Por Martín Granovsky
 �Ustedes, que tienen que tomar la decisión de ascender a los tenientes coroneles acusados de participar en violaciones a los derechos humanos, ¿se imaginan a alguno de ellos como comandante de cuerpo o en la jefatura de Estado Mayor?� Esa fue la pregunta que escucharon ayer los senadores de la Comisión de Acuerdos durante una reunión de casi dos horas con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y aún no la contestaron.
La APDH pidió a los senadores que no aprueben los pliegos de ascenso de una serie de oficiales cuestionados, entre ellos Aldo Martínez Segón, Rodolfo Mujica, Eduardo Cardozo, Alejandro Duret y Rafael Braga.
�¿Cómo vamos a ascender a Braga si un diputado, Normando Alvarez García, se acuerda de cuando Braga entró a su casa al frente de un grupo para llevarse al hermano? �coincidió en un tramo de la charla Leopoldo Moreau, de la Alianza.
Fue uno de los participantes de una reunión multitudinaria en el Salón Gris. Estuvieron los peronistas Horacio Zalazar, Augusto Alasino, Beatriz Raijer, Antonio Cafiero, Omar Vaquir y Ricardo Branda, los radicales Raúl Galván y Jorge Agúndez y el renovador salteño Roberto Ulloa. Por la APDH fueron Alfredo Bravo, José Miguez Bonino, Adolfo Gass, Simón Lázara, Sergio Di Gioia y Horacio Ravena.
Gass presentó los antecedentes de cada teniente coronel, Bravo explicó que la Asamblea �no busca venganza y se mueve con solidez� y Miguez Bonino señaló que �no se puede volver a la época en que yo tenía seis años y se produjo el primer golpe militar del siglo�.
Después, Lázara hizo una larga exposición:
 Criticó la opinión del jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, sobre que los cuestionamientos se basaron en denuncias anónimas no refrendadas. También objetó al ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, que alegó la inexistencia de razones objetivas para frenar los ascensos.
Recordó que �los pliegos, una vez más, no llegaron con la información completa, porque figuraba solo una denuncia en la Conadep y ni una palabra sobre expedientes penales que fueron clausurados por la ley de Obediencia Debida, como en estos casos�.
Puso el ejemplo del general de división Rodolfo Cabanillas, cuyo pliego de ascenso nunca incluyó el paso del ex subjefe del campo de concentración de Automotores Orletti por la Secretaría de Inteligencia del Estado.
En el caso de Cardozo, dijo Lázara que �estuvo imputado en tres secuestros realizados en Mendoza, y también estuvieron imputados su jefe Juan Bautista Meinvielle, y Pedro Antonio Dante Sánchez Camargo, comisario de Mendoza, o sea que Cardozo no participó de un episodio aislado sino un sistema de represión�.
�Martínez Segón figura en la causa de la masacre de Margarita Belén, y sobre Duret había un expediente penal a causa de la desaparición del soldado Alfredo Tomás Molina en Azul�.
�Es perverso que se nos obligue a nosotros a demostrar la culpabilidad de un impugnado luego de que la Justicia no pudo actuar por la ley de Obediencia Debida�.
Ravena, que es el secretario internacional de la APDH, subrayó una resolución de la Comisión del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas: aun en casos de impunidad penal, los oficiales involucrados en temas de derechos humanos deben ser dados de baja de las fuerzas armadas.
Vaquir aprovechó para recomendar otra manera de informar sobre los antecedentes de los oficiales.
�No se puede decidir solo por sospecha �dijo Alasino�. Y además, la decisión del bloque justicialista es respetar el diseño del mando militar por parte del Gobierno.
�He sido colega de ustedes �terció Gass�. El legislativo es el que toma estas decisiones sobre pliegos.
Moreau coincidió. Contó que en el �87 había votado a favor de la Obediencia Debida pero que ahora la situación es distinta y nada impide al Senado cumplir con su papel de aprobar o no los ascensos.
UN TRIBUNAL SE DECLARO INCOMPETENTE PARA ASUMIRLA
La AMIA es una causa leprosa
Por Raúl Kollmann
La causa AMIA espanta. En el edificio de Comodoro Py ningún tribunal quiere ver el expediente ni de cerca y, tal como se anticipaba, el Tribunal Federal número 4 �integrado por Leopoldo Bruglia y María Cristina San Martino� se declaró ayer incompetente.
La causa fue asignada a ese tribunal porque antes ya entendía en otros dos casos relacionados con AMIA: el juicio oral a los carapintadas que robaban armas y explosivos de Campo de Mayo y aparecieron vinculados al atentado, y la causa del famoso video en el que el juez Juan José Galeano aparece negociando con el principal imputado en el atentado, Carlos Telleldín.
Como el Tribunal 4 dice que no hay razón para que también se hagan cargo del expediente AMIA, la cuestión ahora será dirimida por la Cámara Nacional de Casación Penal, que resolverá si corresponde que el Tribunal 4 sea el que efectivamente entienda en la causa o si debe hacerse un sorteo entre todos los tribunales orales.
Más allá de estas idas y vueltas, lo cierto es que prácticamente ninguno de los magistrados de todo el edificio de Comodoro Py quiere la causa. Significa meterse en un expediente que tiene 60.000 fojas y que, además, tiene un peso público y político evidente. Implica también estar al frente de audiencias que durarán meses y seguramente habrá que adoptar muchísimas medidas de prueba previas. Un enorme volumen de trabajo.
El lunes pasado la causa no fue sorteada. La sala de sorteos se la envió directamente al Tribunal Oral 4 por las dos causas anteriores:
El caso conocido como Armas fue investigado por el juez Galeano a partir de que apareció en escena una banda de carapintadas, o sea hombres de Aldo Rico, que robaban armas y explosivos de Campo de Mayo y las vendían a bandas de ladrones de bancos y camiones de caudales. Dos de los hombres, especialmente el experto en explosivos Jorge Pacífico, aparecieron en las inmediaciones del edificio de Pasteur 633 en el momento de la explosión.
La otra causa que tiene el tribunal se relaciona con el video en el que aparecen negociando Galeano y Telleldín. La filmación se hizo por orden del propio magistrado. Telleldín se comprometía a declarar en la causa a través de un libro y el magistrado haría que se le pagaran aproximadamente 400.000 pesos. Una copia de ese video fue sustraída del juzgado o de la SIDE y llegó a las manos del ex comisario Juan José Ribelli, quien �apretó� al juez. El ex oficial de la Bonaerense está acusado de amenazas.
La sala de sorteos consideró que las dos causas son conexas con la AMIA y por lo tanto asignó el atentado al Tribunal 4. Los jueces contestaron ayer que no hay conexidad alguna. Ahora, la última palabra la tendrá la Cámara de Casación.
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