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Los gatos encerrados del gobierno y la Justicia

 

El gobierno chileno dice que apoyará un juicio a Pinochet. Pero una Ley de Amnistía, otra para conservar sus fueros y más motivos de salud aparecen para continuar con la impunidad.

 

El juez Juan Guzmán Tapia, el "Garzón chileno".

 


Por Pablo Rodríguez
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16 de enero de 2000. Ricardo Lagos había ganado las elecciones presidenciales con apenas un tres por ciento de ventaja frente al pinochetista Joaquín Lavín. Apenas comenzó a dar el discurso de la victoria, las 60.000 personas que festejaban en la céntrica Plaza de la Constitución lo pusieron en un brete. "Juicio a Pinochet", gritaron muy desaforados. Lagos respondió: "Los juicios los hacen los tribunales. Nosotros apoyaremos a los tribunales". Unos días después, la Cámara de Diputados aprobaba una ley por la cual los senadores vitalicios --Pinochet lo es-- pueden renunciar a su banca a cambio de conservar el fuero y la dieta. Algo que no habla demasiado bien del apoyo del poder político al Judicial. Y los meandros para que las casi 60 querellas criminales contra Pinochet se transformen en un proceso judicial hecho y derecho son demasiados como para decir que el ex dictador será juzgado en Chile.

  El primer gato encerrado de esta historia es el que el actual gobierno chileno sostuvo desde hace más de un año. Si hay que juzgar a Pinochet, dijeron los funcionarios una y otra vez, qué mejor que los tribunales de su propio país. Pero al gobierno no se le ocurrió que él mismo podía pedir la extradición del ex dictador, que es lo que corresponde si hay voluntad de procesarlo. Sin embargo, el actual gobierno hizo en otro sentido varios avances dentro del sistema judicial chileno. En primer lugar, creó la figura de "ministro de fuero especial", que es ahora Juan Guzmán Tapia --quien tramita la mayoría de las querellas contra Pinochet--, para crear una vía más rápida y segura para los procesamientos. En segundo lugar, trató de remover a la cúpula pinochetista de la Corte Suprema.

  La relación entre el gobierno y la Justicia es, entonces, paradójica, pero parece una división del trabajo. Con la reforma judicial, se avanzó en el proceso de muchos ex jerarcas del régimen de Pinochet, incluso en hechos que entrarían dentro de la Ley de Amnistía, que sirve para los crímenes de 1973 a 1978. La tramitación de estos procesos pretendió ser un hecho fundamental para probar ante los demás países que se puede juzgar al ex dictador en su casa. Pero con la ley de "impunidad" que ya tiene media sanción, se pretende complicar el juicio a Pinochet. O sea: se juzga a la tropa, pero no a su líder.

  Ambas líneas convergen en un punto. Gracias a la reforma judicial, el juez Guzmán tiene la posibilidad de quitarle los fueros a Pinochet. El desafuero tiene que pasar primero por la Corte de Apelaciones, que si lo aprueba lo envía a la Corte Suprema. Ahí está el primer punto. No se sabe si ambas instituciones se "animarán" a sacarle los fueros a Pinochet a pesar de las reformas realizadas. Si la Corte de Apelaciones rechaza el desafuero, se acabó el problema para el ex dictador.

  Pero también está la cuestión de la salud de Pinochet. En Chile no existe, como en Gran Bretaña, la posibilidad de eximir a alguien de un juicio "por motivos humanitarios". Pero sí por algún tipo de demencia. En ese caso, el trámite sería la realización de un examen médico en donde Pinochet debería demostrar que padece una aguda demencia senil. Y, si logra convencer a los médicos, a Pinochet le habrá servido la misma coartada en Londres y en Santiago. Y para el futuro gobierno de Lagos, y para los funcionarios del actual, habrán comenzado los problemas. Aunque dirán, igual que Jack Straw en Londres, que el asunto fue la salud. No la Justicia.

 

LOS JUECES QUE DEBEN VOTAR EL DESAFUERO (O NO) DEL SENADOR
Aquí están, éstos son, los de la decisión

El País 
de Madrid

 Por Francesc Relea
 Desde Santiago

"Chile es el mejor país para juzgar a Pinochet", aseguró el gobierno de Chile desde el arresto del ex dictador. Pero, para juzgarlo, hay que desaforarlo como senador vitalicio, lo que depende en primera instancia de la Cámara de Apelaciones. La relación de fuerzas allí, que se detalla a continuación, es progresista, pero eso no asegura en modo alguno el resultado.

  Votarían a favor del desafuero de Pinochet:

* Jorge Dahm Oyarzun, de 43 años, de la Sala Primera. Nombrado hace dos años. Antes trabajó como relator del Supremo. Tiene una imagen de juez honesto, poco permeable a las presiones, estudioso y con gran experiencia. Ha instruido varias causas de violaciones de derechos humanos.

* Milton Juica Arancibia, de 57 años, de la Sala Segunda. Instruyó el caso degollados, en el que fueron condenados 15 carabineros a penas de hasta 25 años de prisión. Intentó procesar al ex director de Carabineros, ex miembro de la Junta Militar y hoy senador, general Roberto Stange. La derecha pinochetista no le perdonó tamaña osadía y vetó en el Senado su designación como magistrado de la Corte Suprema.

* Alejandro Solís Muñiz, de 63 años, de la Sala Tercera, era considerado un juez opositor durante el régimen militar. Ha sido miembro de salas de la Corte que han rechazado la libertad de militares imputados por violaciones de los derechos humanos.

* Rubén Ballesteros, presidente de la Sala Cuarta. Ha instruido casos destacados de delitos comunes. Es un magistrado bastante nuevo en la Corte de Apelaciones, sin antecedentes pinochetistas.

* Gloria Olivares Godoy, de 63 años, de la Sala Cuarta, instruyó a principios de los noventa la causa por la desaparición de los hermanos Chanfreau, militantes del MIR, hasta que la Justicia Militar le arrebató la causa y dictó el sobreseimiento.

* Lamberto Cisternas Roca, de 55 años, de la Sala Cuarta. Juez instructor de la causa por la fuga de varios miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, acusados del asesinato del senador Jaime Guzmán. Tuvo una actuación correcta, según las organizaciones de derechos humanos. Actuó como relator del Supremo, en el juicio del caso Letelier.

* Haroldo Brito Cruz, de 52 años, de la Sala Quinta. Progresista. En el año 1985 enfurecía a los jefes de la Central Nacional de Investigaciones (CNI) por su voluntad implacable de investigar los centros de detención secretos en Valparaíso.

* Sergio Muñoz Gajardo, de 43 años, de la Sala Quinta. Instructor del caso del asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez en 1982 por la policía pinochetista. En cuestión de meses logró avances que su antecesor en la causa, Sergio Valenzuela, no había conseguido en 17 años. Envió un exhorto a Londres para interrogar a Pinochet.

* Carlos Cerda Fernández, de 57 años, presidente de la Sala Sexta. Las organizaciones de derechos humanos lo consideran el juez más intachable y ejemplar. En 1986 procesó a 40 integrantes del Comando Conjunto (grupo represivo de la Fuerza Aérea) por la desaparición de 13 dirigentes comunistas en 1976. Fue sancionado por sus superiores por negarse a aplicar la amnistía y estuvo a punto de ser expulsado de la carrera judicial.

* Hugo Dolmestch Urra, de 56 años, de la Sala Séptima, primer juez nombrado en el caso de la Operación Albania, en la que murieron 12 jóvenes del Frente Patriótico, en junio de 1987, en operativos de la CNI. En un año, el juez Dolmestch logró que el caso quedara tipificado como un homicidio y no como enfrentamiento.

* Sonia Araneda Briones, de 63 años, está considerada una magistrada muy honesta.

* Violeta Guzmán Farren, de 69 años, presidenta de la Sala Octava, está delicada de salud. Ha votado contra la libertad de militares.

* María Antonia Morales Villagran, de 69 años, de la Sala Séptima. Muy honesta, independiente. Va a votar a conciencia.

* Juan Araya Elizalde, de 61 años, de la Sala Octava. Buen juez.

   Votarían no al desafuero: 

* Raquel Camposano Echegaray, 74 años, presidenta de la Sala Primera, es una de las jueces más veteranas de la Corte, cerca de la jubilación. Instruyó un proceso a autoridades de la Concertación y del servicio de inteligencia del gobierno de Patricio Aylwin por el asesinato del senador Jaime Guzmán, cerebro de los enclaves autoritarios legados por la dictadura.

* Raimundo Díaz Gamboa, de 69 años, presidente de Sala Quinta, amigo del antiguo presidente de la Corte Suprema Servando Jordán, cuya denuncia dio pie al secuestro del Libro Negro de la justicia chilena y a la orden de detención contra su autora, Alejandra Matus, actualmente asilada en Estados Unidos. El juez Díaz ha votado a favor del proceso a varios periodistas.

* Domingo Kokisch Mourgues, de 58 años, de la Sala Sexta, conservador. Ha votado a favor del decreto-ley de amnistía que ampara a los responsables de violaciones de derechos humanos.

* Alfredo Pfeiffer Richter, de 56 años, presidente de la Sala Séptima, está considerado como uno de los más ultraconservadores.

* Sergio Valenzuela Patiño, de 71 años, llevó durante muchos años el caso Tucapel Jiménez y no hizo nada. Ordenó el ingreso en prisión del abogado querellante por unas declaraciones. Tiene un hijo que fue miembro de la CNI.

* Gabriela Pérez Paredes, de 62 años, de la Sala Tercera. En la línea pinochetista, muy conservadora.

   Es imprescindible el voto de:

  * Adalis Oyarzun Miranda, de 63 años, presidente de la Corte de Apelaciones. Es una incógnita, según coinciden varios letrados consultados.

* El sucesor de Rafael Huerta Bustos, que acaba de jubilarse. Existen dudas de que dé tiempo para nombrarlo y de que tome posesión.

* Cornelio Villarroel Ramírez, de 63 años, de la Sala Sexta. Su última actuación relevante fue la semana pasada en un fallo sobre la Operación Albania, en el que votó a favor de confirmar el procesamiento de varios militares decretado por el juez Juica. Es impredecible. No se lo puede encasillar. Estudioso y muy trabajador. Tiene fallos en los dos sentidos.

* Juan González Zúñiga, de 68 años, presidente de la Sala Tercera. Ha sido integrante como juez civil de algunas cortes marciales en las que normalmente votó a favor de las víctimas.

 

 

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