LOS
JUECES QUE DEBEN VOTAR EL DESAFUERO (O NO) DEL SENADOR
Aquí están, éstos son, los de la decisión
El País
de Madrid
Por
Francesc Relea
Desde
Santiago
"Chile
es el mejor país para juzgar a Pinochet", aseguró el gobierno
de Chile desde el arresto del ex dictador. Pero, para juzgarlo, hay
que desaforarlo como senador vitalicio, lo que depende en primera
instancia de la Cámara de Apelaciones. La relación de fuerzas allí,
que se detalla a continuación, es progresista, pero eso no asegura en
modo alguno el resultado.
Votarían
a favor del desafuero de Pinochet:
*
Jorge Dahm Oyarzun,
de 43 años, de la Sala Primera. Nombrado hace dos años. Antes trabajó
como relator del Supremo. Tiene una imagen de juez honesto, poco
permeable a las presiones, estudioso y con gran experiencia. Ha
instruido varias causas de violaciones de derechos humanos.
*
Milton Juica Arancibia,
de 57 años, de la Sala Segunda. Instruyó el caso degollados, en el
que fueron condenados 15 carabineros a penas de hasta 25 años de
prisión. Intentó procesar al ex director de Carabineros, ex miembro
de la Junta Militar y hoy senador, general Roberto Stange. La derecha
pinochetista no le perdonó tamaña osadía y vetó en el Senado su
designación como magistrado de la Corte Suprema.
*
Alejandro Solís Muñiz,
de 63 años, de la Sala Tercera, era considerado un juez opositor
durante el régimen militar. Ha sido miembro de salas de la Corte que
han rechazado la libertad de militares imputados por violaciones de
los derechos humanos.
*
Rubén Ballesteros,
presidente de la Sala Cuarta. Ha instruido casos destacados de delitos
comunes. Es un magistrado bastante nuevo en la Corte de Apelaciones,
sin antecedentes pinochetistas.
*
Gloria Olivares Godoy,
de 63 años, de la Sala Cuarta, instruyó a principios de los noventa
la causa por la desaparición de los hermanos Chanfreau, militantes
del MIR, hasta que la Justicia Militar le arrebató la causa y dictó
el sobreseimiento.
*
Lamberto Cisternas Roca,
de 55 años, de la Sala Cuarta. Juez instructor de la causa por la
fuga de varios miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez,
acusados del asesinato del senador Jaime Guzmán. Tuvo una actuación
correcta, según las organizaciones de derechos humanos. Actuó como
relator del Supremo, en el juicio del caso Letelier.
*
Haroldo Brito Cruz,
de 52 años, de la Sala Quinta. Progresista. En el año 1985 enfurecía
a los jefes de la Central Nacional de Investigaciones (CNI) por su
voluntad implacable de investigar los centros de detención secretos
en Valparaíso.
*
Sergio Muñoz Gajardo,
de 43 años, de la Sala Quinta. Instructor del caso del asesinato del
dirigente sindical Tucapel Jiménez en 1982 por la policía
pinochetista. En cuestión de meses logró avances que su antecesor en
la causa, Sergio Valenzuela, no había conseguido en 17 años. Envió
un exhorto a Londres para interrogar a Pinochet.
*
Carlos Cerda Fernández,
de 57 años, presidente de la Sala Sexta. Las organizaciones de
derechos humanos lo consideran el juez más intachable y ejemplar. En
1986 procesó a 40 integrantes del Comando Conjunto (grupo represivo
de la Fuerza Aérea) por la desaparición de 13 dirigentes comunistas
en 1976. Fue sancionado por sus superiores por negarse a aplicar la
amnistía y estuvo a punto de ser expulsado de la carrera judicial.
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Hugo Dolmestch Urra,
de 56 años, de la Sala Séptima, primer juez nombrado en el caso de
la Operación Albania, en la que murieron 12 jóvenes del Frente Patriótico,
en junio de 1987, en operativos de la CNI. En un año, el juez
Dolmestch logró que el caso quedara tipificado como un homicidio y no
como enfrentamiento.
*
Sonia Araneda Briones,
de 63 años, está considerada una magistrada muy honesta.
*
Violeta Guzmán Farren,
de 69 años, presidenta de la Sala Octava, está delicada de salud. Ha
votado contra la libertad de militares.
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María Antonia Morales Villagran,
de 69 años, de la Sala Séptima. Muy honesta, independiente. Va a
votar a conciencia.
*
Juan Araya Elizalde,
de 61 años, de la Sala Octava. Buen juez.
Votarían no al desafuero:
* Raquel Camposano Echegaray,
74 años, presidenta de la Sala Primera, es una de las jueces más
veteranas de la Corte, cerca de la jubilación. Instruyó un proceso a
autoridades de la Concertación y del servicio de inteligencia del
gobierno de Patricio Aylwin por el asesinato del senador Jaime Guzmán,
cerebro de los enclaves autoritarios legados por la dictadura.
*
Raimundo Díaz Gamboa,
de 69 años, presidente de Sala Quinta, amigo del antiguo presidente
de la Corte Suprema Servando Jordán, cuya denuncia dio pie al
secuestro del Libro Negro de la justicia chilena y a la orden de
detención contra su autora, Alejandra Matus, actualmente asilada en
Estados Unidos. El juez Díaz ha votado a favor del proceso a varios
periodistas.
*
Domingo Kokisch Mourgues,
de 58 años, de la Sala Sexta, conservador. Ha votado a favor del
decreto-ley de amnistía que ampara a los responsables de violaciones
de derechos humanos.
*
Alfredo Pfeiffer Richter,
de 56 años, presidente de la Sala Séptima, está considerado como
uno de los más ultraconservadores.
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Sergio Valenzuela Patiño,
de 71 años, llevó durante muchos años el caso Tucapel Jiménez y no
hizo nada. Ordenó el ingreso en prisión del abogado querellante por
unas declaraciones. Tiene un hijo que fue miembro de la CNI.
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Gabriela Pérez Paredes,
de 62 años, de la Sala Tercera. En la línea pinochetista, muy
conservadora.
Es imprescindible el voto de:
* Adalis Oyarzun Miranda,
de 63 años, presidente de la Corte de Apelaciones. Es una incógnita,
según coinciden varios letrados consultados.
*
El sucesor
de Rafael Huerta Bustos, que acaba de jubilarse. Existen dudas de que
dé tiempo para nombrarlo y de que tome posesión.
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Cornelio Villarroel Ramírez,
de 63 años, de la Sala Sexta. Su última actuación relevante fue la
semana pasada en un fallo sobre la Operación Albania, en el que votó
a favor de confirmar el procesamiento de varios militares decretado
por el juez Juica. Es impredecible. No se lo puede encasillar.
Estudioso y muy trabajador. Tiene fallos en los dos sentidos.
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Juan González Zúñiga,
de 68 años, presidente de la Sala Tercera. Ha sido integrante como
juez civil de algunas cortes marciales en las que normalmente votó a
favor de las víctimas.
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