas industriales y asesor parlamentario del
PJ. Hacerlo obligaría al Gobierno a avanzar en el vidrioso terreno de
regular un sector desregulado, pero que de hecho está muy concentrado y,
por lo tanto, no es competitivo. A juicio de Ochoa, esta descripción del
mercado es argumento legal suficiente como para conferirle al Estado la
potestad de intervenir, algo que Economía estudia cuidadosamente.
El paquete con el cual el Gobierno intentó demostrar su voluntad de
control sobre las naftas tiene como eje facilitar la importación y
lapublicidad de los precios. Pero estas decisiones ya fueron adoptadas,
por el gobierno anterior y con escaso rédito, al igual que la anunciada
apertura de un registro de contratos entre refinadoras y estacioneros.
Según recuerda otro ex funcionario del sector, no hay tanques portuarios
de almacenamiento para el combustible a importar: salvo los de Vitol, en
Zárate, y de Dapsa, en Dock Sud, el resto pertenecen a las tres
petroleras mayores. El gobierno de la Alianza tampoco parece dispuesto a
echar mano a la Ley de Hidrocarburos aún vigente, que le permite
inmiscuirse en los costos internos de las compañías para monitorear si
sus aumentos de precios se corresponden con incrementos en los insumos que
efectivamente utilizan, al producir localmente.
EL GOBIERNO BUSCA COMO
ENFRENTAR A LAS PETROLERAS
Una ley de hidrocarburos en la
manga
El Gobierno
procuró mostrar ayer que ha tomado la iniciativa en la puja con las
petroleras por el precio de los combustibles. Anunció que en marzo
enviará al Congreso un proyecto de ley de hidrocarburos para introducir
nuevas regulaciones en el sector. Se trata de un gesto político de peso,
dado que a través de esa norma se podría limitar el poder de las
petroleras para manejar a discreción el funcionamiento del mercado.
El Gobierno había dado a conocer anteayer una serie de medidas para
inyectar competencia, que fueron consideradas tímidas por analistas del
sector y por representantes de los empresarios de estaciones de servicio.
El ministro de Economía, José Luis Machinea, y los secretarios de
Energía, Daniel Montamat, y de Defensa de la Competencia, Carlos
Winograd, ofrecieron ayer una conferencia de prensa para resaltar la
importancia de dichas medidas y señalar que se están buscando
alternativas para corregir �las dificultades estructurales en el mercado
de combustibles�.
El envío al Congreso de una nueva ley de hidrocarburos fue una señal
hacia las petroleras, así como también la ratificación del anuncio que
Winograd hizo la semana pasada en Página/12 acerca de que se iniciará
una investigación de oficio en la secretaría que conduce sobre el
mercado de combustibles. Sin embargo, la trascendencia que tendrá el
nuevo marco regulatorio dependerá de hasta qué punto condicionará la
libertad de acción de la que hoy disfrutan las petroleras. Montamat
sostuvo que �será un marco general� y que los abusos de posición
dominante que pudieran demostrarse a Repsol-YPF, Shell y Esso �son
pasibles de sanciones con la ley vigente de Defensa de la Competencia�.
�Tenemos indicadores que muestran una gran concentración de mercado y
otros que indican que habría prácticas que limitan la competencia.
Prueba de ello es la diferencia de precios que existe entre el petróleo
importado y el de salida de refinería, que no nos parece aceptable�,
señaló Machinea. El ministro anticipó que Economía estudia la
elaboración de un proyecto de ley para modificar las modalidades
contractuales entre estaciones de servicio y empresas petroleras, que en
la actualidad obligan a las primeras a mantener acuerdos por 15 años. �Los
derechos adquiridos por los contratos firmados se respetarán. Esa es
nuestra conducta en este y otros aspectos, pero vamos a revisar la
legislación hacia adelante�, a fin de posibilitar que los convenios
sean a más corto plazo, añadió. Los estacioneros reclaman que los
contratos se limiten a dos años.
Otra medida que podría tomarse para bajar el precio de los combustibles
en la reducción de su carga impositiva, pero Machinea afirmó que �no
lo veo posible en el corto plazo y dudo que pueda hacerse en el mediano�.
�Con estas medidas no se ataca el problema fundamental para que el
mercado sea competitivo�, subrayó el titular de la Federación de
Estaciones de Servicio, Carlos Calabró, en referencia a los anuncios
oficiales de anteayer. En tanto, Manuel García, de la Asociación de
Estaciones de Servicio Independientes, consideró que �salvo las medidas
para facilitar la importación de combustible, el resto no tiene
relevancia� para bajar el precio.
PROTESTAS DEL AUTOTRANSPORTE
EN EL CENTRO
Fue apenas un leve
embotellamiento
Por Sergio Kiernan
La protesta del
transporte resultó apenas un embotellamiento: unos pocos centenares de
colectivos, que en el centro parecían poca cosa, dando vueltas divididos
en tres rutas. Cualquier fin de tarde en Constitución o Retiro permite
ver más ómnibus, oír más bocinazos, sentir más tensiones que en esta
caravana que supuestamente iba a trastornar la ciudad. �No pasa nada�,
dijeron con rara unanimidad los taxistas, que siempre están dispuestos a
protestar. De hecho, los taxis tuvieron un muy buen día porque el susto
vació las calles de autos particulares: hubo viajes para todos. �Todo
tranquilo�, confesaron los choferes de la protesta, que admitían sin
mayores vueltas que �nadie nos lleva el apunte�.
Y no es apenas un caso de indiferencia al prójimo o una muestra más de
la mala imagen del sindicalismo. Los colectiveros eligieron un perfil
cívico para su marcha: respetaban los semáforos, no cortaban las calles,
les hacían caso a las indicaciones de los policías. De hecho, ni
siquiera hacían sonar sus bocinas y la única señal de que no eran
charters alquilados para un partido o una excursión eran los modestos
carteles en blanco y negro que pedían �Control al descontrol: no a los
truchos� y acusaban al �transporte ilegal� de �corsarios y piratas�.
Las caravanas siguieron tres circuitos. Uno iba y venía por el Bajo, otro
recorría un gran cuadrado por Alem-Paseo Colón, Santa Fe, Bernardo de
Irigoyen-Carlos Pellegrini (el único tramo que, por estrecho, parecía
masivamente lleno de manifestantes) e Independencia; el tercero seguía
más o menos la línea Corrientes, el Bajo, Independencia y Callao. La
confusión comenzó con la única medida firme de la policía: cortar
Avenida de Mayo, por donde tenía previsto pasar la tercera columna. Tanto
ir y venir, para las cuatro de la tarde todo el mundo había perdido de
vista los ómnibus de cabecera donde viajaban los delegados y cada
colectivo seguía por donde podía o quería. Respetar los semáforos
significó que las columnas se quebraran en grupos de colectivos aislados,
una docena aquí, otra más allá, una tercera en la otra cuadra. El
centro terminó lleno de colectivos que parecían perdidos en la gran
ciudad. Los pocos transeúntes que levantaron la vista deben haber pensado
que realmente se habían perdido. Es que había tableros de líneas nunca
vistas en la zona: 115, 710, 562, 314, 371, 283, 410, números suburbanos
que unen Virreyes y Boulogne, Florencio Varela con Pompeya.
Y a las cinco, hora del partido con Inglaterra, se acabó todo. Los
policías, aburridos y con calor adentro de sus chalecos antibalas,
prendieron la radio. Los colectivos desaparecieron
A De la Sota no lo
dejan vender
Por Mónica Gutiérrez
Desde Córdoba
�No les va a ser
tan fácil sacar la ley para vender todo�, resumió por altavoz un
dirigente gremial en una de las tantas esquinas del centro cordobés que
ayer fue el escenario de la primera jornada de protesta contra el gobierno
de José Manuel de la Sota y su proyecto del �Nuevo Estado�. Cuando
todo hacía prever que la iniciativa tendría media sanción en Diputados,
donde el oficialismo tiene mayoría, la presión que se ejercía en la
calle y el clima de tensión que se anunciaba desde las primeras horas del
día hicieron que los legisladores postergaran hasta mañana el
tratamiento del proyecto, para insistir en las negociaciones con la
oposición que permitan sacar la ley con alguna base de consenso. A
Germán Kammerath no le va mejor en la Municipalidad, donde el gremio que
nuclea a los empleados le anunció que dará lucha contra su plan
privatizador.
Con los 30 grados que al mediodía se abatían sobre la ciudad, el
tránsito interrumpido y la peatonal abarrotada de policías y
manifestantes, el gobernador cordobés debió digerir ayer el primer día
después de la luna de miel. Su política de reinvención del Estado, que
establece la privatización de la Empresa Provincial de Energía (EPEC) y
del Banco de Córdoba, generó contundentes críticas de sectores
importantes de la sociedad que ayer se reflejaron en las calles. La
Pastoral Social de la Iglesia, por ejemplo, ya había criticado duramente
el proyecto en un documento que fue avalado por el propio arzobispo Carlos
Ñáñez, donde trató de �deshumanizante� la ley, en la que los �ciudadanos�
pierden esa categoría para transformarse en meros �clientes�.
Los colegios profesionales hicieron sentir su oposición por cuanto los
afecta la pérdida del orden público de los honorarios que promueve la
ley. Ni qué hablar de los gremios que sienten amenazadas sus condiciones
laborales ante la anunciada privatización del banco y de la empresa de
energía, además de las nuevas reglas de juego para los estatales, con
retiros anticipados y jubilaciones prácticamente forzadas.
Dos mil policías desplegados en la ciudad y casi dos mil manifestantes de
Luz y Fuerza y del gremio bancario que marchaban hacia la Legislatura,
acompañados por legisladores aliancistas, fue el panorama que encontraron
los diputados de Unión por Córdoba (el conjunto de partidos que lidera
el PJ) cuando se sentaron en sus bancas para dar media sanción a la ley
De la Sota, que incluye temas tan disímiles como un manual de derechos
del consumidor, la creación de un ente controlador de las privatizaciones
y la venta de acciones del Banco de Córdoba, pasando por la instalación
de casino y bingos privados con tragamonedas hasta la desregulación de
los honorarios profesionales.
Los aliancistas habían anunciado que rechazarían el proyecto en ambas
cámaras. Si la ley sale de Diputados sin consenso, los justicialistas
saben que tiene pocas probabilidades de prosperar en el Senado, donde el
oficialismo está en minoría por una banca.
Negociaciones de última hora mostraron al radicalismo predispuesto a
consensuar cambios en el proyecto, a condición de que se le quite el
trámite de urgencia y de que sea dividido en bloques. Según trascendió,
avalarían cambiar en la ley la venta de acciones de la EPEC por la �concesión�
de la empresa y pedirían un tope en la incorporación de capital privado
al banco. El oficialismo, por su parte, preferiría dar mayores garantías
a los trabajadores a cambio de bajar el tenor del conflicto social.
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