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Vía libre fueguino para la tala de los bosques


Una empresa norteamericana fue autorizada a talar 500 hectáreas anuales de árboles en la provincia. Protesta de ecologistas.


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Cinco años después del aparente naufragio de un cuestionado proyecto para que una empresa multinacional norteamericana talara a mansalva miles de hectáreas de bosque fueguino, el gobierno de esa provincia reavivó la polémica al concederle autorización a esa compañía para concretar la iniciativa, aunque con la limitación para explotar "solamente" 500 hectáreas por año. La decisión ya generó el rechazo de las entidades ambientalistas de la isla, que ayer ya prometieron dar batalla. Los ejemplares que ahora vuelven a estar condenados a muerte tienen en promedio una antigüedad de 120 años.

  El secretario de Desarrollo y Planeamiento, Roque Lapadula, anunció que el Gobierno avaló el controvertido proyecto de la firma estadounidense Trillium Corporation, en Argentina llamada Lenga Patagonia SA, dueña de 75.000 hectáreas de bosque en el sector argentino de Tierra del Fuego y de 240.000 hectáreas en la porción chilena con "la voluntad de respaldar todo proyecto productivo encuadrado legalmente".

  Trillium desembarcó en Tierra del Fuego en 1994 con un proyecto para talar, en etapas de corte anual, el 70 por ciento del bosque nativo existente en 130.000 hectáreas de superficie, pero la oposición de las organizaciones ecologistas, sumada a la intervención de la Justicia y un lapidario dictamen en contra del proyecto firmado por el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, impidieron que la explotación se consumara. Cinco años después, representantes de la compañía forestal presentaron a las autoridades que le habían rechazado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para talar las 130.000 hectáreas, un plan para explotar 500 hectáreas al año con el fin de eludir la realización de un nuevo EIA porque las leyes fueguinas establecen que para superficies de esa dimensión o inferiores no se requiere una evaluación del impacto.

  Lapadula aventuró que la empresa "tendrá que cumplir con el plan de manejo autorizado, será fiscalizada y seguramente hará buena letra ya que la inversión que ha hecho en la provincia indica que continuará adelante con el proyecto original". Sin embargo, los ecologistas denunciaron una "clara connivencia entre la empresa y el gobierno" y los acusaron de implementar "un vericueto legal para eludir las normas que procuran la sustentabilidad del uso del recurso".

  La presidente de la asociación Finis Terrae, Graciela Ramacciotti, señaló que el gobernador Carlos Manfredotti está "pasando por alto las recomendaciones científicas, las llamadas de atención de la Justicia y el dictamen contundente del Fiscal de Estado y del defensor del Pueblo de la Nación, todos contrarios a la realización del proyecto". Ramacciotti destacó que "con esta resolución", el gobierno fueguino está "condenando a las generaciones futuras y limitando las posibilidades de desarrollo turístico de la provincia". Los ecologistas anunciaron que la "lucha continuará en los estrados judiciales" donde mantienen un litigio con el gobierno provincial bajo la figura de "protección de intereses difusos y colectivos".

  En cambio, el presidente de la Cámara Fueguina de la Madera, Juan Gregorio López, antiguo aliado de los ambientalistas, se unió a la medida del gobierno al resaltar que "de una buena vez dejará a esta empresa demostrar qué quiere hacer con las 500 hectáreas". Los bosques nativos de Tierra del Fuego están formados por ejemplares centenarios de tres especies de la familia nothofagus, la lenga, el guindo y el ñire, que tardan 120 años en adquirir el tamaño adulto por las rígidas condiciones climáticas en las que crecen y la delgada capa fértil del suelo.

 

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