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 El
dictador Jorge Rafael Videla se amparó en su derecho constitucional y se
negó ayer a prestar declaración indagatoria en la causa por la
sustracción sistemática de los hijos de los desaparecidos durante la
dictadura. El juez Adolfo Bagnasco rechazó el pedido de �nulidad y
apelación� que habían presentado ayer los defensores de Videla y
avanzó con el trámite procesal que había sido postergado en varias
oportunidades. El viernes pasado los letrados Alberto Rodríguez Varela y
Carlos Tavares habían recusado al magistrado por enemistad manifiesta a
raíz de un error formal en la notificación de la audiencia. Bagnasco
rechazó �in limine� la recusación argumentando que no estaban dados
los requisitos legales para que el pedido se encuadrara como tal.En una breve exposición, Videla se remitió a los escritos presentados por sus defensores y consideró que la audiencia �de la que también participó el fiscal Eduardo Freiler� era nula, por lo que se negaba a declarar y a efectuar cualquier comentario. La frustrada indagatoria fue seguida desde una dependencia del juzgado por un médico de la Gendarmería Nacional. Fuentes judiciales aseguraron que �en forma preventiva� se había solicitado la presencia del profesional para que esté presente en la audiencia. De todos modos, Videla se mostró en perfecto estado, sin mostrar ningún signo de cansancio o agotamiento que hiciera necesaria la asistencia del comandante médico. El ex presidente de facto �que vestía traje gris, camisa gris claro, corbata azul y llevaba una carpeta de tapas rojas en sus manos� fue conducido a las 9.35 a los tribunales de Comodoro Py 2002 por efectivos de la Gendarmería. El vehículo que lo siguió y en el que viajaron sus custodios no tenía patente. Habían salido pocos minutos antes desde la vivienda de Cabildo 639, en Belgrano, donde el ex militar cumple arresto domiciliario. Videla fue procesado por el juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich, porque lo consideró autor mediato de la apropiación de cinco menores hijos de desaparecidos. Pero la Cámara Federal de San Martín decidió que ese expediente debía pasar a la justicia federal porteña. Bagnasco quería interrogar a Videla sobre 22 casos del total que componen la práctica sistemática. Las madres desaparecidas que habrían dado a luz mientras estaban secuestradas son Laura Estela Carlotto, Inés Ortega de Fosatti, Helena de la Cuadra, Silva Mabel Valenzi, María Castellini, Silvia Muñoz Barreiro, Cristina Silvia de Santucho y Stella Maris Muñoz, entre otras. Estuvieron detenidas en los centros clandestinos de La Cacha, Pozo de Bánfield y Automotores Orletti. En esta causa, ya fueron procesados con prisión preventiva el ex jefe de la Armada, ex almirante Eduardo Emilio Massera, el ex general Carlos Suárez Mason, el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, el ex capitán Jorge �Tigre� Acosta, el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, los almirantes Antonio Vañek y Rubén Franco, y el prefecto Héctor Febres. A excepción de Acosta y Febres, todos se beneficiaron con el arresto domiciliario. La Cámara Federal debe resolver si confirma estos procesamientos que fueron apelados por los defensores. En el marco de las mismas investigaciones, días atrás Bagnasco allanó el archivo del Hospital Militar de Campo de Mayo, donde secuestró documentación relacionada con los partos que se produjeron en ese centro asistencial entre 1976 y 1983.
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