Por Miguel Bonasso
 Un
informe técnico interno del Registro Nacional de las Personas (Renaper),
al que Página/12 tuvo acceso, afirma taxativamente que la empresa Siemens
no está en condiciones técnico-operativas para ejecutar el contrato para
la fabricación de los nuevos DNI, que fue otorgado a la empresa germana
por el gobierno de Carlos Menem y mereció en su momento impugnaciones
administrativas y denuncias judiciales de los diputados frepasistas Darío
Alessandro y Juan Pablo Cafiero. El non paper (sin membrete oficial) le
fue entregado personalmente al ministro del Interior, Federico Storani,
por el actual interventor en el Renaper, Gastón Ortiz Maldonado.
Los directivos de Siemens, según pudo establecerse en esta investigación
periodística, consideran que los técnicos del Renaper están colocando
�un palo en la rueda� en el polémico contrato de los DNI al impedir
que empiece la producción masiva de documentos. Siemens no descarta un
jugoso juicio contra el Estado. La conducción política del Ministerio
del Interior no quiere que la sangre llegue al río, por el peso
internacional de Siemens y porque teme a las previsibles críticas del
menemismo, que podría equiparar una eventual rescisión de la concesión,
con la anulación de los contratos petroleros de Arturo Frondizi en
tiempos de Arturo Illia.
Los funcionarios se inclinarían, entonces, por una renegociación que
apunta a bajar el exorbitante precio del nuevo DNI (30 pesos) y la
entrega, por parte de la empresa, de un número significativo de
documentos gratuitos. Por detrás de las negociaciones, en la historia del
contrato se insinúa un thriller político-financiero, con un negocio que
podría llegar a sumar 1.000 millones de dólares y personajes entre los
que figuran ex miembros del gobierno anterior, incluido Carlos Menem,
empresarios y hasta un embajador extranjero.
Las cajas con documentos del Contrato Siemens abarrotan las oficinas del
Renaper, de la Dirección de Migraciones y de distintos despachos del
Ministerio del Interior. Los informes van y vienen y no está todavía muy
claro lo que debe hacerse con este megaproyecto documentario que, para
algunas fuentes empresarias consultadas por Página/12, podría constituir
un affaire de proporciones similares a las del escándalo IBM-Banco
Nación.
La SIGEN observa y la Defensoría del Pueblo de la Nación, a cargo del
ombudsman Eduardo Mondino, se aprestaría a salir con los botines de
punta.
La Unidad de Coordinación y Seguimiento del Contrato Siemens, creada por
el interventor del Renaper, ya ha celebrado cuatro reuniones desde que fue
creada el 31 de enero pasado.
El tema es complejo porque nació deliberadamente complejo, oscuro y
ambicioso, reuniendo varias operaciones a la vez: la fabricación de
documentos y su entrega por correo (una novedad que es difícil no asociar
con el Cartero Don Alfredo); el procesamiento inmediato, on line, de datos
de frontera, que en el decreto firmado por Menem y Ruckauf en 1994
apuntaba a controlar a los inmigrantes procedentes de los países
fronterizos y después del feroz atentado contra la AMIA pasó a
justificarse como barrera contra el ingreso de terroristas y, por último,
la informática electoral. Una feliz concurrencia de tres operaciones (y
negocios) distintos, que motivó el cuestionamiento de los diputados
Alessandro y Cafiero, para quienes se debió llamar a tres licitaciones
distintas.
El informe interno del Renaper subraya con prudencia que �no existen
intenciones aviesas en contra de la empresa Siemens� y que, �muy por
el contrario, se entiende como muy necesaria su participación por el
respaldo institucional que ello significa�. �Lo que no se debería
aceptar �agrega- es que se desarrolle un proyecto de alto significado
político y de costos inéditos con profesionalidad reducida.� Según
los técnicos del Registro, los representantes del Gobierno cuentan con el
suficiente respaldo profesional y documental como para tomar la decisión
que corresponda, ya sea la renegociación como la rescisión lisa y llana
del contrato. Sostienen que �existe imposibilidad fáctica para poner en
marcha el Proyecto Siemens�, porque esta empresa �no está en
condiciones técnicooperativas de implementarlo�. Enumeran diversas
carencias:
1) No se ha concretado la transferencia de recursos establecida en el
contrato vigente;
2) no se ha concluido aún con la programación, ajustes, prueba piloto e
implementación de los sistemas informáticos que se utilizarán en la
producción; dichos sistemas informáticos presentan �serios problemas
de inconsistencias y performance, lo que impide considerarlos aptos para
producir en calidad y cantidad los documentos contractualmente
comprometidos�;
3) el edificio a utilizar como planta de producción no cuenta con la
obligatoria habilitación municipal y no se ha cumplido en tiempo y forma
con las exigencias establecidas por la legislación vigente en materia de
higiene, seguridad y funcionalidad edilicia.
Otro informe interno del registro (el de la Unidad de Coordinación y
Seguimiento del Contrato Siemens) señala además que el edificio de
marras, ubicado en Chutro 2780, ni siquiera ha sido comprado sino �locado
por la contratista�. Lo que motiva la siguiente reflexión: �Independientemente
de sus términos, señalamos con preocupación la incertidumbre que
provoca una modalidad contractual que hace depender al Estado de la
voluntad de terceros en un tema tan sensible como la administración del
sistema documentario�. El señalamiento vale para toda la deserción
estatal operada durante el decenio menemista y no solo para el Proyecto
DNI. Este mismo documento, que sí lleva el membrete oficial del Renaper,
sostiene que, en materia de sistema informático, �la contratista no
está en condiciones de cumplir con los servicios a su cargo ni con los
niveles de producción previstos en el contrato�. �A título de
ejemplo �sostiene el documento� los tiempos de respuesta para la
visualización de datos son excesivamente lentos y constituyen un
verdadero cuello de botella en la línea de producción.� Deben ser
adaptados los sistemas informáticos, tanto en lo que hace al software
como al hardware.
El documento sugiere que, en caso de renegociación, se presione para
bajar el precio del DNI. El Registro también desearía que los
negociadores del Ministerio del Interior, lograran que la empresa otorgue
dos o tres millones de documentos gratuitos en vez de los 70 mil ha que se
ha obligado en el actual contrato. Una cifra irrisoria si se tiene en
cuenta que el Registro Nacional de las Personas tiene solicitudes por más
de 700 mil documentos que no logra entregar a causa de una producción
manual, decimonónica, que ha colapsado.
En el Ministerio del Interior, los negociadores se preparan para una dura
lucha con la empresa alemana. La jefatura de operaciones está instalada
en la Subsecretaría de Interior que conduce César Martucci, a las
órdenes del viceministro Carlos Becerra. De Martucci depende lo que antes
era la vieja Secretaría de Población en cuyo organigrama están el
Renaper, la Dirección Nacional Electoral y la Dirección Nacional de
Migraciones: los tres organismos vinculados al contrato.
En su ánimo, por lo que pudo apreciar este cronista, pesa más la
voluntad de renegociar que de rescindir. Sus abogados y asesores trabajan
activamente sobre las más de 40 mil fojas de antecedentes, para encontrar
los argumentos que opondrán a la ofensiva de la trasnacional teutona. La
empresa tratará de que el contrato entre en ejecución bajo las pautas
económico-financieras establecidas por el gobierno de Menem.
Siemens,además, sostiene que invirtió ya 135 millones de dólares en el
proyecto, una cifra que a los funcionarios estatales les parece más
cercana a la literatura que a la realidad contable, salvo que algunos de
esos millones hayan sido los que la trasnacional utilizó para comprarle a
su antiguo rival y presente socio, Francisco Macri, la mayoría de las
acciones de Itron.
Los abogados de la compañía alegarán, también, que el Estado nacional
�a partir del 31 de enero último� está incurriendo en mora en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Los ejecutivos
argumentarán que la empresa, que ahora ha cambiado su nombre por fusión
con Nixdorf, está en condiciones de encarar, de forma inmediata, la
producción de casi 35 mil documentos. Una cifra alta que sin embargo
apenas cubre la mitad de la demanda actual, que es de 70 mil DNI por día.
A los despachos de los negociadores siguen llegando consejos y
recomendaciones. Entre éstos cabe destacar un papel de trabajo que
elaboraron Alessandro, presidente del bloque de la Alianza, y Cafiero,
vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, quienes en el pasado
reciente denunciaron ante la Justicia las irregularidades perpetradas en
el proceso de adjudicación. Los legisladores cuestionan la invalidez del
propio Decreto 1310/94 que dio origen a la licitación y hacen hincapié
en la �irrazonabilidad del precio� que consideran �abusiva en
beneficio del contratista� y confiscatoria para los ciudadanos. Si se
recuerda el escándalo que se produjo a comienzos del menemismo con los
DNI que iba a producir una empresa francesa a 6 pesos, su reflexión no
carece de pertinencia. Hay otra cifra que lo comprueba: en menos de cuatro
meses la empresa contratista podrá recuperar íntegramente la inversión
inicial de $ 37.414.700 que fija el acuerdo. Según los legisladores �el
precio abusivo del servicio transforma al contrato en un acto irregular
cuya anulación no genera obligación indemnizatoria a cargo del Estado�.
Y agregan: �Si se comprueba el severo grado de incumplimiento de las
obligaciones contractuales que se presume a partir de las noticias
periodísticas, se halla configurada la causal de rescisión contractual
por culpa del contratista (Siemens IT Services S.A.)�. Aunque ambos
diputados detallan la serie de irregularidades que hace temer nuevas
erogaciones y perjuicios para el Estado en caso de seguir adelante con la
concesión, y aunque precisan que renegociar y rescindir son dos cosas
bien distintas y no pueden asentarse sobre los mismos argumentos, abren
una posibilidad para la primera alternativa, �si se demostrase la
posibilidad de corregir los atrasos operados y la seguridad en la
operatividad�. En ese caso, sugieren, la oportunidad puede ser utilizada
por el Gobierno para renegociar el contrato y obtener un precio más bajo
y más documentos gratis para distribuir. Intuyen, al parecer, que el
Gobierno presidido por Fernando de la Rúa se inclina por el diálogo para
evitar costos políticos internos y la siempre temida �reacción de los
mercados� ante el previsible alegato de que se estaría vulnerando la
continuidad jurídica. Las garantías que los grandes capitales reclaman
de manera implacable a los sucesivos gobiernos. Y de las que no gozan los
ciudadanos-consumidores que son los que pagan de su bolsillo los grandes
negocios que se cocinan en las trastiendas del poder. Como este contrato.
| Claves
 El
Gobierno está disconforme con el resultado práctico del contrato
arreglado entre la administración Menem y Siemens para proveer nuevos
DNI, modernizar el control de frontera e informatizar las elecciones.
Informes
técnicos a los que tuvo acceso Página/12 se quedan de que los
procesos son lentos, caros y con falta de capacidad informática.
�A
título de ejemplo �sostiene el documento� los tiempos de
respuesta para la visualización de datos son excesivamente lentos.�
El
documento sugiere que, en caso de renegociación, se presione para
bajar el precio del DNI.
También
busca conseguir para el Estado más documentos gratuitos.
El
Ministerio del Interior asegura andar con pies de plomo porque quiere
evitar un juicio multimillonario por resarcimiento.
Pero los
diputados Alessandro y Cafiero afirman claramente que si la
renegociación no fructifica se acercaría el momento de la
rescisión.
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| Qué tienen que ver la Ferrari y el FBI
Una sola de las operaciones contratadas entre el Estado y Siemens,
el control de datos de frontera, supone la creación de una vasta red
informática capaz de chequear, �en tiempo real�, información
procedente de más de ciento cincuenta puestos, incluyendo el uso de
AFIS, el sistema de identificación electrónica de huellas digitales
que permite determinar (tomando como base de referencia 256
caracteres) si la huella que figura en un determinado documentos es o
no la del titular.
Montar esa red implica el registro y correspondiente archivo de 37
millones de huellas informatizadas. Si se piensa que el FBI de Estados
Unidos solamente tiene cinco millones de huellas procesadas para el
cotejo electrónico, se podrá entender cabalmente una de las
características faraónicas de este proyecto.
Otra muestra de megalomanía es la necesidad de montar 65 centros en
todo el país de idéntico equipamiento al que estableció la Policía
Federal en la calle Azopardo, donde procesa pasaportes y cédulas.
Pero también resultará útil saber que el empresario Carlos Sergi
�que suele atribuirse el haber hecho regalar la famosa Ferrari Testa
Rossa a Menem� es el representante en Argentina de Printac, firma
que casualmente ha desarrollado esta tecnología. El señor Sergi,
sostienen algunas fuentes empresarias, es amigo de Hugo Franco, quien
tenía a su cargo la Dirección de Migraciones en la época en que se
diseñó el polémico proyecto de los DNI, que culminó con el
contrato firmado con Siemens.
Sergi ha hecho buenos negocios con el Citi y colaboró en el diseño
de la oferta con otro amigo: Luis Rodolfo Schirado, el hombre que
presidió la filial argentina de Siemens hasta fines del año pasado,
cuando soplaron vientos adversos de Alemania y fue reemplazado �como
CEO y Director General Regional� por el ingeniero Rodolfo Joaquín
Schmidt. ¿Por qué el señor Schirado fue elegantemente cesanteado
después de haber alcanzado un éxito de las proporciones del Proyecto
DNI? Es uno de los tantos enigmas a develar, pero vaya una respuesta:
aparentemente por haber comprado, muy caro, la mayoría de las
acciones de Itron, la empresa informática del Grupo Macri a la que
Siemens (casualmente, otra vez) había derrotado en la licitación. |
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