Por Irina Hauser
 Después
de pasar dos años tras las rejas, Omar Fassi Lavalle quedará hoy en
libertad gracias a una resolución de un Tribunal Oral en lo Penal
Económico Nº 2. Para poder salir de la celda de Gendarmería, el ex
secretario de Turismo, acusado de encabezar una asociación ilícita y de
haber evadido por lo menos 12 millones de pesos, quiere entregar como
caución los títulos de propiedad de uno de los dos suntuosos
departamentos que adquirió con su esposa Elizabeth �Liz� Mazzini en
la Torre Le Parc y que supo exhibir con la misma impertinencia con que
eludió sus obligaciones fiscales. Mientras tanto, la pareja espera
impaciente que comience el juicio oral en su contra.
Si el tribunal oral �que le impuso una caución de 100.000 pesos�
acepta el ofrecimiento, Fassi Lavalle �estaría saliendo mañana (por
hoy) al mediodía�, explicó su abogado, Pedro Bohmer. Los departamentos
que el ex funcionario tiene en el piso 23º de la torre más alta del
menemismo, y donde retornará a vivir apenas deje la cárcel, están
camino a ser rematados con un precio base de un millón de pesos cada uno.
�Se podría trabar el embargo sobre la proporción correspondiente y
después reemplazarla por algo de menor valor�, justificó el
patrocinante.
Los magistrados Luis Gustavo Losada y César Osiris Lemos consideraron que
dos años de prisión preventiva sin condena era un tiempo razonable para
conceder la excarcelación de acuerdo con el Pacto de San José de Costa
Rica y la legislación nacional. El juez Claudio Gutiérrez de la Cárcova
firmó la resolución en disidencia al contemplar la gravedad de los
delitos que se le achacan a �El Gato� Fassi Lavalle y porque la orden
de prisión estaba firme.
El hombre que había pasado de atender un puesto de choripán en la
Estación Monte Chingolo a poseer, entre otras cosas, el restaurante
danzante Ski Ranch de la Costanera y el del Cerro Catedral, terminó
detenido por orden del juez Julio Cruciani, quien lo indagó durante 11
horas. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le había
atribuido, junto con su mujer, una evasión fiscal de 6 millones de pesos,
aunque estimó que las obligaciones tributarias reales impagas serían de
12 millones. Omar no se salvó de ir a prisión porque también se lo
acusó de ser el jefe de una asociación ilícita conformada para
defraudar al Estado, un delito que no es excarcelable. A Liz, en cambio,
al margen de haber burlado al fisco sólo se le imputó integrar la banda.
De acuerdo con las investigaciones fiscales y judiciales, no todas las
manifestaciones de riqueza que la otrora feliz pareja concedió para que
fotografiaran las revistas cholulas aparecían debidamente reflejadas en
las declaraciones de Bienes Personales y de Ganancias, rubros en los que
según la AFIP adeudaban cerca de 3 millones de pesos. Tampoco fueron
correctas sus presentaciones del IVA: faltaba 1,5 millón. Y una cifra
similar había sido eludida en concepto de aportes patronales.
Los Fassi Lavalle buscaron todas las alternativas posibles para entorpecer
el proceso judicial. Esquivaron citaciones judiciales, cuestionaron a
Cruciani y acusaron al ente recaudador. Antes de la indagatoria en marzo
del �98 pagaron al fisco 90.700 pesos con la intención de mejorar su
situación procesal. Pese a que en instancias previas tanto el juez
Cruciani como la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico habían
rechazado la excarcelación, el ex titular de Turismo ahora puede volver a
su casa.
En noviembre del año pasado, el expediente, en el que también está
imputado Oscar Marocco (socio en Ski Ranch), fue elevado a juicio oral.
Aunque estaba previsto que las audiencias empezaran este mes, todavía no
se resolvió cuál: si el tribunal competente es el número dos o el
número tres. Los integrantes de este último se habían declarado
incompetentes.
REUNION DE DIPUTADOS CON DOS
JUECES POR EL PAMI
Cerrando filas con Massoni
�Es indignante
que vengan a cuestionar a la Oficina Anticorrupción (OA) que está
haciendo las cosas bien�, se quejó el diputado Jorge Giles en relación
con el pedido de inconstitucionalidad contra ese organismo que formuló
días atrás el fiscal Eduardo Freiler. El funcionario judicial había
realizado su presentación en una de las causas en que la OA se presentó
como querellante contra el ex titular del PAMI Víctor Alderete. En
sintonía con Giles, su compañera de bancada María América González
denunció que �hay una presión política para desbaratar a la OA porque
empieza a molestar�. Ambos legisladores expusieron su posición ante
Página/12 luego del encuentro que mantuvieron con dos jueces federales
que sustancian causas contra el ex funcionario ultramenemista.
Según la legisladora aliancista, la postura de Freiler es insostenible.
�La ley que creó la OA es muy clara, y no establece que cumpla la labor
de fiscal, pero ocurre que molesta. Y habría que preguntarse cuántos
procesamientos pidieron los fiscales nacionales en los últimos cinco
años. En estos meses (José) Massoni (jefe de la OA) avanzó mucho más
que ellos�, agregó.
Giles y González, junto a Nilda Garré, visitaron ayer a los jueces
federales Gabriel Cavallo y Carlos Liporaci para concretar un seguimiento
de las causas relacionadas con el PAMI. En diciembre, Cavallo había
secuestrado en un departamento de Morón 96 cajas con documentación de la
obra social de los jubilados. Estos legisladores habían denunciado que
Alderete se había llevado ese material pocos días antes de abandonar el
poder. Ayer tomaron conocimiento de que el juez de Morón se declaró
incompetente y la causa en la que Alderete está imputado de ocultamiento
de documentación pública a raíz de ese hecho recayó en el juzgado de
Liporaci. Cuando estalló el escándalo, el ex presidente del PAMI había
explicado que el contenido de las cajas eran �objetos personales�. De
hecho, apareció un libro con fotos de Isabel Sarli que la actriz le
había dedicado. Pero Liporaci ya tendría probado que la mayoría de los
documentos son oficiales, tal como había señalado Cavallo cuando hizo el
inventario. �Tengo voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias
con este asunto�, enfatizó el magistrado ante los diputados.
Por otra parte, Giles, González y Garré les manifestaron su
preocupación por el presunto espionaje del que habrían sido víctimas a
Bernardo Neustadt, Elisa Carrió, Aníbal Ibarra, el abogado
previsionalista Sergio Bobrovsky (marido de González) y otros 70
funcionarios, sindicalistas y representantes religiosos. En una de las 96
cajas los investigadores del juzgado de Cavallo, de la intervención del
PAMI y de la Oficina Anticorrupción habían descubierto carpetas que
contenían, por ejemplo, el expediente bancario de una hipoteca de Ibarra,
detalles familiares de Carrió y liquidaciones de sentencias de Bobrovsky.
�Todos los involucrados le solicitaron al juez tener acceso a esos
papeles, y nosotros suponemos que Alderete tenía información sobre una
causa en la que fuimos acusados de integrar una asociación ilícita
referida a juicios previsionales y finalmente nos sobreseyeron�, se
indignó González.
Una causa contra
María Julia
El fiscal federal
Miguel Angel Osorio devolvió al juez Rodolfo Canicoba Corral la denuncia
contra la ex funcionaria María Julia Alsogaray, por presuntas
irregularidades en las refacciones a un edificio por un monto de tres
millones de pesos. Fue presentada por la Oficina Anticorrupción (OA) el
viernes pasado, pero el caso había sido revelado por Página/12. Antes de
hacer el requerimiento fiscal, Osorio consideró que faltaba la
ratificación de la denuncia por parte del Director de Investigaciones de
la OA, Manuel Garrido, quien deberá adjuntar la documentación que
acredita la presentación. Una fuente de la fiscalía señaló a este
diario que el representante del ministerio público tomó esta
determinación porque no puede dar impulso a la causa sin tener todos los
elementos a la vista. La oficina que preside José Massoni imputó a
Alsogaray los presuntos delitos de malversación de caudales públicos e
incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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