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Por Victoria Ginzberg
El Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas está presidido por
el almirante retirado Alfredo J.M. Fernández. Allí fueron citados por el
autodenominado "Foro de Verdad Histórica" varios periodistas
--la mayoría de medios extranjeros-- para escuchar una impugnación del
juicio en el que el juez Adolfo Bagnasco investiga la apropiación de
menores como práctica sistemática. En el Salón "San Martín"
estaban presentes también Carlos Tavares y Alberto Rodríguez Varela
--abogados defensores de Jorge Rafael Videla-- y Genaro Díaz Bessone
--presidente del Círculo Militar y representado por Varela en el proceso
por su posible extradición a España, donde está acusado de genocidio,
terrorismo y torturas--.
Durante la primera parte la conferencia de prensa, Varela arremetió
contra Bagnasco usando terminología jurídica. Su intención era
"denunciar la falsedad de las imputaciones sobre la existencia de un
plan sistemático" para apropiarse de los hijos de desaparecidos.
"No hay evidencias ni testimonios imparciales en ninguno de los 34
casos que figuran en el proceso", se afirma en el documento. Varela
insistió en que hay sólo 12 casos probados de robo de bebés --aunque
las Abuelas ya lograron la restitución de más de 60-- e intentó
desacreditar a los ex detenidos que declararon en la causa por ser
"ex prisioneros de las Fuerzas Armadas, la mayoría conocidos ex
terroristas y obvios enemigos de los acusados".
En los papeles entregados a los periodistas se incluye también un
listado "de menores hijos de terroristas comprobadamente devueltos
hasta el momento" (es decir, aquellos que tuvieron suerte y no fueron
secuestrados o que sus familias pudieron recuperarlos en el momento de la
desaparición de sus padres). Para hacer este listado, de supuestos 200
casos, se utilizaron diversos materiales. Se tuvo en cuenta, por ejemplo,
el libro de Abuelas de Plaza de Mayo --en el que se denuncia la
desaparición de 260 niños y se acredita la restitución de identidad de
63--, aunque en otros pasajes del documento se denuncia a Abuelas como un
"pretexto de agitación política". Pero la fuente más curiosa
es la consignada como "casos más salientes recordados por 'Veteranos
del G.T 3.3 de la Escuela de Mecánica de la Armada'".
"Respecto de los partos, que tienen aparentes testigos, cabe
una pregunta: ¿el delito fue atender a las embarazadas o hubiera sido
justamente además de un delito una barbaridad el no atenderlas?", se
consigna cínicamente, pero aceptando que existieron los alumbramientos
que en otros párrafos se ponen en duda. A la hora de las preguntas, los
periodistas se miraban entre sí desconcertados. Un supuesto corresponsal
colombiano con acento centroamericano quiso saber qué medidas se iban a
tomar "ante las infundadas calumnias que difunde la prensa".
Varela aprovechó la ocasión y también criticó al juez español
Baltasar Garzón, quien --dijo-- "junto con Bagnasco deshonra la
magistratura por cuestiones ideológicas". Varela estaba preocupado por el plan sistemático y no por los
casos puntuales de apropiaciones de hijos de desaparecidos. Su inquietud
podría provenir de que los investigadores de la causa que lleva Bagnasco
habían pensado atribuirle responsabilidad política en el plan de robo de
bebés, ya que el abogado fue secretario de Minoridad y Familia. Varela
aseguró "a título personal" que "si alguien se quedó con
un niño, es repudiable".
--Quisiera saber si el resto de los presentes comparte esa afirmación
--manifestó una periodista española.
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