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"Hay que aprovechar los beneficios de la mundialización para asegurar que haya estupefacientes a disposición de quienes los necesitan": esta declaración no proviene de un cartel de narcotraficantes sino, al revés, de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dependiente de las Naciones Unidas, que encabezó su informe anual deplorando que 10 millones de enfermos terminales de cáncer en el mundo no tengan acceso a la morfina u otros opiáceos que aliviarían su sufrimiento. Al mismo tiempo, claro está, la JIFE monitorea la lucha contra el tráfico ilegal de drogas, que sigue creciendo, aunque de maneras diferentes en cada punto del planeta: en Estados Unidos prevalecen las anfetaminas y la medicación; en Europa, aunque las anfetaminas están en aumento, ha crecido la aceptación social de la marihuana, favorecida por un creciente cultivo casero. "Lo que pasa en Europa tenderá a suceder en la Argentina", según un experto.
"Es motivo de gran preocupación para la JIFE que las personas
que más necesitan las drogas, como las que sufren dolor en las etapas
terminales del cáncer, no tienen acceso a sustancias de reconocidas
propiedades analgésicas, como la morfina y otros opiáceos." El 30
por ciento de los pacientes en esa condición no recibe alivio para el
dolor, y el problema concierne en especial a los países pobres: de los 15
millones de enfermos graves de cáncer que hay en el mundo, diez millones
pertenecen a los países menos desarrollados. Para enfrentar esto, la JIFE
"invita a los programas internacionales de ayuda a que donen drogas
esenciales a países que no están en condiciones de obtenerlas en el
mercado". El problema también existe en la Argentina, por temor o
falta de información de los médicos; sin embargo el experto en
adicciones Gastón Mazieres --quien participó en la presentación en la
Argentina del informe-- observó que "aquí la situación no es tan
grave, ya que hay buen acceso a drogas sintéticas que cumplen esa función".
También "preocupa mucho a la junta la sobremedicación que
tiene lugar en muchos países desarrollados, influenciada por las prácticas
de comercialización de las compañías farmacéuticas". La entidad
puntualiza diferencias entre Estados Unidos --donde prevalecen los
psicoestimulantes anfetamínicos-- y Europa, con alto consumo de
benzodiazepinas (ansiolíticos).
Además, como anticipó ayer Página/12, el consumo de
marihuana y otros derivados de la cannabis aumentó a nivel mundial. La
JIFE observa en Europa "una explosión del cultivo de cannabis en
interiores, facilitada por la venta de semillas y accesorios en las
'tiendas de cáñamo' y en la Internet, sumada a una actitud tolerante
respecto de la sustancia", y "está apareciendo cannabis cada
vez más potente". Sólo en Suiza hay cultivos comerciales de
cannabis que producen más de 100 toneladas al año.
De todos modos, en la "Unión Europea el aumento del uso
indebido de estimulantes de tipo anfetamina ha sido más pronunciado que
el de otras sustancias incluida la cannabis", según el informe.
Mazieres advirtió que "lo que ya está pasando en Europa es muy
posible que tienda a suceder en la Argentina", que en el informe fue
señalado especialmente como país de tránsito de drogas ilícitas.
La JIFE informó haber tenido buenos resultados en la Operación Púrpura,
destinada a cortar el tráfico de sustancias que se usan en la elaboración
de drogas ilegales, como el permanganato de potasio para la cocaína.
Lorenzo Cortese, secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha
contra el Narcotráfico, admitió que "la Argentina es un país
productor y exportador de estos precursores químicos", y anunció
que "la Secretaría propondrá un sistema de control sobre los
exportadores, subrayando que "en este momento no tenemos reclamos de
la ONU".
POR
PROTECCION A VENDEDORES
El jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, admitió que policías de
las comisarías 7ª y 8ª, con jurisdicción en el barrio de Once, son
investigados por hechos de corrupción, en los que habrían actuado en
complicidad con vendedores ambulantes clandestinos. Simultáneamente, el
subsecretario de Gobierno porteño, Jorge Enríquez, reconoció también
que un listado de inspectores municipales es investigado por la Justicia
por participar en los mismos hechos.
El caso, que dio a conocer el diario La Nación, estalló el 14 de
febrero pasado, luego de que la oficial de la fiscalía 7, Mirta Carrizo,
detectara cómo dos policías vestidos de civil alertaban a los vendedores
ambulantes ubicados en la esquina de Pueyrredón y Rivadavia sobre un
operativo de inspectores que estaba por iniciarse. Carrizo comprobó que
inmediatamente los vendedores levantaban sus puestos, escondían las
mercaderías en dos locales cercanos y, media hora después de finalizado
el procedimiento, volvían a instalarse en el mismo lugar. Por otro lado,
los fiscales Luis Cevasco, María del Carmen Giocco y Verónica Andrade
presentaron una denuncia al juez en lo penal económico Guillermo
Tiscornia, luego de observar la existencia de mercaderías "de dudosa
procedencia en poder de personal de la comisaría 7ª".
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