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La "fiscalía de la
transparencia" le cuestiona a María Julia haber hecho contrataciones
directas,
sin las licitaciones o los mecanismos correspondientes y utilizando vías
reservadas por lo general para casos excepcionales. Por ejemplo, como
coordinador de proyectos designó al ingeniero Santiago Bignoli --con
quien se probó que tiene una estrecha relación personal-- utilizando una
figura denominada intuitu personae, que suele aplicarse sólo cuando se
solicitan los servicios de alguien muy destacado en su especialidad. Lo
contrataron "como si fuera Le Corbusier", compararon los
denunciantes. Bignoli es la misma persona que condujo la refacción del
lujoso petit hotel en el que vive la ex funcionaria en Junín 1435. La
vinculación amistosa está acreditada por testimonios de allegados,
dijeron funcionarios cercanos al expediente.
La investigación del área
anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia, tomó como base
un informe sobre el Prodia elaborado el año pasado por la Auditoría
General de la Nación (AGN) cuando aún la presidía el radical Enrique
Paixao. "Existen grandes diferencias entre el presupuesto original y
los gastos efectuados", advertían los auditores. El contenido de ese
documento fue redoblado por otro que a fines de enero dio a conocer el
sucesor de María Julia, el aliancista Oscar Massei.
Finalmente la denuncia judicial cayó en el juzgado de Rodolfo
Canicoba Corral y abarcó una veintena de contratos con el Prodia.
El pago de sobreprecios es otro
de los puntos centrales de la pesquisa.
El organismo que lideraba Alsogaray al parecer pagó, entre otras
cosas, materiales para la refacción de las oficinas del Prodia, el
entrepiso y la planta baja de la Secretaría, por cifras que superaban por
lo menos en un 300 por ciento los valores vigentes en el mercado. Por todo
el arreglo se desembolsaron unos dos millones de dólares, pero los
porcentajes pagados de más dependían de cada rubro. En algunos de ellos,
para los que la Secretaría no dejó registrada la cantidad o los metros
comprados, los sobreprecios serían mayores.
A estos datos la Oficina
Anticorrupción sumó un dictamen de la Comisión Nacional de Monumentos
Históricos que agregaba observaciones según las cuales la obra, además
era de mala calidad. La AGN hizo las verificaciones sobre los desorbitantes importes pagados en función de comparaciones con los precios publicados por la revista Vivienda, Nº 409, de agosto de 1996, la época en la que se gestionaron las modificaciones edilicias. Por ejemplo, según el informe de los auditores se pagó 71.771,76 pesos lo que valía 37.373,71, según ya publicó este diario. Al adquirir revestimientos cuyo metro cuadrado valía 5,80 pesos se pagaron 49 pesos; por los vidrios translúcidos que costaban 9,79 el metro cuadrado se abonaron 43 pesos; la mano de obra para la construcción de sanitarios que podía haber costado 22.313 pesos fue contratada por 99.100. María Julia tuvo la oportunidad de presentarle a Massoni, a través de sus abogados, un escrito donde negaba cualquier anomalía en su gestión con argumentos tales como que los precios para obras públicas nunca son los mismos que los de las privadas. Esta defensa no modificó el parecer de los funcionarios anticorrupción. Los delitos que le adjudican son castigados con hasta seis años de cárcel. En el fuero federal, la ex secretaria también es investigada, entre otras cosas, por supuesto enriquecimiento ilícito, por evasión impositiva, por el presunto pago de diez millones a la empresa PecomNec de una deuda inexistente en sus tiempos de interventora de Entel., y por mal desempeño en sus funciones en relación con los incendios en Bariloche.
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