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El mensaje presidencial del 1º de marzo flotó
en el interés colectivo por poco tiempo. La atención de los medios
de difusión, ávidos de novedad antes que de reflexión, fue atrapada
por el retorno de Pinochet a Chile, la libertad provisional del evasor
Fassi Lavalle y el thriller real, con ladrones-rehenes-policías y
tiroteos incluidos, que ocupó más de siete horas del jueves. Culpar
al desbordado sensacionalismo mediático por el desinterés público
tal vez sería más confortable para la opinión oficialista, pero no
sería otra cosa que el reverso de la misma exageración. El Gobierno
deberá tomar en cuenta la impaciencia pública que recibió ese
discurso de Fernando de la Rúa, aunque la considere injusta, porque
en buena parte es de su responsabilidad. Durante los ochenta días
cumplidos, las buenas noticias siguen siendo enunciados, mientras que
las malas son realidad.
La administración de la
Alianza dejó en claro que le interesa el orden contable y la 
transparencia de las cuentas del Estado. También hizo los deberes
para que lo aprueben los tutores de las finanzas internacionales y
logró algunas felicitaciones en ese cuaderno. En cambio, no consiguió
hasta el momento demostrar la misma determinación y energía para
lanzarse a la epopeya del combate contra el desempleo y la pobreza. ¡Maldita
miseria! ¡Maldita impunidad!, si es que tenía ganas de maldecir y de
compartir las indignaciones que son prioritarias en el sentimiento
popular.
Es una lástima que haya abandonado la idea de formar una
Conadep para la corrupción, además de los trámites judiciales para
los acusados particulares. Hubiera creado un foro independiente,
confiable y confidencial donde la gente pudiera desahogar sus
denuncias, también desnudar las prácticas cotidianas que siembran
desaliento y pesimismo y oxigenar el ambiente mientras la Justicia
cumple sus tiempos aletargados. Al contrario de lo que sostenía el
menemismo acerca de la existencia de algunos bolsones de corrupción,
las prácticas del soborno, la extorsión y el tráfico de influencias
han formado sistemas completos que atraviesan toda la sociedad.
Alderete y Alsogaray son ovejas negras, pero más importante aún es
que son dos nudos de una red más amplia.
Si no se hubiera probado que
el robo de bebés nacidos en cautiverio formaba parte del mismo plan
sistemático del terrorismo de Estado, el drama se hubiera reducido a
la depravación individual de unos cuantos represores y el litigio
dependería de meros tecnicismos leguleyos. Pinochet pudo regresar a
Chile, pero el derecho internacional ya no será el mismo nunca más
para los dictadores en receso. Fassi, en cambio, pudo beneficiarse de
las justas garantías del Pacto de San José de Costa Rica, porque se
lo trata como un caso aislado, individual.
La austeridad y honradez de
los administradores son necesarias pero insuficientes para fundar una
nueva moral en el Estado y la sociedad. Una nueva moral implica una
actitud intransigente contra el delito y, al mismo tiempo, una
sensibilidad distinta para los problemas sociales. El Gobierno, por
ejemplo, se empeñó en sancionar ahora la Reforma laboral, aunque sus
defensores acérrimos reconocen que no creará empleo y que será útil
sólo si hay crecimiento. Con la recesión actual, la mano de obra
esclava es la única que tiene oportunidades. El Consejo Empresario
Argentino hizo una encuesta en la que preguntaba a los trabajadores si
estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de mantener el
empleo: el 59 por ciento dijo que sí. Por lo tanto, ¿quién la
necesitaba con tanta urgencia: los desocupados, las pymes o los
emprolijadores del "modelo"?
Para conseguir la Reforma, dividió sus filas legislativas,
rompió lanzas con el sindicalismo combativo y pobló sus salones con
los mismos que el 25 de junio de 1994 firmaron el acuerdo de
flexibilización menemista.
Con la clase media agobiada
por nuevos impuestos y los trabajadores convocados a la resistencia
por los sindicatos que se opusieron al programa menemista, el Gobierno
está forzando a sus bases electorales, a dos meses de su primer test
entre los porteños. Así como la Alianza fue un instrumento para
quebrar el continuismo de Menem, el encuentro Cavallo-Beliz se propone
como una vía para desahogar el fastidio y lanzar un mensaje de
advertencia. Los porteños son por tradición hostiles al peronismo y
con las opciones polarizadas en el arco de centroderecha, el sentido
común parece indicar que la compulsa de mayo no está decidida de
antemano. Hasta el momento, el oficialismo trabajaba con la idea del
efecto de arrastre de la popularidad gubernamental y el
fraccionamiento de sus rivales. ¿Será bastante para ganar?
Aparte de este riesgo
inmediato, el próximo compromiso electoral será en el 2001 para la
renovación completa del Senado nacional. Allí será decisivo el
humor provinciano, al que por el momento sólo se le ofrece un
porvenir de restricciones y cesantías debido al imperativo de bajar
los escandalosos derroches presupuestarios, pero en un contexto de
largas decadencias estructurales y de una década de abandonos,
corruptelas y favoritismos facciosos. De cualquier modo, en la Casa
Rosada parecen confiar en que la subordinación clásica de los
gobiernos provinciales al Tesoro nacional, la búsqueda de
refinanciación, el desgaste de los gobernantes actuales y la tropa
propia en Legislaturas de distritos importantes como Buenos Aires, Córdoba
y Santa Fe, podrían darle capacidad de maniobra para ganar fuerzas
hacia el futuro.
Estas previsiones
especulativas son como dibujos en la mesa de arena: pueden cambiar de
un manotazo. En su reciente mensaje, el Presidente preguntó si
alguien podía creer que él fuera un enemigo de la familia
trabajadora. No es cuestión de preguntas y respuestas. Hasta la
Iglesia Católica tuvo que mandatar a sus miembros con "la opción
por los pobres", porque no bastaba con las Escrituras para
despegarlos de los más afortunados. De la Rúa tendrá que aceptar
que hasta ahora su gobierno no ha sido muy católico en esta materia.
Además del comportamiento hay que modificar las cuentas, con el mismo
empeño que pone en disminuir el déficit. El sector asalariado recibía
el 50 por ciento de la renta nacional en 1952 y ahora araña el 22 por
ciento. Hasta el derecho ha dejado de ser un recurso: de cada cien
juicios laborales que se iniciaban antes del plan de convertibilidad
ahora se tramita la cuarta parte, mientras que casi dos mil militantes
sindicales afrontan juicios por desórdenes, cortes de rutas y puentes
o huelgas ilegalizadas.
Redimir estas disparidades exige más que disposiciones
personales. Un nuevo Estado regulador y arbitral con una redistribución
equitativa de las riquezas forman parte de la agenda de urgencias. No
se puede realizar en cien días, por cierto, pero se pueden establecer
tendencias. Si la mirada recorre el continente, que vivió la década
pasada bajo la hegemonía del menemismo universal del FMI, la
fragilidad de la democracia es cada día más evidente. Las
instituciones de la democracia liberal, caminando sobre campos
minados, estallan bajo el peso de las injusticias y las impunidades.
No se trata, entonces, de la pura compasión por los desheredados sino
de la estricta supervivencia de un sistema político completo. En la
justicia social, como en la seguridad urbana, lo primero es salvar a
los rehenes del infortunio.
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