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El juicio por encubrimiento
quedó abierto, en lo formal, con la sentencia condenatoria de Luque, a 21
años de prisión, y de Tula, a 9 años, el 27 de febrero de 1998. Ese día,
el tribunal integrado por Santiago Olmedo, Jorge Alvarez Morales y Rubén
Alvarez ordenó a la Justicia de instrucción que investigara a 33 de los
370 testigos por falso testimonio, entre ellos a los ex diputados
nacionales Luis Saadi, Carlos Rosales y Luis Uriondo. Al mismo tiempo, se
impulsó el pedido formulado por el fiscal Luis Taranto, quien habló de
un "gigantesco encubrimiento" en el que involucró a 21
personas, entre ellos el ex gobernador Saadi, su hermana Alicia, Jorge Díaz
Martínez, ex subsecretario del Interior de la Nación, y por lo menos 17
policías que intervinieron en la investigación.
Desde entonces y hasta ayer por
la mañana, nada se había hecho en lo que respecta al encubrimiento y a
los demás delitos denunciados en el juicio, entre ellos las amenazas que
dijeron haber recibido Elías Morales y Ada Rizzardo, los padres de la víctima.
Mientras su marido prestaba declaración, entre las 7.15 y las 12.30 de
ayer, Ada permaneció en el juzgado de la doctora Olmi, quien también la
había citado, aunque luego decidió pasar su testimonio para el lunes.
Olmi recibió la causa del
juzgado a cargo de José Carma, quien se declaró incompetente para actuar
en lo referido al encubrimiento. Carma argumentó
que él ya había emitido opinión sobre el tema al dictar el
sobreseimiento de Hugo "Hueso" Ibáñez y Luis "Loco"
Méndez, los amigos de Guillermo Luque que habían sido acusados de ser
coautores del delito de violación seguida de muerte de María Soledad
Morales. Olmi primero había expresado su desacuerdo con la decisión de
Carma, pero ayer --en forma sorpresiva-- citó a los Morales.
Fuentes judiciales precisaron
que en la causa "todavía no hay imputados" y que la jueza tiene
previsto girar oficios a todas las fiscalías para que remitan todos los
testimonios referidos al encubrimiento o a los delitos conexos que
pudieron haberse cometido durante la investigación del crimen. Recién
entonces analizará caso por caso para determinar las posibles
prescripciones o las imputaciones por decidir. Se cree que en muchos casos
la acción penal ya estaría prescripta.
Desde el día de la sentencia,
los juicios posteriores quedaron bajo signo de interrogación. En 1997 se
supo que en 1991 había sido sobreseído, por error, el ex jefe de la
policía de Catamarca, comisario Miguel Angel Ferreyra. Al parecer hubo
una confusión con otra causa y el responsable del error sería el juez
Guillermo Cerdá, para quien se pidió juicio político, aunque el trámite
tampoco avanzó.
Junto con Ferreyra fueron
acusados los policías Miguel Dahbar, Rubén Figueroa, Daniel Arroyo,
Julio Salcedo, Julio Sosa, Dardo Ferreyra, Juan Carlos Añauque y Eloy
Guzmán. En cuanto a los "aprietes", el número uno era el
subcomisario Luis Patti. Elías Morales dijo que también se sintió
"presionado" por el entonces secretario de Justicia César
Arias, estrecho colaborador del ex presidente Carlos Menem. Luego del
fallo condenatorio de Luque y Tula, una fuente judicial estimó ante Página/12
que ése había sido "el techo para la Justicia de Catamarca",
dando a entender que los juicios posteriores nunca prosperarían.
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