El gobierno argentino se comprometió a diseñar una solución para los presos de La Tablada y presentarla a la Organización de los Estados Americanos en un plazo que puede ir de los tres a los siete meses, pero en ningún caso incluirá al jefe del MTP Enrique Gorriarán Merlo. Esa fue la conclusión de la audiencia de ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington.
�Queremos actuar de manera responsable�, dijo el número dos de la embajada argentina en la OEA, Juan José Arcuri, para justificar el plazo. �Lo vamos a hacer por respeto a la Comisión, con la que el Gobierno desea mantener una buena relación; por respeto a los derechos humanos y por la entidad del tema�, dijo.
El 23 de enero de 1989 los sentenciados coparon violentamente el Regimiento III de Infantería de La Tablada con la idea, según explicaron luego, de que la población creyera estar delante de un nuevo levantamiento carapintada y ocupara las calles. El Ejército, al mando de Francisco Gassino, recuperó el cuartel usando fuerza desproporcionada para el poder de fuego de los copadores. Tras cotejar la causa y denuncias posteriores, en 1997 la CIDH consideró probado que �nueve de los atacantes que sobrevivieron fueron capturados por los militares que recuperaron el cuartel�, que �todos los sobrevivientes fueron torturados por agentes del Estado argentino� y que �hubo deficiencias notorias en la investigación de los hechos�.
Además, criticó al Estado argentino porque no permitió apelar la sentencia a los 20 condenados.
La CIDH reclamó a la Argentina que aplique el Pacto de San José de Costa Rica, según el cual es obligatorio conceder la apelación, pero el gobierno de Carlos Menem dilató la respuesta.
Un alto funcionario de la Cancillería que pidió reserva de su nombre dijo que �si no se aplica una lógica de confrontación que puede dañar una solución razonable en el futuro, si no se prejuzga sobre la voluntad del Gobierno, el tema se va a solucionar�.
�¿Cuando usted dice �confrontación� habla de pedir la liberación de Gorriarán Merlo? �preguntó este diario.
El funcionario asintió.
También explicó que ayer el Gobierno no tenía a mano ningún instrumento legal para prometer una solución segura.
�Los dos proyectos de ley presentados, uno por (el diputado del Frepaso) Ramón Torres Molina y otro por Raúl Granillo Ocampo, estuvieron dos años sin ser tratados, y entonces caducaron para el trámite parlamentario.
Torres Molina proponía abrir el recurso de casación para los condenados. Entonces, como no habría una sentencia firme, deberían ser puestos en libertad aplicando el beneficio de considerar doble cada año pasado en prisión.

EL ENJUICIAMIENTO A VICTOR BRUSA
�Desgraciado accidente�

Por V. G.

Las Madres de Plaza de Mayo se hicieron presentes con sus pañuelos blancos en la sala de audiencias en la que se juzgó a las juntas militares. Fue ayer, al empezar el Jurado de Enjuiciamiento contra el suspendido juez federal de Santa Fe, Víctor Hermes Brusa, quien podría convertirse en el primer magistrado destituido a través de este procedimiento. Brusa fue señalado por siete ex detenidos desaparecidos como partícipe de las torturas que recibieron cuando estaban secuestrados. Sin embargo, el cargo del juez está en peligro por otro hecho. Hace más de dos años un hombre canoso atropelló con una lancha a un nadador y huyó sin atenderlo. Varios testigos reconocieron en Brusa al conductor.
�Estoy aquí por un desgraciado accidente ocurrido en Santa Fe�, empezó su descargo Brusa después de que se leyera la acusación elevada por la Comisión de Acusación del Consejo y el escrito presentado por la defensa del magistrado, conducida por su hermano, Horacio Brusa. El juez santafesino negó haber sido el conductor de la lancha que el 8 de noviembre de 1997 atropelló a Miguel Pedernera, quien fue rescatado con una fractura de cráneo. También rechazó las acusaciones que lo señalan como cómplice de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar, tal como consta en el Nunca Más. �Mi defensa va a demostrar la infamia que ahí se dice�, afirmó. Brusa está procesado por el juez español Baltasar Garzón en el juicio por genocidio, torturas y terrorismo.
En octubre del �99, cuando la Comisión de Acusación del Consejo presentó el dictamen sobre Brusa, estimó que no era posible pedir su destitución directamente por su complicidad en las desapariciones de personas porque este hecho ya había sido tenido en cuenta por el Senado cuando lo nombró juez en 1992. Pero la participación del magistrado en interrogatorios ilegales se consideraron definitorias �de un perfil cuestionable que, sumado a su presunta mala conducta, determinarían para el juez un desprestigio tal que le impediría continuar en la administración pública�.
Para probar la novedosa tesis de desprestigio está previsto que se presenten hasta el 17 de marzo más de 130 testigos para hablar a favor y en contra de la imagen de Brusa. De cualquier manera, miembros del Consejo de la Magistratura consideraron que la tesis del desprestigio es demasiado osada para prosperar, porque algunos jueces consideran que se les podría volver en contra fácilmente. De esta manera, el accidente en la laguna es el hecho que más compromete al acusado.

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