Por Adriana Meyer y Eduardo Videla
 A
seis meses de la tragedia de Aeroparque, el juez federal Gustavo Literas
les está poniendo nombre y apellido a los imputados por el accidente que
provocó la muerte de 67 personas. Se trataría de directivos de la
empresa LAPA y funcionarios de la Fuerza Aérea, quienes serían citados a
prestar declaración indagatoria a fines de marzo, cuando el juez concluya
con la recolección de pruebas. En tanto, familiares de una de las
víctimas pidieron que se investigara la responsabilidad de la empresa
Punta Carrasco en el incendio de la aeronave. El reclamo apunta hacia la
cabina de gas ubicada en el predio de ese balneario, justo en línea recta
con la pista de despegue, que el avión arrasó en su carrera
descontrolada, y que, según una hipótesis, habría originado el fuego.
Literas volvió a allanar el jueves las oficinas de la empresa LAPA, donde
secuestró los legajos de toda la línea de gerentes de la compañía.
Según fuentes judiciales, del examen de esa documentación surgiría
quiénes son los responsables de supuestas falencias en el mantenimiento
del avión accidentado el 31 de agosto, así como de una posible falta de
capacitación de los pilotos. El mismo análisis realizará el juez con el
personal de la Dirección de Aeronavegabilidad de la Fuerza Aérea,
responsable de la vigilancia de las condiciones en que vuelan las
compañías comerciales. Para eso, libró un oficio compulsivo a esa
fuerza, en el que reclama los legajos de todos los funcionarios de esa
oficina de control.
Aunque la desgrabación de la caja negra del avión apuntala la tesis de
un error humano del piloto, el juez Literas no se conformó con esa
hipótesis: orientó la investigación a indagar sobre las condiciones
laborales y profesionales de los pilotos de LAPA, y hacia eventuales
responsabilidades de la Fuerza Aérea en cuanto al cumplimiento de las
normas de seguridad. En esa línea, los directivos de la aerolínea
podrían ser acusados por el delito de estrago culposo, mientras que a los
funcionarios aeronáuticos les cabría la figura de incumplimiento de los
deberes de funcionario público, tal como adelantó Página/12 en
diciembre.
La empresa LAPA pidió constituirse como parte en la causa, para tener
acceso al expediente. El juez rechazó esa pretensión, por lo que los
abogados de la compañía solo podrán ver la causa después de que alguno
de sus directivos sea convocado a prestar declaración indagatoria. En
tanto, el juez reimplantó el secreto del sumario, en forma parcial, para
proteger las �tareas de inteligencia� que se siguen realizando.
En la última etapa de recolección de pruebas, Literas comenzará hoy a
tomar declaración testimonial a unos 540 pilotos, copilotos y auxiliares
de a bordo, afectados a vuelos de Boeing 737. Hasta ahora lleva tomados
unos 400 testimonios, entre ellos los de los pasajeros sobrevivientes y
los de las anteriores tripulaciones de la máquina accidentada.
También deberá resolver el pedido de los padres de Verónica Salvadores,
una joven fallecida en el accidente, que le reclamaron al juez a través
de su abogado, Miguel Angel Arce Aggeo, una pericia para determinar si la
cabina de gas ubicada en el predio de Punta Carrasco pudo haber provocado
el incendio que consumió a la aeronave.
Arce Aggeo �el mismo abogado que defiende al ex dictador Emilio Massera�
también representa a Fabián Núñez, uno de los sobrevivientes de la
tragedia. Núñez, otro de los querellantes en la causa, pidió que se
individualizara a los integrantes del directorio de LAPA y a los titulares
de Punta Carrasco, por su presunta responsabilidad en �la conducción de
la aeronave y en la construcción de un obstáculo de riesgo en la
trayectoria de emergencia del final de la pista�, respectivamente.
Según el abogado, Punta Carrasco debe ser investigada no sólo por la
instalación de la cabina de gas �que volvió a instalarse en el mismo
lugar después del accidente�, sino �por la existencia de un talud de
tierra contra el que se estrelló el avión y las dos grúas de 10
toneladas cada una, todos obstáculos ilegales�. �Si el mismo
accidente se hubiera registrado en Ezeiza, el avión hubiera terminado en
el campo y los pasajeros hubieran salido, a lo sumo, algo embarrados�,
dijo el abogado en apoyo de su hipótesis.
| Antecedente en Tucumán
El piloto civil Jorge Alberto Hernández asegura que diez días
antes de la tragedia de Aeroparque abordó como pasajero, en el
aeropuerto de San Miguel de Tucumán, el mismo avión que se
accidentó el 31 de agosto en Buenos Aires. Se trataba del vuelo 3161,
que había sufrido una falla mecánica en uno de sus motores. Según
pudo saber, LAPA no contaba con un repuesto necesario para reparar la
máquina, y el despegue se demoró varias horas, hasta que se
consiguió otro, facilitado por otra empresa.
La situación le pareció irregular y por eso dejó sentada una queja
en el aeropuerto tucumano. Después del accidente ató cabos y ahora
le acercó una copia de la denuncia al abogado Miguel Arce Aggeo �apoderado
de los familiares de una de las víctimas�, quien lo presentó ante
el juez Literas.
Al trabajar sobre de la pista de supuestas fallas en el mantenimiento
de la máquina, el magistrado ya descubrió que antes del accidente el
avión había estado parado durante ocho meses, durante los cuales
había sido utilizado como depósito. |
|
