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Plan resurrección para la industria ferroviaria


El Gobierno planea exigir el equipamiento con bienes locales de los  trenes de pasajeros, en el marco de la renegociación que encara con los concesionarios. Será a cambio de concederles un aumento de tarifas. 

Los planes de inversión se costearán con aumentos tarifarios


Por Cledis Candelaresi
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El Ministerio de Infraestructura planea imponer una especie de compre nacional para equipar todas las líneas de trenes urbanos. Según la versión más extrema de esta idea oficial, los multimillonarios planes de inversión que los concesionarios prevén costear con aumentos tarifarios deberían ejecutarse con bienes fabricados íntegramente en la Argentina. "Queremos darle impulso a la industria nacional y que resuciten algunas industrias, como Materfer", imagina Nicolás Gallo. Al igual que los adjudicatarios, el secretario de Transporte, Jorge Kogan, se conforma con un esquema de compra "con mayor integración de mano de obra argentina". El proyecto ministerial forma parte de la re-renegociación contractual que el Gobierno y las empresas adjudicatarias se comprometieron a finalizar en 120 días.

  Aunque formalmente el debate Gobierno-empresas recién comienza, hay varios puntos que tienen un principio de definición. La administración de la Alianza intentará corregir lo que habían pactado Trenes de Buenos Aires, Trenes Metropolitanos y Ferrovías con la gestión menemista, aunque trabajará sobre el mismo esquema de más plazos y más tarifas. En la futura versión contractual también habrá aumentos tarifarios y extensión de los plazos de concesión. Pero la condición para ajustar el precio del boleto será que primero se hayan realizado las inversiones que los justifiquen. Mientras que la prórroga de los contratos será seguramente menor a los veinte años adicionales que habían pactado las empresas con el gobierno anterior.

  La misma firmeza inspira la idea del ministro de que todo el equipamiento se realice a través de proveedores locales. La semana pasada, el Estado y los adjudicatarios firmaron un acta acuerdo por el que se comprometieron a suspender por tres meses la aplicación de los nuevos contratos firmados con el gobierno anterior y que, en algunos casos, la Justicia había bloqueado. En este convenio, las partes convinieron "armonizar las especificaciones para la adquisición de bienes y servicios, con el objeto de aumentar la capacidad de participación de la industria nacional".   

  Pero mientras Gallo se deleita con la idea de convertirse en un prócer de la industria pesada argentina, para los concesionarios aquel postulado es casi retórico y sólo puede respetarse con ciertas restricciones. TBA (Mitre y Sarmiento) asegura que no es posible unificar al proveedor de coches, entre otras cosas, porque cada línea tiene características singulares. Sin embargo, es a quien mejor le vendría una imposición de este tipo: Emprendimientos Ferroviarios, de su propiedad, es la única en condiciones de producir carrocería, aunque no los boogies, donde ésta se asienta. Metropolitano (Roca, San Martín y Belgrano Sur) también considera que los funcionarios "no pueden plantear como una exigencia" el compre nacional, pero por ahora tiene suspendida la negociación con proveedores de Europa y Japón, a quienes les habrían comprado nuevas unidades.

  El propio secretario de Transporte también considera imposible un compre local en sentido estricto, entre otras cosas porque en la Argentina no hay quien fabrique íntegramente un coche. Pero sí está dispuesto a imponerles a las empresas un sistema de provisión por el cual se ensamble en estas tierras mucho de lo que se compre en el exterior.

 

Los puntos controvertidos

El acuerdo firmado días atrás entre el gobierno y las empresas adjudicatarias de trenes urbanos enumera también un listado de 26 puntos a revisar, generalmente referidos a cuestiones controvertidas. Según los ítem detallados en esa nómina, Nicolás Gallo pondrá la lupa sobre algunas prerrogativas pretendidas por las empresas y consentidas por la gestión anterior. Entre ellas, la de poder trasladar correspondencia, modificar drásticamente la composición societaria o ampliar el objeto social, permitiéndole al concesionario prestar servicios en otros ámbitos de la Nación y del extranjero, "pudiendo presentarse como oferente en licitaciones nacionales o en el exterior". También será revisada la autorización para que las empresas puedan prendar la recaudación futura y puedan modificar el diagrama de servicios obligatorios. Del mismo modo, Infraestructura pondría los ojos sobre la facultad para cambiar con gran margen de libertad el plan de inversiones comprometido. Claro que la exhaustiva revisión no significa que el Estado anule esas ventajas, adicionales a las de poder cobrar importantes aumentos de tarifas.

 

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