Por Florencia Grieco
 Paraguay
parece tener la extraña virtud de elevar a sus ladrones a la categoría
de perfectos asesinos: basta el caso Argaña para confirmarlo. Después de
que el vicepresidente colorado Luis María Argaña fuera asesinado el año
pasado, desencadenando la violencia del luego llamado �marzo paraguayo�,
los dos hombres que declararon haberlo matado por orden del ex general
colorado Lino Oviedo �asilado luego por el gobierno de Carlos Menem�
son ladrones de segunda: tienen antecedentes en Paraguay por robo,
posesión de armas y tráfico de autos. Casualmente, sus supuestos
cómplices prófugos también son ladrones. Fue ese hábito el que le
valió a Luis Alberto Rojas su arresto por la Policía Bonaerense hace
casi un mes. Recién ayer �tras una demora explicada por la falta de
notificación provincial del pedido de captura internacional�, se supo
que el ladrón devenido en magnicida era buscado por la Interpol.
Inmediatamente, Rojas fue trasladado al Departamento Central de la
Policía Federal y quedó a disposición de la Justicia argentina para su
eventual extradición.
El 23 de marzo del año pasado, el asesinato de Argaña fue el clímax de
un estado de virtual guerra civil entre oviedistas y antioviedistas por el
sillón presidencial, que se remontaba a 1996, cuando el presidente Juan
Carlos Wasmosy pasó a retiro a Oviedo y el general le respondió
aplastando a su delfín, Carlos Facetti, en las internas coloradas. El
presidente le devolvió el gesto antes de las elecciones de mayo del �98
al detenerlo por insubordinación, dejándolo fuera de una carrera
electoral que Oviedo tenía casi ganada. La sucesión quedó a cargo de su
ahijado político, Raúl Cubas Grau, que ganó con el 54 por ciento de los
votos gracias al lema �Cubas al gobierno, Oviedo al poder�, y que
inmediatamente liberó a su mentor.
Las disputas entre colorados llegaron al máximo casi un año después con
el crimen del antioviedista Argaña. La historia no se habría apartado
demasiado de los sangrientos desenlaces habituales entre facciones si no
hubiese desatado la mayor crisis institucional del país: la renuncia y
huida del presidente Cubas hacia Brasil, el refugio político de Oviedo en
Argentina (ambos acusados de ser autores intelectuales del magnicidio), y
el ascenso del argañista Luis González Macchi, hasta entonces presidente
del Senado. Desde ese momento, todas las versiones conducen a Oviedo, y
todos los supuestos culpables son ladrones pagados por quien llegó a ser
el hombre fuerte del país después de haber irrumpido en el despacho de
Alfredo Stroessner en 1989 para poner fin a sus 35 años en el poder.
Si finalmente es extraditado a Paraguay, Luis Alberto Rojas sería el
tercer ladrón que declararía por su participación directa en el
magnicidio. Primero fue Gumersindo Aguilar, cuyo testimonio valió lo
suficiente como para que el juez a cargo del caso Argaña, Jorge Bogarín,
arrestara a varios oviedistas y pidiera a la Argentina la extradición de
Oviedo a mediados del año pasado. En octubre, el ladrón de autos Pablo
Vera Esteche se entregó a la Justicia paraguaya sin dejar de pedir
insistentemente �perdón a los familiares de Argaña�. Según su
versión, él, Rojas y Fidencio Vega Barrios (otro ladrón) fueron
contratados por un intermediario de Cubas y Oviedo para sacar del medio al
vicepresidente Argaña, principal enemigo del oviedismo en el partido. La
recompensa era de 300.000 dólares, aparentemente financiados por los
senadores Conrado Pappalardo y Víctor Galeano Perrone, hermano de uno de
los abogados de Oviedo. Pero el entorno del ex general denunció la
aparición de Esteche como una nueva maniobra de la facción argañista en
el poder para renovar los ataques políticos contra Oviedo. La versión
anterior de Gumersindo Aguilar �ya no era sustentable y había que
inventar otra historia�, disparó entonces Max Narváez, el principal
abogado de Oviedo.
En esta nueva �historia�, Rojas pasó de ser ladrón a ser asesino, y
se habría fugado a la Argentina para escapar de su crimen. Pero su huida
tuvo corta vida: hace más de 20 días fue detenido por la Bonaerense
después de que intentara asaltar, junto a otros tres paraguayos, la
remisería RomiChipi, en la localidad bonaerense de Morón. Ayer, el
fiscal de turno de La Matanza, Daniel Sueir, confirmó que el cargo en su
contra fue entonces �tenencia ilegal de arma de guerra�, más
específicamente una Jericho de origen israelí de 9 milímetros, �muy
rara� de encontrar en la provincia. Rojas quedó detenido en la
seccional 5ª de La Matanza, pero faltaba un dato central: desde octubre
del año pasado tiene un pedido de captura internacional lanzado por el
gobierno de González Macchi en base a la confesión de Vera Esteche. Ayer
quedó a disposición del juez federal de Morón Daniel Criscuolo, que lo
trasladó hipercustodiado y con chaleco antibalas a la Central de la
Policía Federal �por razones de seguridad�. En Paraguay pocos estaban
al tanto. Sin embargo, todos parecen tener un motivo de festejo: los
antioviedistas porque tendrían a otro supuesto autor del magnicidio, y
los defensores del ex general porque están convencidos de que �puede
ser una excelente oportunidad para confrontar declaraciones y esclarecer
un proceso oscuro, lleno de medias verdades y dirigido por el gobierno�,
tal como sintetizó a Página/12 el senador oviedista José Francisco
Appleyard.
DETIENEN A SOSPECHOSO DE
FINANCIAR TERRORISTAS
Pirata mayor en Ciudad del Este
Grupos de élite de
la policía paraguaya volaron el viernes a la noche la puerta del
departamento que ocupaba el libanés Alí Khalil Mehri en el centro de
Ciudad del Este �antiguamente Puerto Stroessner� en Paraguay y
detuvieron al empresario libanés que se encontraba en la cama con su
esposa. Según las autoridades del país vecino, Mehri era buscado por el
FBI y la CIA, acusado de piratería por la trasnacional de origen japonés
Sony, e investigado porque se lo considera un fuerte financista de
actividades terroristas del Hezbollah en la región.
La ciudad de las tres fronteras cobró fama durante la dictadura de
Stroessner por el intenso tráfico de contrabando, pero también se la
consideró como el posible asiento de células terroristas árabes dada la
poderosa e influyente colectividad de ese origen que reside en la ciudad y
el escaso control fronterizo. Ciudad del Este ha sido motivo de varias
reuniones a nivel de ministros de Paraguay, Brasil y Argentina para
discutir el establecimiento de controles más estrictos de residentes y
visitantes.
Al ser sorprendidos en la cama de su departamento en el edificio Panorama
II, en una avenida céntrica de Ciudad del Este, Merhi, de 30 años, y su
mujer, no opusieron resistencia, aunque luego denunciaron malos tratos por
parte de los efectivos policiales que participaron en el operativo de
allanamiento.
Las policías de Paraguay y Argentina tienen fichado a Merhi como un
importante contrabandista de programas y juegos electrónicos, con
ramificaciones en todo el mundo. El joven millonario hizo fortuna en forma
meteórica y viaja asiduamente a los países del Medio Oriente. Es
conocido simpatizante de los grupos fundamentalistas proiraníes y del
Hezbollah libanés, por lo que los servicios de inteligencia han
investigado si sus actividades comerciales ilegales son una pantalla para
encubrir el financiamiento de grupos terroristas.
En ese marco fue relacionado con el atentado contra la AMIA e incluso fue
detenido por esta razón y posteriormente desvinculado de la
investigación. Tras detenerlo en su departamento el viernes, la policía
efectuó otros allanamientos en distintos comercios de su propiedad donde
encontraron pruebas de piratería en gran escala. El empresario reside en
esa ciudad desde hace varios años pese a que sus actividades eran
conocidas, por lo que se supone que contaba con la protección de algunas
autoridades.
Según los organismos de inteligencia, Mehri posee fábricas y estudios
fonográficos en Beirut donde se graban proclamas políticas y mensajes
religiosos relacionados con el fundamentalismo. En la misma colectividad
árabe de Ciudad del Este son conocidas estas actividades de Mehri, por lo
que al saberse su detención varios comerciantes de la comunidad salieron
a las calles de Ciudad del Este con carteles que decían: �Comerciantes
sí, terroristas no�.
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