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exigiendo una indemnización de 500 millones de dólares.
Desde mediados de febrero, funcionarios de la Cancillería se encuentran
en Washington --donde tiene su sede el Ciadi, un organismo dependiente del
Banco Mundial-- ante el inicio de las actuaciones del tribunal arbitral
por la querella de Enron (ver aparte).
La controversia entre compañías
poderosísimas y provincias del sur y norte argentino llega con este artículo
por primera vez a los medios nacionales. Pero el tema acaparará en breve
la atención del Gobierno y de la opinión pública, ante el riesgo de un
serio perjuicio económico que entraña el conflicto para unos y otros.
Además de Enron, la compañía española Endesa también apeló al Ciadi
para exigir una reparación de 3,5 millones de dólares. Y otras empresas,
como Repsol-YPF, Shell, Esso, Pérez Companc, Bridas, Pluspetrol, Tecna,
Total Austral, Gas Natural Ban, Metrogas, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi
Gas del Sur, Litoral Gas, Distribuidora de Gas del Centro, Distribuidoras
de Gas Cuyana, Gasnor, Gasnea, Transportadora de Gas del Norte, y las
hidroeléctricas Piedra del Aguila, Alicurá y Pichi Picun Leufú podrían
seguir sus pasos. Estas son las compañías a las cuales las provincias de
Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz y Salta exigen
el pago de impuestos atrasados --de acuerdo con su interpretación-- por
un monto global estimado en 3 mil millones de pesos.
Aunque el diferendo es entre
estados del interior y compañías privadas, estas últimas amenazan con
juicios millonarios --Enron y Endesa ya los han iniciado-- ante un
tribunal internacional (el Ciadi) contra el Estado nacional, por ser
firmante del Tratado de Protección de Inversiones. El convenio fue
suscripto en los '90 por el entonces canciller Guido Di Tella para
garantizar a las empresas que participaron de las privatizaciones
estabilidad tributaria en sus inversiones. Las compañías en conflicto
con las seis provincias antes mencionadas aducen que se está violando ese
compromiso.
La controversia surgió ante
una nueva interpretación de la ley del Impuesto a los Sellos realizada
por Neuquén, en primer lugar, y seguida luego por otras provincias. Ese
gravamen alcanza a todos los contratos entre empresas o particulares,
quienes deben tributar al momento de su firma entre el uno y el tres por
ciento del monto estipulado en la operación. Sin embargo, las compañías
petroleras, gasíferas y eléctricas evitan formalizar sus compromisos a
través de contratos. Las operaciones que concretan entre ellas --por
ejemplo, entre una productora de gas y una transportadora-- son
confirmadas mediante notas que no necesitan respuesta escrita. Por caso,
Repsol-YPF efectúa una oferta de venta de gas a TGS mediante una carta, y
establece que si en cinco días recibe un depósito en su cuenta bancaria
por determinado monto de dinero, la operación quedará en firme. De ahí
que en ningún momento la venta se ratifique mediante contrato.
De ese modo, las empresas de
petróleo, gas y electricidad se vieron libradas de pagar impuestos por
cifras exorbitantes a los fiscos provinciales. Pero a mediados del '97,
Neuquén interpretó que el mecanismo descripto daba lugar a exigir el
pago del Impuesto a los Sellos, aplicando la figura legal del
"contrato entre ausentes" (ver aparte). Y reclamó la
efectivización del mismo desde el momento en que las compañías fueron
privatizadas. Las determinaciones de impuestos varían de acuerdo con cada
empresa. Pero las efectuadas por Neuquén, y más tarde por otras cinco
provincias, suman aproximadamente 3 mil millones de pesos.
Neuquén se hizo fuerte en su
demanda luego de que el Superior Tribunal de la provincia falló en favor
del gobierno en una causa contra Solba, contratista de la hidroeléctrica
Chocón. Fue un caso testigo, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
dejó en firme al considerar que no tenía injerencia en el tema. Eso
ocurrió en el '97, y a ese antecedente le siguió la ratificación de lo
actuado por la justicia neuquina por parte de la Comisión Federal de
Impuestos, el organismo que regula la aplicación de tributos en los
distritos del interior, de acuerdo con lo que manda la Ley de
Coparticipación entre la Nación y las provincias. Ese organismo está
integrado por ocho representantes provinciales y uno de la Nación. A
partir de ambos fallos, Río Negro, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz y
Salta comenzaron a aplicar la teoría del "contrato entre
ausentes" y a demandar el pago del Impuesto a los Sellos.
Otro hecho que agigantó el
conflicto fue que en el '97, YPF --en ese entonces no pertenecía a
Repsol-- accedió a un plan de facilidades de pago instrumentado por Neuquén.
De acuerdo con versiones recogidas por este diario, lo hizo como parte de
una negociación en la cual la provincia redujo sustancialmente la deuda
reclamada y le perdonó multas por infracciones vinculadas con temas
ambientales. A raíz de ello, otras petroleras también negociaron y
pagaron el Impuesto a los Sellos. Pero en todos los casos, las empresas se
reservaron el derecho de iniciar causas judiciales. Esas demandas
finalmente se concretaron y hoy están en poder de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. El máximo tribunal también tramita otras
demandas entabladas por las demás compañías --gasíferas y eléctricas--
vinculadas con el conflicto con las provincias. Pero, además, dos de
ellas ya apelaron al tribunal arbitral internacional y otras se aprestan a
hacerlo en cualquier momento. De toda esta situación puede derivar que el Estado argentino deba indemnizar a las empresas por 3 mil millones de pesos --en caso de que todas las compañías recurran al Ciadi y éste les dé la razón, como temen fuentes oficiales consultadas por Página/12-- o que las empresas de gas y eléctricas apliquen importantes subas de tarifas para compensar la nueva carga tributaria. Otro riesgo para el Gobierno es que la controversia termine espantando a otros eventuales inversores, en momentos en que la estrategia económica descansa en la captación de capitales internacionales.
Por
D.C.
En su reciente visita al país,
el secretario de Comercio de los Estados Unidos, William Daley, expresó
su "profunda preocupación" por la exigencia de Neuquén, Río
Negro, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz y Salta a un grupo de compañías
de pagar el impuesto a los Sellos adeudado. El funcionario extranjero
expuso el tema en reuniones que mantuvo con el canciller, Adalberto Rodríguez
Giavarini, y el ministro de Economía, José Luis Machinea.
La demanda de Enron se suma a
otra anterior presentada por Endesa ante el Ciadi. En este caso, por la
deuda que le reclama Neuquén --3,5 millones de pesos-- por las
operaciones de su controlada Hidroeléctrica Chocón. El tribunal arbitral
dictaminaría en esta causa antes de mediados de año. En cambio, la
apelación de Enron se encuentra en el período obligatorio de seis meses
de negociaciones entre las partes. El representante argentino que en este
momento participa en Washington --sede del Ciadi-- de esa negociación es
Carlos Riva, funcionario de la Cancillería.
Adigas, la asociación que
nuclea a las nueve distribuidoras de gas que operan en el país, remitió
la semana pasada a Rodríguez Giavarini, Machinea, Federico Storani,
Rodolfo Terragno y Ricardo Gil Lavedra un informe detallado de la disputa
que sostienen con las seis provincias que exigen el pago de deudas por el
impuesto a los Sellos. Allí se puntualiza que las compañías podrían
apelar ante el Ciadi. También se advierte que en caso de verse forzadas a
pagar el impuesto, trasladarán esa mayor presión tributaria a las
tarifas que recaen sobre los consumidores.
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