En apariencia, los argentinos coincidimos en la necesidad de realizar un cambio en el sistema educativo de nuestro país; y decimos en apariencia porque al explicitar las particularidades que debe tener tal cambio surgen discrepancias muchas veces profundas. Para nosotros, por ejemplo, la transformación deseada consiste en hacer de la escuela un ámbito contenedor, cordial, solidario y democrático en el que alumnos y docentes accedan al goce de aprender y de enseñar.
Esta propuesta, necesariamente amplia en su enunciación, requiere para concretarse de un nuevo pacto educativo que jerarquice a la institución escolar como bien social y a quienes en ella se desempeñan como profesionales dedicados a atender no sólo las demandas de los alumnos y sus familias sino, fundamentalmente, los intereses colectivos de la sociedad. Un pacto de esa naturaleza exige, a su vez, revertir los conflictos y/o tensiones que hoy existen entre los diferentes protagonistas del proceso educativo (escuela-sociedad, docentes-gobiernos, padres-maestros, alumnos-profesores, etcétera). Es por eso que nos preocupa que, desde una administración gubernamental que hemos contribuido a consagrar y que estamos dispuestos a consolidar, se impulsen medidas que no revierten los conflictos existentes, sino que, lo que es realmente grave, los profundizan. Nos referimos, claro está, a la intención de Juan José Llach, titular de la cartera educativa, de evaluar la capacitación de los docentes y �a partir de ello� establecer un sistema de premios y castigos consistente en recompensar económicamente a los probos y congelar el salario de los réprobos.
Además de la contundente oposición de la dirigencia gremial, que seguramente interpretó el sentir de maestros y profesores en vacaciones, la propuesta ministerial fue cuestionada por varias voces que señalaron lo indebido de evaluar una pretendida capacitación que no se brindó.
Pero nuestra preocupación se acrecienta porque pensamos que la iniciativa ministerial no constituye un error metodológico, sino que intenta hacer de la evaluación un instrumento destinado a disciplinar a la docencia para someterla a los mecanismos laborales que impone el mercado. (Precisamente, Llach descarta en su libro Educación para todos las actuales evaluaciones de maestros y profesores hechas por personal directivo y de supervisión porque, dice, carecen de efecto disciplinador.) Adecuar a la docencia a los criterios empresariales de organización del trabajo sería para Llach un paso necesario en el camino hacia la descentralización educativa, eufemismo que usa el ministro para promocionar su intención de máxima: transferir a manos privadas la gestión de las escuelas públicas. La iniciativa evaluadora, que contará seguramente con el beneplácito de quienes adhieren a la lógica mercantil, tendrá �sin duda� hondas repercusiones pedagógicas que pueden anticiparse en el interrogante siguiente: ¿Qué garantías habrá para la formación integral de nuestros niños y adolescentes si ésta queda en manos de docentes obligados a competir por un puñado de monedas y su motivación reducida a la necesidad de mantener su empleo? La Alianza, coalición de partidos que contó con el apoyo de la mayoría del electorado, tiene por delante el desafío de desarrollar una experiencia inédita en la Argentina respecto de la administración de lo público: establecer consensos internos que le permitan encarar firme y decididamente su acción en todos los niveles del gobierno. Se sabe que todo consenso es producto de un debate previo. Estas pocas líneas sólo tienen por objeto provocarlo.

* Diputado nacional. Partido Socialista Democrático-Frepaso-Alianza.

Una evaluación es un instrumento y, como tal, en sí mismo no es ni bueno ni malo. Depende de qué tipo de evaluación se trate y para qué proyecto político-pedagógico se utilice. Por ejemplo, utilizar la evaluación de los saberes de los docentes para vincularlos con las escalas salariales significaría fortalecer las diferencias entre docentes que tuvieron calidades y oportunidades muy desiguales de formación inicial y de capacitación permanente. Si se aplica con esta intención, a través de los docentes, el Estado se estará evaluando a sí mismo: lo que en realidad se está constatando es la desigualdad social y regional de las ofertas estatales de formación y perfeccionamiento docente. En cambio, hay excelentes experiencias internacionales donde la evaluación (en general muestral y anónima) de los docentes permite conocer cuáles son las principales deficiencias en su formación. Ello posibilita elaborar políticas de capacitación mucho más focalizadas y dirigidas a las necesidades de cada región, sector de la población con que se trabaja, rama educativa y hasta cada escuela. Pero cabe destacar que la mayoría de los estatutos docentes del país incluye la evaluación como un proceso permanente y a realizar en la propia escuela. Cada maestro o profesor es anualmente �calificado por su superior� de acuerdo con su desempeño profesional en una escala que va del �sobresaliente� (10 puntos) al malo (0 a 4). Esta calificación condiciona sus posibilidades de ascenso futuro. Lo que ocurre es que, en la mayoría de los casos, esta calificación es realizada formalmente y no en forma sustantiva. Por ejemplo, en muchos casos todos los docentes sacan un �10�. De esta manera se desnaturaliza el sentido de la calificación. No cabe duda de que la mejor forma de evaluar el trabajo docente es a través de su tarea cotidiana, tomando en cuenta tanto los procesos como los resultados. Esto sólo se puede hacer en la propia escuela. Como en otros casos, más que cambiar la ley, lo mejor que se puede hacer es aplicarla correctamente y a conciencia.
De acuerdo con lo señalado, no me parece oportuno utilizar resultados de pruebas estandarizadas para premiar o castigar. Las investigaciones muestran que los docentes mejor formados provienen en su mayoría de hogares con más alto nivel socioeconómico, de las grandes ciudades y de las mejores universidades o profesorados. Los que pertenecen a hogares más humildes o viven en determinadas regiones del país no tuvieron las mismas posibilidades para formarse. En una Argentina con oportunidades tan desiguales como las actuales, este tipo de uso de la evaluación premiaría o castigaría el lugar de nacimiento, el origen socioeconómico o la calidad de la educación recibida. Indirectamente, también castigaría a la población que concurre a las escuelas donde trabajan los docentes con menor rendimiento en las evaluaciones, que en general son las que atienden a los sectores más carenciados. La paradoja consistiría en que este tipo de evaluación pasaría a legitimar una menor inversión educativa entre quienes menos recursos tienen. Evidentemente, aunque fuera aplicada con otra intención, sus efectos no ayudarían a mejorar la calidad educativa. Por otra parte, no tiene sentido que el mayor estímulo salarial esté vinculado con la posibilidad de cumplir años que, como todos sabemos, no constituye ningún mérito. Sin dejar de lado la idea de que la antigüedad deba ser reconocida, creo que los principales incentivos salariales debenestar vinculados con la capacitación, el trabajo con las poblaciones más carenciadas y los proyectos de mejora de la calidad educativa que se elaboren en cada una de las instituciones. Para que estos mecanismos sean democráticos se deberá asegurar la posibilidad de acceder a alternativas gratuitas de capacitación permanente para todos los docentes.
Una propuesta distinta puede ser crear una carrera de profesionalización docente que no necesariamente exija ascender a cargos directivos. Hoy, si un docente quiere mejorar su salario, sólo tiene 2 alternativas: envejecer o ascender a cargos de dirección. Puede darse el caso de que un docente no posea las condiciones de liderazgo o conducción o que no quiera ser director. Hoy en día se ve obligado a dejar el aula para ganar un salario un poco mayor. Muchas veces perdemos un excelente maestro para tener un mediocre directivo y, por el contrario, muchos docentes con capacidad no pueden acceder a la dirección de las escuelas. Es necesario comenzar a dar un debate para concertar políticas en esta dirección.

* Sociólogo, especialista en educación, director de Flacso.

Es importante crear un sistema federal de evaluación educativa que tenga como objetivos: * instalar una conciencia evaluativa entre los actores de las prácticas pedagógicas, así como en los organismos de conducción (ministerios y secretarías); * mejorar el aprendizaje, favoreciendo un pensamiento reflexivo, capaz de innovar y generar nuevos argumentos; * desarrollar la capacidad investigativa y evaluativa de docentes y alumnos, así como de las condiciones en que se desenvuelven; * documentar, analizar y reflexionar sobre la práctica educativa, promoviendo el trabajo en equipo con especialistas y docentes; * y promover el aprendizaje en todos los campos, incentivando la superación de dificultades. Este sistema de evaluación se irá construyendo progresivamente con la participación de cada jurisdicción en la elaboración, diseño, ejecución y devolución de lo procesado. La evaluación es un concepto polisémico cuyos significados y usos dependen de visiones ideológicas, culturales, opciones políticas y concepciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Opino que la evaluación busca mejorar el acceso al conocimiento. Nadie puede excluirse, docentes, equipos, asociaciones, investigadores, todos deben estar involucrados en cumplir las normas éticas de justicia e igualdad, para no acentuar la desigualdad social que todavía persiste en el país. El sistema se irá conformando y modificando en función de la práctica, pero para ser completo, deberá abarcar todo, desde la administración central hasta los aprendizajes, valores y circunstancias socioeconómicas y culturales. Un Estado responsable está obligado a promover y garantizar la capacitación y evaluación de los docentes; por eso no estoy de acuerdo con premiarlos salarialmente cuando trabajan bien, porque ésa es su obligación. El que no cumple esos requisitos no sólo no debe cobrar incentivos: no debe estar en el sistema. Sí estoy de acuerdo con incentivar a los docentes que eligen trabajar en zonas con dificultades sociales, económicas, ambientales, porque ayuda a consolidar equipos. La información que genere la evaluación deberá servir para potenciar procesos que recreen el conocimiento, las relaciones democráticas y el desarrollo de los valores públicos de libertad, igualdad y solidaridad.

* Diputada nacional (Alianza).