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 El
gobierno argentino se consideró �respetuoso� de la decisión
británica de liberar a Augusto Pinochet y solo de una manera muy
genérica expresó �la esperanza de que sus consecuencias resulten un
factor constructivo para el fortalecimiento del estado de derecho, de las
instituciones democráticas y de los derechos humanos en Chile�.El comunicado, emitido ayer por la Cancillería, no aclaró si esa esperanza incluye el deseo de que Augusto Pinochet sea juzgado en Chile o es una formulación que podría ser interpretada de otro modo. El Ministerio de Relaciones Exteriores dejó así en claro que su estilo de definición pública buscará una deliberada vaguedad ,que necesite siempre una interpretación especial. Así sucedió con el primer comunicado sobre el ascenso al poder de Joerg Haider en Austria. La información de que la Argentina seguía atentamente (¿atender es criticar?) la situación austríaca, solo después de varios días fue reemplazada por una definición clara, cuando otro texto afirmó que el Gobierno no duda en repudiar la discriminación y la xenofobia. El comunicado de ayer �reafirma su voluntad de contribuir al desarrollo de normas nacionales e internacionales sobre la responsabilidad penal por delitos contra la humanidad�. El concepto se liga con otro, puesto al final: �El establecimiento del Tribunal Penal Internacional, creado por la Convención de Roma de 1998, constituirá un progreso fundamental hacia el afianzamiento universal de los derechos humanos y la justicia�. El Tribunal todavía no funciona porque el acuerdo de creación no cuenta con las ratificaciones necesarias. Cuando actúe, no servirá para juzgar hacia atrás, por ejemplo, a Pinochet. El Gobierno quiso dejar señalado, también, �su rechazo a la aplicación extraterritorial de leyes nacionales que vulneren el derecho internacional vigente�. Es otra formulación confusa:  En lectura
fina, solo se está oponiendo a la aplicación incorrecta de leyes
nacionales como leyes que superan el marco de los Estados. Es decir, no se
opondría a la utilización de la Convención contra la Tortura por parte
de los lores británicos cuando calificaron de extraditable a Pinochet. Pero a simple
vista, que es lo que suele importar en política más que cualquier finta
de discurso, la frase suena como una crítica a la extraterritorialidad, y
entonces parece marcar un tono de oposición a las justicias británica y
española.Graciela Fernández Meijide festejó las declaraciones de Ricardo Lagos, el presidente electo que asumirá el 11 de marzo en reemplazo de Eduardo Frei. La ministra de Desarrollo Social aseguró: �Me gustaría que Pinochet fuera juzgado en Chile. No tanto por lo que le pudieran hacer a él, porque a esta altura con sus enfermedades y su decadencia ya ni siquiera es el mismo de entonces, sino por la gente�. Marcelo Stubrin, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, dijo que �hay que esperar que en Chile puedan desarrollarse las investigaciones necesarias. La situación creada alrededor del caso Pinochet muestra a las claras la necesidad de constituir cuanto antes un Tribunal Penal Internacional�. �Si bien Pinochet ha sido liberado por razones humanitarias, la decisión de habilitar un enjuiciamiento en Chile es correcta�, señaló Eduardo Menem, titular de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado. El gobernadorCarlos Ruckauf tampoco criticó la decisión británica (�es una decisión soberana de los ingleses�, dijo), pero reclamó �una política internacional que cree tribunales supra jurisdiccionales para casos en los que se violen los derechos humanos o delitos trasnacionales como el narcotráfico�. Humberto Roggero, jefe del bloque de diputados del PJ, sostuvo que �la liberación de Pinochet implica una reafirmación del principio de territorialidad. Espero que se lleve al dictador asesino ante la Justicia chilena para que pague los crímenes�.
LA POSICION DE LOS
ORGANISMOS DE DD.HH.
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