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Por Carlos Rodríguez
La causa, que parece el guión de una película, llegó a su fin en
lo que hace a su segundo juicio oral, a cargo, como el primero, del
Tribunal Oral número 9 integrado por los jueces Luis García, Luis Cabral
y Fernando Ramírez. Todavía resta saber en qué deriva la acusación
formulada por el mismo tribunal, en el juicio anterior, contra el juez
Pablo Bruno, a quien se le imputa el delito de haber tolerado torturas
contra el ex custodio de Firme Carlos Alejandro Trillo, mientras estuvo
incomunicado durante tres días --el plazo legal para un sospechoso es de
ocho horas-- en un calabozo de
la comisaría 32ª. Poco tiempo después, Trillo apareció ahorcado en la
celda que ocupaba en la cárcel de Caseros.
En el primer juicio fue condenado a siete años Marcelo Lencinas
(34) y fue absuelto el pai umbanda Ides Betancur (48), gracias a la
invalidez de muchas pruebas reunidas en la cuestionada instrucción a
cargo de Bruno. Lencinas, enfermo de sida, murió a mediados de febrero.
Ayer, junto con Cristian Capuano (25), fueron condenados por encubrimiento
su madre, Rosa Capuano (43), y su padrastro, Jorge Lema (47), ambos a tres
años en suspenso. Por el mismo delito recibieron dos años y seis meses
Nora Pérez (32) y dos años Ramón Pérez (41), en ambos casos sin
aplicación efectiva.
Una curiosidad del fallo es que también se resolvió la parte
civil de la demanda, en favor de Firme, quien será indemnizada en la suma
de 89.113 pesos por Nora Pérez y en el monto de 226.836 pesos por el
matrimonio Capuano-Lema. El dinero tendrá que hacerse efectivo en el término
de diez días. El pago fue ordenado en razón de que quedó comprobado que
los tres condenados, a cambio del encubrimiento, recibieron dinero
producto del robo con el que adquirieron propiedades y objetos de valor.
Durante el proceso, en sus indagatorias, algunos de los imputados
reconocieron la compra de una casa, de una farmacia y de artículos para
el hogar, entre ellos dos enormes televisores de 29 pulgadas cada uno.
Mario Natiello, el abogado de la familia Capuano, aclaró a este diario:
"No es cierto que los padres de Cristian se hayan comprado una casa
valuada en medio millón de dólares; en realidad sólo vale
185.000".
Sobre el fallo, Natiello resaltó "el muy buen trabajo que
hizo el tribunal nueve, con quien nos sentimos respetados en todo
momento". A pesar de que sus representados quedaron en libertad, el
letrado anticipó que seguramente apelará las condenas ante la Cámara de
Casación. Además, anticipó a este diario que "en poco tiempo más"
presentarán "una denuncia por robo contra las autoridades
policiales".
En ese sentido aseguró que "durante los allanamientos en su
casa, mis defendidos sufrieron un verdadero saqueo del que hacemos
responsables a los policías que participaron". Todos los operativos
realizados, cerca de 15, estuvieron a cargo de la División Robos y Hurtos
de la Policía Federal, al mando entonces de los comisarios Carlos Pérez
Roldán y Eduardo Curletto.
La lectura de la sentencia, prevista para las 17, se postergó por
más de dos horas y los dos únicos detenidos hasta ayer, Cristian Capuano
y Ramón Blanco, ingresaron esposados en medio de decenas de fotógrafos y
camarógrafos.
Los dos ocultaron sus rostros mientras se sentaban en un enorme
banco, frente al tribunal, agachados, casi en posición fetal. También al
salir ocultaron sus rostros, pero Capuano luego tuvo su minuto de locura y
festejo. Antes, dentro del recinto, los familiares y los acusados que
estaban en libertad se abrazaron mezclando risas y llantos de alegría.
La única que hizo declaraciones fue Mirta Broglia, ex empleada de
la empresa Firme que había sido acusada como "entregadora". La
mujer aseguró que lo único que hizo fue "hacer mi trabajo,
ensobrando el dinero, pero no tuve ninguna participación en el robo, como
quedó demostrado", aludiendo al fallo absolutorio en su favor.
Recordó, como quedó probado en el juicio, que nunca tuvo "ninguna
relación con los aquí acusados, de manera que me siento reivindicada y
recién ahora puedo volver a levantar la cabeza y dar la cara luego de
tanta injusticia".
Cristian Capuano fue hallado culpable del delito de "robo en
poblado y en banda", pero tanto en su caso como en el de las condenas
por encubrimiento, el tribunal no tuvo en cuenta las penas más severas
que había solicitado el fiscal Diego Nicholson. A Cristian Capuano le
aplicaron cuatro años, más dos por delitos anteriores, mientras que el
fiscal había solicitado seis años sólo por el robo contra Firme,
ocurrido el 20 de diciembre de 1996.
LA
RELACION ENTRE EL JUEZ Y EL TITULAR DE LA EMPRESA Por
Eduardo Tagliaferro
A
las pocas horas de que robaran 18 millones de pesos de la empresa de
caudales que él presidía, Spataro fue convocado a la sede de la comisaría
32 de la Federal. Allí lo esperaba Bruno, quien según declararon los
policías había constituido su despacho en la seccional. En la comisaría
le dijeron que el custodio Carlos Trillo había participado de la entrega.
A pesar de conocerlo de mucho tiempo atrás, Bruno ordenó a los miembros
de la repartición policial que Spataro no se moviera hasta que no hablara
con él. En ocasión del juicio oral, el defensor sostuvo incluso que hubo
una privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Spataro.
"Había muchas versiones en la seccional que sostenían que el
robo era en realidad un autorrobo --dijo Spataro ante el Tribunal Oral--
cuando en realidad eso hubiera llevado a la empresa a la quiebra". En
verdad la sospecha nunca fue descartada totalmente. El hecho de que la
mayor parte del dinero nunca apareciera y de que el magistrado pusiera un
celo inusual no hicieron más que alimentar las dudas no sólo de un
autorrobo, sino también otra posibilidad: una "mejicaneada", es
decir, que un grupo con la información precisa de esa operación haya
actuado de arrebato.
Cuando a Silvia Noemí Quintana le notificaron que Carlos Trillo,
su esposo, había aparecido ahorcado en una celda de la unidad
penitenciaria 16, no dudó en ningún momento: "No se trata de un
suicidio, mi marido fue ahorcado", fueron las primeras palabras que
les dijo a quienes la acompañaban. Esa frase sería la misma que luego
repitió frente al tribunal oral. Trillo, ex cabo de la Federal y
vigilador privado, le había comentado que dos ex policías que estaban
detenidos con él lo estaban apretando; "vos tenés que saber dónde
está el dinero que todavía no apareció" le decían casi todos los
días. Los ex agentes Daniel Gerace y Antonio Diamante estaban tan
preocupados por los 18 millones de pesos que se habían robado días como
el juez instructor de la causa, Pablo Bruno. La preocupación por hallar
el dinero también incluía a la Policía Federal y así lo señaló
durante el anterior juicio oral el Fiscal General, cuando dijo que
"media Policía Federal Argentina se movilizó junto a dos jueces y
secretarios" cuando apareció parte del dinero robado en la vivienda
del Pai Umbanda Ides Betancur.
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