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Después que este diario
accediera a un informe técnico interno del Registro Nacional de las
Personas (Renaper), que afirmaba que la empresa alemana a cargo de
"Proyecto DNI" no se encuentra en condiciones técnico‑operativas
para ejecutar el contrato, Alessandro confirmó que "hay una serie de
problemas que se vienen acumulando y tienen que ver con un contrato muy
irregular. Para hacer un documento --que no es una innovación tecnológica
tremenda--, cada argentino tiene que pagar 30 pesos, cuando no existe
ninguno de características similares que tenga ese precio".
La historia de la adjudicación
tendría por detrás un negocio que ascendería a los 1000 millones de dólares
y en el que estarían involucrados varios empresarios, funcionarios del
gobierno anterior y hasta el mismísimo Carlos Menem. Alessandro enfatizó
que el gobierno de la Alianza está disconforme con los resultados prácticos
de la adjudicación porque "lo ve como un contrato irregular".
Las demoras en la provisión de
documentos, en la modernización del control de frontera y en la
informatización de las elecciones --conjunto de operaciones que se
enlazan en el mismo contrato--, configurarían un grave incumplimiento de
las obligaciones contractuales que habilitaría una renegociación o,
incluso, hasta una rescisión de la licitación. Alessandro argumentó que
"no se han hecho las inversiones necesarias para que este sistema se
ponga en marcha. La empresa dice que el responsable del atraso es el
Estado, pero la empresa está muy atrasada en sus responsabilidades".
El informe técnico que detalla las irregularidades sobre el
contrato que Siemens celebró con la gestión anterior también sugería
que, en caso de renegociación, debe presionarse a la concesionaria para
bajar el costo de 30 pesos de cada DNI y conseguir más documentos gratis
que los 70 mil a los que obliga el contrato actual. "Siempre hay una
cantidad de documentos que deben entregarse a personas de menores de
recursos y los que estaban contemplados son muy pocos. Siemens dice que no
tiene problemas pero que los pague el Estado. Hay que encontrar una salida
a eso", indicó el frepasista. Alessandro también se opuso a la
entrega obligatoria domiciliaria del documento con un valor adicional de
diez pesos e ironizó: "Es como si lo llevaran de a uno y en remise.
Decían que era para verificar el domicilio pero es absurdo porque eso es
función de la comisaría que extiende el certificado de domicilio".
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