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Aunque las máximas autoridades
del Ejército no lo admitan públicamente, el escándalo de espionaje
desatado en Córdoba a mediados del año pasado, cuando se descubrió que
una red de militares y civiles estaban infiltrados en varios estamentos de
la sociedad para "pasar" información, contribuyó a decidir una
purga en el personal civil de inteligencia del arma, que alcanzará a unos
500 de los llamados PCI (Personal Civil de Inteligencia). "Creo que,
hasta el caso de Córdoba, la sociedad en su mayoría desconocía que la
ley de Defensa nacional y de Seguridad Interior prohíbe expresamente a
los militares realizar espionaje fronteras adentro de nuestro país",
deslizó una alta fuente judicial. Precisamente en los próximos días la jueza tendrá que resolver si cita a declarar a las 16 personas que han sido imputadas por la fiscal Graciela López de Filoñuk, en su segundo intento por armar la causa después de que la Cámara Federal decretara la nulidad de la primera acción penal. Son ocho militares y ocho civiles, algunos identificados con seudónimos pero cuyos nombres y apellidos ya están en poder de la Justicia: un "general" (sería Jorge Miná, ex titular de Inteligencia), un teniente coronel (José Luis) Bo, dos personas identificadas con el rango de coronel, una de apellido Condal y otra de apellido Temperino. Los cuatro se desempeñarían en la Jefatura II con asiento en Buenos Aires, desde donde pedían y recibían información de la Central de Inteligencia del Tercer Cuerpo, que a su vez tenía "dispositivos" civiles en las áreas de interés: universidad, partidos políticos, medios de comunicación y la misma justicia federal, sobre todo en lo que se refiere a la investigación de la represión militar durante la dictadura y la búsqueda de niños apropiados. La nueva conducción del Tercer Cuerpo, liderada por Alejandro Carullo, anticipó públicamente que los militares que sean citados "acudirán a la Justicia como cualquier ciudadano", pero prefirió explicar el recorte de personal, una vez más, en términos de ajustes presupuestarios, sin vincularlo con la causa de espionaje. A pesar de las bajas, no son pocos los que se preguntan si la red de espías, ahora desarticulada, está totalmente fuera de funcionamiento o, por el contrario, opera aún fuera de la órbita oficial del Ejército.
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