|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ayer a la tarde, Montenegro y
Starc firmaron el requerimiento que puso en marcha el proceso más
complejo que enfrenta el ex presidente del directorio del Instituto de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Sin perder un minuto,
Bagnasco hizo suya la acusación y mandó oficios a la Gendarmería, a la
Policía Federal, a la Dirección Nacional de Migraciones, a la Policía
Aeronáutica y a la Prefectura para que impidan la salida del país al ex
funcionario menemista y sus colaboradores, Gonzalo Painceira, Ramiro
Porto, Víctor Luaces, Pablo Garcilazo, Aldo Ferrante, José Antonio Fernández
del Río y Celso Bergia, además de su hijo, Alejandro Tomás Alderete.
Los fiscales le pidieron al magistrado que dé intervención a la
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y que obtenga en 72
horas la documentación necesaria para la causa: resoluciones, actas del
directorio, listados de prestadores y estadísticas que están mencionados
en la denuncia. Los investigadores de la OA podrían aportar en breve esos
papeles, según confiaron a Página/12
en Tribunales. Los fiscales poseen fotocopias de algunos contratos y
expedientes, pero necesitan los originales. Por ejemplo, en el caso de la
empresa Imara, que fue contratada por el PAMI para brindar servicios de
miniturismo harían falta los listados de los jubilados que los utilizaron
para establecer las irregularidades que menciona la denuncia.
José Massoni, jefe de la OA,
había pedido a la Justicia que ordene la captura de Alderete, una vez que
tuviera acreditada la acusación de asociación ilícita. Los fiscales
consideraron que esa medida sería prematura hasta no tener todas las
pruebas necesarias, pero le solicitaron a Bagnasco que "oportunamente
lo cite a indagatoria y le dicte el procesamiento con prisión
preventiva". Una alta fuente del juzgado aseguró a este diario que
"la citación a declaración indagatoria es inminente".
A partir de hoy, los
colaboradores del Bagnasco procurarán conseguir en forma urgente la
documentación mencionada. Montenegro y Starc hicieron lugar a un pedido
de los defensores de Alderete para que sean agregados al expediente un
conjunto de resoluciones, dictámenes, registros de proveedores y otros
documentos que le servirán al momento de desplegar su estrategia de
defensa. Alderete siempre sostuvo que su gestión estaba avalada por las
normas vigentes. De hecho, la ley que regula el funcionamiento del
Instituto le da amplísimas facultades al presidente del directorio. Y
argumentó que la polémica red de gerenciadoras-intermediarias fue
implementada para mejorar el servicio a los abuelos.
Al explicar las "gravísimas"
consecuencias patrimoniales que sufrió el PAMI, los denunciantes señalaron
el déficit de 624 millones de pesos. Y agregaron que el querellado
desplegó una "empresa ilícita a través de la implementación
organizada y permanente de un sistema de gestión que les permitió
dirigirla en beneficio de intereses particulares". La práctica
sistemática descripta por la OA consistió en la neutralización de las
áreas de control y en la obstaculización de las tareas de la Auditoría
General de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación. Además,
según la Oficina, Alderete cercenó los controles internos. Los fiscales tendrían probada la existencia de esta estructura, pero resultaría más complejo establecer los hechos concretos por la falta de peritos especializados y la carencia de estadísticas. Sin embargo, los cinco casos seleccionados por la OA habrían resultado emblemáticos y suficientes para la pesquisa. "Alderete se autorizó a sí mismo a hacer contrataciones en forma directa, aduciendo que así ganaba tiempo y efectividad", graficó uno de los investigadores. EL
EX MINISTRO DE DEFENSA JORGE DOMINGUEZ ESTA IMPUTADO EN CINCO CAUSAS
Domínguez está siendo
investigado por presuntas dádivas agravadas en un proceso iniciado por el
viaje que realizó a Francia hace dos años, cuando se disputaba ese
campeonato. La empresa que habría pagado sus gastos fabrica helicópteros,
aviones y cohetes, y mantuvo relación comercial con el ministerio que
condujo Domínguez en el último tramo del gobierno menemista. El ex
funcionario fue fotografiado durante el partido Argentina-Jamaica en el
palco de la empresa Thompson, dueña de Aérospatiale. Esta firma confirmó
que lo había invitado.
La denuncia fue presentada en
junio de 1998 por los diputados de la Alianza Alfredo Bravo y Jorge Rivas,
quienes acusaron al ex ministro de cohecho agravado (la imputación que
quedó en pie fue la de "dádivas agravadas"). En su descargo,
Domínguez presentó ante la entonces Oficina de Etica Pública boletas de
la empresa de turismo Transvaal. También adujo que se había alojado en
el hotel Raphael y entregó facturas correspondientes a dos habitaciones.
Sin embargo, un primer informe de Interpol señaló que existió otra
reservación en un hotel distinto, pagado por Aérospatiale y a nombre del
investigado. El juzgado busca confirmar ahora si el ex ministro la utilizó,
por lo cual solicitó que los policías internacionales aporten la lista
de pasajeros del hotel y alguna boleta de room service.
Los abogados de Domínguez,
Jorge Anzorreguy y Jorge Sandro, presentaron ante Literas comprobantes de
que todos los gastos de la estadía del ex funcionario en París --que
llegarían a 20 mil dólares-- fueron hechos con su tarjeta de crédito.
"Esto no invalida el informe de Interpol porque el escándalo estalló
cuando el ex ministro aún estaba en Francia y bien puede haberlo hecho
para cubrirse", razonó un hombre de Tribunales. Y especuló con que
"es difícil que Interpol Francia se haya confundido..."
Domínguez afronta una acusación
por enriquecimiento ilícito también derivada del viaje a Francia. El
fiscal José María Campagnoli había hecho la denuncia y en esa causa los
fiscales federales Montenegro y Starc pidieron que la investigación sea
ampliada a todo el período en que Domínguez ocupó cargos públicos.
Entre 1987 y 1991 fue diputado nacional, luego estuvo al frente del ente
binacional Yacyretá y desde 1994 fue intendente de Buenos Aires, hasta
que Menem lo designó ministro.
Literas no tuvo inconveniente
pero ahora espera que el Poder Ejecutivo certifique los años "de
servicio público" del ex polifuncionario. Ya recibió de la AFIP la
declaración de bienes personales que Domínguez hizo en diciembre pero aún
no le llegan las anteriores declaraciones juradas que guarda la Escribanía
General de la Nación. El año pasado, el titular de ese organismo,
Natalio Pérez Etchegaray, le preguntó al juez "a cuál Domínguez"
se estaba refiriendo en su consulta. Literas lo citó de urgencia en su
despacho para interrogarlo sobre "cuántos Domínguez ministros de
Defensa" conocía el funcionario. Etchegaray continúa en su cargo
pero la información nunca llegó. El juzgado analizó los datos que
remitieron los registros de la propiedad inmueble de todo el país pero no
encontraron nada de interés para la causa. La pesquisa había tomado
impulso tras el rechazo de la Cámara Federal a varios planteos de los
defensores del ex funcionario. La jueza de instrucción María Gabriela Lanz concentró en su juzgado tres expedientes contra Domínguez. A fines de 1998 la magistrada pidió el juicio político para poder indagarlo en la investigación sobre la venta del inmueble de Coronel Díaz y Berutti. Y al poco tiempo lo reiteró. La solicitud nunca fue tratada en el Senado pero ahora la jueza ya no lo necesita. Domínguez está en condiciones de ser citado e incluso podría ser interrogado en la causa por la contratación de la empresa IBM cuando era intendente porteño. Pero esa citación también está pendiente porque la Cámara de Apelaciones debe resolver primero un pedido de sus defensores sobre la prescripción del delito de defraudación que se le imputa en ese expediente. Aunque los tiempos políticos hayan cambiado, el funcional funcionario de Carlos Menem sigue inmune a la acción de la Justicia.
|
